«Cuando el pueblo despierta no se vende a casas politiqueras. Que las casas politiqueras no te deslumbren con una emoción del momento o dinero pasajero. La dignidad no se compra, la dignidad se defiende». Eso dijo Viviana Palacios Raigosa —actual candidata a la curul de paz por Meta y Guaviare— el 18 de febrero de 2026 en un video que publicó en sus redes sociales.

Una semana después, el 25 de febrero, volvió a pronunciarse: «Es la segunda vez que esta curul de paz es amenazada por las casas políticas de estos territorios. Le decimos a la gente de la ciudad, de lo urbano, que no incida en las decisiones del campesinado». El llamado era claro. La candidatura de Palacios se presentaba como la alternativa limpia frente al caciquismo regional.

Lo que Palacios no mencionó en ninguno de esos videos es que su campaña es impulsada por contratistas activos de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, dirigida por Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio y uno de los operadores políticos más influyentes del Pacto Histórico en el Meta. También omitió que el presidente de la junta departamental de la Unión Patriótica la recomendó públicamente en un audio de WhatsApp junto a Carmen Mayusa, la candidata de Harman a la cámara ordinaria, y al lado de la lista al Senado del Pacto Histórico, como si las tres fueran un mismo paquete electoral.

Además omitió que en una de sus propias reuniones de campaña, documentada en un video que ella misma publicó en Instagram el 3 de febrero, varios asistentes portaban propaganda impresa de José Manuel Sandoval, el candidato a las ordinarias de Harman que en ese entonces aún no había sido retirado de la disputa por el Consejo Nacional Electoral. La candidata que no se vende a las casas politiqueras llegó a la contienda como la elegida de Harman.

Esta es la historia de cómo Felipe Harman, el funcionario que dirige la entidad responsable de la reforma agraria del gobierno Petro, montó una jugada política para acaparar no solo las listas ordinarias al Congreso por el Meta, sino también una curul diseñada para estar fuera del alcance de las maquinarias tradicionales.

La ANT como palanca electoral

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) nacieron del Acuerdo Final de 2016 con una restricción explícita: los partidos y movimientos políticos con personería jurídica no pueden inscribir ni avalar candidatos en estas circunscripciones. El Acto Legislativo 02 de 2021, que las creó formalmente, lo establece en el parágrafo 1° de su artículo transitorio 3°. Esta curul fue creada específicamente para que las víctimas del conflicto armado tuvieran representación propia en el Congreso, libre de la influencia de las maquinarias políticas tradicionales, lo que no pasa con Palacios.

Viviana Palacios se inscribió con el aval de la Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda La Y —Asoyerural—, cumpliendo formalmente ese requisito. Palacios no es una figura ajena a Harman: fue secretaria de la Mujer durante su alcaldía en Villavicencio entre 2022 y 2023. Pero alrededor de su candidatura opera una red de personas vinculadas directamente a la ANT y a la maquinaria de Felipe Harman.

El caso más documentado es el de Pilar Mayusa Castro, quien para el 24 de julio de 2024 fungía como representante legal de la Asociación de Productores de Chontaduro del Meta —Asoprochom—, fecha en que la ANT entregó provisionalmente a esa organización el predio Atahualpa, ubicado en Puerto Rico, Meta, con 799,8 hectáreas y un valor aportado por la entidad de 700 millones de pesos. Ese proceso fue acompañado por Karol Lucero Sánchez Moyano, contratista de la ANT, quien según su propio informe de actividades del 11 de abril de 2025 realizó «acompañamiento a dos organizaciones campesinas a solicitud de sus representantes legales que fueron beneficiarias de procesos de adjudicación de tierras». Los documentos de la entidad y un registro de una reunión virtual entre Sánchez y Mayusa confirman ese vínculo institucional. Hoy, tanto Karol Sánchez como Pilar Mayusa hacen campaña activa por Viviana Palacios.

