“La estrategia general desplegada, desde las distintas administraciones, es la de la apropiación privada del espacio público como modelo de ordenación urbana, al servicio de la especulación empresarial y la opaca financiación municipal”.

Antonio Orihuela.

Una de las banderas recurrentes de las administraciones municipales es la mal llamada “recuperación del espacio público”, premisa con la cual –muchas veces– desencadenan acciones opresivas contra vendedores y vendedoras informales o configuran sus mediocres campañas de divulgación para tramitar el permiso de aprovechamiento económico del espacio público; siempre con el tono amenazante del efecto sancionatorio. 

Como al inicio de este mes, cuando la Secretaría de Catastro y Espacio Público hizo un “llamado a los ciudadanos que quieran vender de manera informal sus productos en la celebración del Día de la Madre” para que tramitaran el permiso de aprovechamiento económico antes del 9 de mayo, anunciando también que durante el fin de semana se realizarían operativos: “por lo que es importante sacar el permiso o de lo contrario los vendedores se expondrán a sanciones”, como se evidencia en el boletín de prensa del 07 de mayo. (Anexo 1: boletín de prensa).

Si bien concuerdo parcialmente con el marco normativo nacional en torno al aprovechamiento económico del espacio público –entendiendo los copiosos vacíos para su aplicación en Villavicencio– es necesario tener en cuenta las enormes desigualdades estructurales de la informalidad laboral y las dinámicas que se presentan en el espacio público. El derrotero de las administraciones no debe ser la imposición restrictiva, sino el acompañamiento, la profundización del diálogo y el consenso. Sin embargo, es inane pedirle a una administración como la de Baquero que ahonde el debate en cualquier aspecto, pues su actuar se ha caracterizado por el sesgo, la improvisación y el llamado al “orden”, una de las palabras favoritas del escaso vocabulario del alcalde.

Evidencia de la peligrosa parcialidad con la que observa la administración de Baquero el espacio público es esa forma de abanderar acciones punitivas contra la informalidad, pero en procesos de ocupación de espacio público sin las respectivas licencias; lo que impera es la dilación y la pasividad para tomar medidas efectivas, sobre todo cuando se trata de empresas o entidades aliadas a su administración. Ejemplo de esto es el caso de la Unimeta, en el edificio donde funcionaba la DIAN -al lado de la catedral– y que ahora es otra de sus sedes. En el espacio público conexo a esa infraestructura la universidad instaló un remedo de mobiliario con su habitual estética prosaica de Pinterest.

A la alcaldía de Villavicencio se le solicitó por escrito el 07 de febrero de este año copia de la licencia de ocupación del espacio público que validara la instalación de dicho mobiliario y, de no contar con la misma, la Veeduría Popular de Villavicencio exigió su retiro inmediato. La respuesta de la administración municipal fue el 01 de marzo, en donde casualmente –y es algo que pongo en duda– se expone que dos días antes de la solicitud de la veeduría, es decir, el 05 de febrero; la Dirección de Ordenamiento territorial “le solicitó a la Doctora Leonor Mojica Sánchez en su calidad de Rectora de la Corporación Universitaria del Meta, allegara a esta Dirección copia del acto administrativo a través del cual la Alcaldía de Villavicencio – Secretaría de Planeación Municipal le autoriza dicha ocupación. Así mismo, se le instó para que en el evento de no contar con la correspondiente Resolución de Intervención y Ocupación del Espacio Público realizara el retiro del amoblamiento urbano y tramitara los permisos pertinentes”. (Anexo 2: primer derecho de petición y la respuesta de la administración municipal).

La casualidad no la pongo en duda simplemente por mi habitual desconfianza de las entidades territoriales, sino porque al hacerle seguimiento al caso se pudo evidenciar que el 18 de marzo las bancas ya se habían desinstalado, pero el 21 de ese mismo mes se encontraban de nuevo, como se puede observar en el registro fotográfico. Por lo anterior, el 22 de marzo se ofició nuevamente a la alcaldía de Villavicencio, se le notificó que el mobiliario –pese a que lo desinstalaron por unos días– se hallaba en el lugar; y se reiteró la solicitud de copia de la licencia de ocupación del espacio público, de lo contrario, nuevamente la veeduría exigió su retiro. (Anexo 3: segundo derecho de petición).

El 23 de abril la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación respondió tangencialmente a lo requerido, exponiendo que la Unimeta “presentó ante esta Secretaría solicitud de licencia de intervención y ocupación del espacio público. Así las cosas, le informo, que a la fecha el trámite se encuentra en revisión, por lo tanto, no es posible acceder a su petición de expedir copia del acto administrativo”, eludiendo de esta manera la solicitud de retiro y el soporte de que las bancas habían sido instaladas de nuevo; por lo que se procedió a instaurar una acción de tutela en contra de la alcaldía de Villavicencio el pasado 15 de mayo. (Anexo 4: respuesta tangencial de la alcaldía de Villavicencio).

La tutela fue admitida el 16 de mayo y el Juzgado Décimo Civil Municipal de Villavicencio se lo notificó tanto a la alcaldía como a la Unimeta el 17 de mayo, ese mismo día la administración municipal complementó la respuesta con el soporte radicado por la universidad para tramitar la licencia de ocupación y adjuntó un oficio en el que le solicitaron a la rectora que “en el evento en que el mobiliario haya sido instalado nuevamente, se proceda al retiro hasta tanto no se surta el trámite pertinente y se obtengan los permisos necesarios” (Anexo 5: acción de tutela, admisión y complementación de la respuesta). Las bancas nuevamente fueron desinstaladas, sí, innecesariamente se tuvo que desgastar una vez más el aparato judicial por la incompetencia y desfachatez de la alcaldía de Villavicencio y por la actitud de la Unimeta de creer que puede hacer lo que se le da la gana.

Así mismo, algo recurrente se observa en las fotografías que soportan esta columna; ese cambio de color en la fachada –que se dio hace más de un año– de la nueva sede del reciente embeleco rimbombante de esa universidad: “Unimetatech”. Pero es necesario recordar que según el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico – PEMP –un cuerpo normativo laxo que se expidió con una promoción de participación ciudadana insuficiente– esa edificación, catalogada como Bien de Interés Cultural, cuenta con un nivel de conservación integral, es decir que –como lo estipula el artículo 15 de la Resolución 040 de 2022- se deben conservar las características originales de sus materiales, detalles ornamentales y colores; lo que impediría pasar de la gama de tonos tierra a ese vinotinto, hasta irónico es que esa universidad tenga una facultad de derecho y una de arquitectura. Sin embargo, en esto profundizaré en otra columna, pues ya se le solicitó por escrito a la administración municipal tomar las medidas correctivas para el cumplimiento de dichos parámetros.

Lo expuesto aquí es solo uno de los tantos ejemplos de que el espacio público y la posibilidad de habitarlo es un asunto de clases; el actuar de las administraciones se determina a partir del lugar que se ocupa en el sistema de producción.