Caso 1: ¿Qué le encubren a Juan Guillermo Zuluaga?

A muy poco de conocer el documento final de la pauta oficial en la administración de Felipe Harman 2020 – 2023 que tiene como propósito evidenciar tres aspectos: si hubo lesión a la pluralidad informativa, si se configura autocensura y, por último, si hubo un contubernio entre periodistas, medios de comunicación y el poder para dirigir contratos a un grupo específico de periodistas, este medio de comunicación ya empieza a trabajar en las entregas de pauta oficial en el gobierno de Juan Guillermo Zuluaga. 

Curiosamente el proceso ha sido el mismo, derechos de petición, tiempos de espera, dilaciones, silencio y el infaltable desgaste del aparato judicial porque los servidores, funcionarios o contratistas desconocen los alcances de la Ley 1755 de 2015. Pues bien, el pasado 16 de mayo de 2024 la Veeduría Popular de Villavicencio (VPV) envió un derecho de petición para que la Gobernación del Meta rindiera informe de los contratos de pauta oficial del cuatrienio 2020 – 2023 de la administración de Juan Guillermo Zuluaga. 

En primera instancia dejaron vencer los términos del derecho de petición, es decir, no hubo respuesta, por lo que se interpuso una acción de tutela que falló a favor de la mencionada veeduría. La secretaria de comunicaciones, Leidy Sánchez Loaiza, obligada a responder, lo hizo de manera parcial. Envió una comunicación sin los adjuntos, sin relacionar los contratos, por lo que, a su vez, la Veeduría radicó un memorial a la jueza para reiterar las pretensiones de la tutela. 

Finalmente, el 17 de julio la mencionada funcionaria envió varios archivos de Excel en donde hay una relación de los contratos desde el 2020 a 2023, pero aquí viene lo interesante. No solo hubo un proceso de dilación al acceso de información consagrado en la ley, sino que se burlaron de las decisiones de una jueza de la República al responder de manera parcial y, luego, enviando archivos que no obedecen a la realidad contractual. O están mintiendo para ocultar información o es otro caso de ineptitud. 

En el año 2020 relacionaron 13 contratos, pero no todos son de pauta, incluyeron, por ejemplo, uno para la instalación de un software en la emisora institucional, lo que, claramente, no tiene nada que ver con lo preguntado. ¿Lo harán a propósito? Revisando el resto de contratos se encuentra que fueron 12 los ejecutados posicionando a Ondas del Meta en el primer lugar con cuatro de ellos y de mínima cuantía, pero al hacer una revisión del Secop descubrimos algo diferente. 

Para comprobar la veracidad de la información se filtró en el Secop a diez periodistas y medios de comunicación que no figuran en lo reportado por Sánchez Loaiza y el resultado es muy revelador. En las diez búsquedas aleatorias se encontraron 13 contratos (tres periodistas con dos contratos) en el año 2020 por una suma de 68 millones de pesos en total. Esto quiere decir que los 100 millones de pesos reportados por la funcionaria no obedecen a la realidad, que son más contratos, que la suma total de dinero asciende a más millones y que esto debe ser revisado a profundidad en el Secop filtrando la información de todos los medios de comunicación y periodistas para obtener un panorama más cercano a la gestión del 2020. 

Esto suscita muchas preguntas: ¿Por qué estos contratos no están en la relación suministrada por la Gobernación del Meta? ¿Por qué se demoraron y dilataron la información? ¿Tienen claridad y control en lo ejecutado u ocultan información deliberadamente? Ahora bien, lo filtrado en el Secop solo fue a contratos que aparecen bajo la Gobernación del Meta y no con institutos descentralizados –a pesar de que el derecho de petición también solicitó que se les notificara a dichas entidades y nunca se hizo–, porque haciendo esa búsqueda se encontraron varios procesos en el Instituto de Cultura y de Turismo que, eventualmente, no están bajo el control de la Secretaría de Comunicaciones, pero es un claro indicador de que la pauta en el 2020 fue mayor y esos 100 millones para 13 contratos es irrisorio. 

Ahora bien, Sánchez Loaiza debe saber que en el 2023 la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP le solicitó a la Gobernación del Meta una relación del gasto de pauta oficial y lo reportado supera los 10 mil millones de pesos, por lo que reportar en el año 2020 solo 100 millones es a todas luces una ridiculez. En los cuatro archivos enviados se pueden observar contratos por un poco más de mil trescientos millones, es decir que harían falta más de nueve mil millones de pesos que sí le fueron informados a la FLIP. Alguien, claramente, está mintiendo. 

Ante esos acontecimientos la Veeduría Popular de Villavicencio elevó un nuevo memorial al Juzgado Décimo Civil Municipal de Villavicencio, Meta, ya que considera que la respuesta de la Gobernación del Meta está incompleta como se logró demostrar con la prueba aleatoria de contratos para tan solo 10 comunicadores. El fallo fue notificado el 18 de julio en favor de la mencionada Veeduría; dando 48 horas para que la respuesta sea de fondo y completa. Así mismo, el día 19 de julio la VPV radicó una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra Sánchez Loaiza por: “Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento.” Una prohibición establecida en el artículo 35 de la Ley 734 de 2002. Mientras tanto la secretaria de Comunicaciones de la Gobernación del Meta insiste en enviar archivos incompletos y la VPV ya interpuso el respectivo incidente de desacato. 

El proceso de revisión de pauta oficial de la Gobernación del Meta en el cuatrienio pasado (2020 – 2023) apenas empieza y ya se evidencian las argucias institucionales para cooptar el derecho de acceso a la información y el control social desde las veedurías y el periodismo. Por esto quedan en el aire dos preguntas ¿Qué le encubren a Juan Guillermo Zuluaga? Y ¿Es Rafaela Cortés una gobernadora en cuerpo ajeno?

Descargue aquí la Revista «Páginas para la libertad de expresión» – FLIP, febrero de 2024.

Descargue aquí la relación de pauta oficial reportada por la Gobernación del Meta en agosto de 2023 a la FLIP.