El piedemonte llanero colombiano es reconocido a nivel mundial por la riqueza de su biodiversidad que permite que sea visto como uno de los más productivos del mundo y fuente de agua para los humanos y para las especies vegetales y animales. Para salvaguardar los servicios ecosistémicos y su gran aporte a la adaptación al cambio climático el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 2372 de 2010 categorizando las áreas protegidas.

El número de áreas protegidas en el departamento del Meta son 62, la ciudad de Villavicencio es uno de los ambientes que más recoge este tipo de espacios, entre ellos los humedales; con la presencia de más de 900 según el Sistema Municipal de Áreas Protegidas.

Los humedales son uno de los ecosistemas estratégicos que más ayudan a mejorar la calidad de vida en las ciudades ya que muchos de ellos se encuentran dentro del sector urbano, contribuyendo a prevenir inundaciones, generando un microclima de frescura a su alrededor, son nacederos de agua, fuente de servicios culturales, de turismo y de recreación, además albergan una gran cantidad de biodiversidad como lo es la flora y fauna silvestre, incluso de carácter endémica con el reconocido primate Zocay.

Igualmente, es importante aclarar que tanto la protección material como jurídica de los humedales de Villavicencio es responsabilidad estatal por medio de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), la única entidad en el departamento que cuenta con la competencia de sancionar a particulares y entidades públicas que dañen por acción u omisión los recursos naturales y el medio ambiente.

Estos humedales se protegen jurídicamente con la categoría de áreas de recreación (humedal Coroncoro, Calatrava, El Charco – Oasis, Aguas Claras, Caracolí y Zuria) que son espacios geográficos de paisajes y ecosistemas en donde la población humana tiene alcance con intención de restaurar; y otros bajo la figura de Distrito de Conservación de Suelos (humedal Kirpas-Pinilla-La Cuerera).

A pesar de los grandes beneficios que disfrutamos de estos ecosistemas estratégicos, muchos de ellos han desaparecido o están en estado deplorable dado el aumento de actividades antrópicas, como apropiación para vivienda informal, la deforestación, la utilización de tierras para uso agrícola o ganadería extensiva, invasión por parte de particulares o constructoras, utilizándolos como escombrera, provocando la alteración del hábitat natural y el comportamiento de especies nativas como el mono Tití o Zocay (Velosa Caicedo, 2020). Lo anterior en nombre del supuesto desarrollo económico que ha tenido nuestra ciudad en los últimos años, generando un fuerte impacto ambiental, afectando la flora y fauna nativa (Garzón, 2021).

La intervención creciente y sistemática a los humedales especialmente los que se encuentran en entornos urbanos por parte de intereses particulares es un fenómeno que ha venido aumentando, ocasionando la pérdida de los ecosistemas y la progresiva degradación ambiental. Muchas de las veedurías ciudadanas, colectivos o liderazgos ambientales hoy se enfrentan a amenazas de muerte por su decidido compromiso con el medio ambiente y con la protección de los humedales; la incidencia de su activismo tiende a ser aminorada debido a los múltiples intereses inmobiliarios.

Una de las principales consecuencias del deterioro que presentan las áreas protegidas en Villavicencio por las distintas problemáticas es la pérdida de cobertura vegetal, a pesar de que estas áreas están en calidad de reserva natural y en especial protección por la autoridad ambiental; la perturbación de estos espacios induce a que su función varíe dado que existen consecuencias en el sistema natural del paisaje y efectos que se pueden evidenciar al mediano y largo plazo con la paralización o retroceso en los procesos de conservación, e incluso con el riesgo de deterioro completo.

El grave daño ambiental ha sucedido a vista de toda la ciudad y de la autoridad ambiental, a la cual se le ha acusado no solo de omisión sino de retrasar y engavetar los innumerables procesos sancionatorios ambientales hacia particulares o empresas que menoscaban los humedales. En el mejor de los casos; cuando se dictaminan sanciones, estas son pecuniarias, es decir pagar por destruir incentivando aún más el detrimento de los ecosistemas estratégicos.

Igualmente, Cormacarena para los ojos de las y los ciudadanos es vista generalmente como una institución corrupta; de hecho, prueba de ello es el reciente fallo del Consejo de Estado donde se anula el nombramiento de su director por múltiples irregularidades en la elección y la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación a su exdirector a inicios de este año por la actuación irregular dentro del proceso sancionatorio ambiental. Cormacarena es la caja menor de los politiqueros de la región, donde a costa de los intereses ambientales -presuntamente- se financian campañas electorales, se pagan favores políticos y se omite la normatividad ambiental a los amigos de turno, sin olvidar que cuando se hacen las denuncias ciudadanas de daños ambientales la respuesta es tan tardía que, cuando los contratistas de la corporación llegan a los humedales, ya es poco lo que se puede hacer debido a que ya han deforestado, rellenado o invadido.

Por último y no menos grave, es necesario precisar que son múltiples las campañas ecológicas y ambientales financiadas con dineros públicos que no tienen un objetivo claro y mucho menos resultados importantes, pues se reducen a espectáculos mediáticos -fotos y videos para las redes sociales- como por ejemplo la tan publicitada campaña denominada “Somos Kirpas” que en el cuatrienio 2020 – 2024 no detuvo el daño ambiental, sino que por el contrario permitió la invasión, el deterioro y la destrucción de una gran parte de este humedal a pesar de las copiosas denuncias de ciudadanos, ciudadanas y activistas ambientales.

Por lo anterior -y teniendo en cuenta que hoy 2 de febrero se conmemora internacionalmente la protección de estos ecosistemas estratégicos; por ser la fecha en la que se firmó el Convenio de Ramsar: “Convención relativa a los humedales de importancia internacional”- es necesario que las y los habitantes de Villavicencio velen por la protección, conservación y restauración de estas maravillas naturales, sobre todo en tiempos de cambio climático, donde se presentarán lluvias y calor extremo. Igualmente, es apremiante robustecer el proceso de vigilancia, control social y veeduría que se le hace a Cormacarena para que cumpla su función constitucional de velar por el medio ambiente y con el objetivo de que los recursos públicos se inviertan para el bien de nuestra ciudad, pero esto solo será posible cuando nos concienticemos de la relevancia de preservar el recurso hídrico, que al final es la vida misma.