Sánchez no es una contratista menor. Entre 2024 y 2025 acumuló dos contratos con la ANT por más de 355 millones de pesos, con remuneraciones mensuales de entre 16 y 18 millones. En 2026 firmó un nuevo contrato por 192 millones de pesos, vigente hasta diciembre de este año. El monitoreo de sus redes sociales y de sus historias de WhatsApp revela la promoción constante de las candidaturas de Viviana Palacios, Carmen Mayusa y Arley Gómez, candidato al Senado por la Alianza Verde que cuenta con el respaldo de la maquinaria de Harman. Antes de que el CNE lo sacara de la contienda, Sandoval también figuraba en ese repertorio. Todo esto mientras Sánchez recorre múltiples municipios del Meta haciendo campaña, con su contrato vigente en la ANT.

Capturas de las redes sociales y WhatsApp de Karol Sánchez, contratista activa de la ANT, promoviendo las candidaturas de Viviana Palacios, José Manuel Sandoval, Carmen Mayusa y Arley Gómez.

El patrón se repite con otros contratistas. Pablo Emilio Parrado Rodríguez ejecutó contratos con la ANT entre mayo y diciembre de 2025 por cerca de 29 millones de pesos. Fue él quien elaboró el acta de la tercera sesión ordinaria del Comité Municipal de Reforma Agraria de Vista Hermosa del 18 de noviembre de 2025, el mismo espacio en el que Robinson Mora Mahecha —fórmula de Viviana Palacios en la lista— figura como miembro, un rol que le facilitó interlocución directa con comunidades rurales en territorios clave de la circunscripción. En sus redes sociales, Parrado promueve activamente la candidatura de Mora. En enero de 2026 firmó un nuevo contrato con la ANT por cerca de 24 millones de pesos, vigente hasta junio de este año.

Maira Alejandra Cardozo Gualteros del municipio de Uribe, Meta, acumuló tres contratos con la ANT desde mayo de 2024 hasta diciembre de 2025 por un total de 160 millones de pesos. En febrero de 2026 firmó un nuevo contrato por más de 43 millones, vigente hasta junio. Su actividad en redes sociales documenta la difusión constante de contenido de la campaña de Viviana Palacios.

Los contratos de prestación de servicios en Colombia no generan vínculo laboral con el Estado en términos formales, y quienes los suscriben conservan plena libertad para participar en política, a diferencia de los servidores públicos de planta, quienes sí tienen restricciones. Pero lo que documenta esta investigación no es una ilegalidad individual sino un mismo modus operandi: contratistas de la ANT, bajo la dirección de Felipe Harman, trabajando de manera coordinada y simultánea en favor de una candidatura a una curul que por diseño constitucional debe ser ajena a las maquinarias.

El paquete político

El 25 de febrero de 2026, Ramiro Orjuela, presidente de la junta departamental de la Unión Patriótica en el Meta, envió un audio a un grupo de WhatsApp integrado por personas de los municipios PDET de la región. En el mensaje, Orjuela explicaba cómo votar «por el Pacto Histórico» y detallaba el paquete: para la cámara ordinaria, Carmen Mayusa, número 101 del Frente Amplio Pacto Histórico. Para las curules de paz, Viviana Palacios. «Nosotros respaldamos a la compañera Viviana Palacios», dijo. Para el Senado, la lista cerrada del Pacto. «Si logramos la curul de ella y la curul de Carmen, son dos mujeres valientes, berracas, comprometidas en esta lucha que estarán por estos territorios en la Cámara de Representantes», agregó. En mensajes escritos distribuidos en grupos de WhatsApp de la región, Orjuela reiteró la instrucción de voto: Senado del Pacto Histórico, Cámara del Frente Amplio —número 101— y curul de paz con Viviana Palacios —número 501—.

Carmen Mayusa es la candidata que Harman impulsó a la cámara ordinaria después de que el CNE retirara de la contienda a José Manuel Sandoval, su ficha original, por desconocer los resultados de la consulta del Pacto Histórico. La campaña de Sandoval era promovida por algunos de los contratistas que hoy impulsan a Palacios. El propio José Manuel obtuvo un contrato con la entidad entre marzo y noviembre de 2024 por más de 152 millones de pesos.

En ese audio, Orjuela no menciona a la Unión Patriótica como partido. Usa la primera persona del plural —«nosotros respaldamos»— enmarcando el apoyo a Palacios dentro del proyecto político del Pacto Histórico que respalda también a Mayusa y la lista cerrada al Senado. La candidatura CITREP, concebida para operar por fuera de los partidos, aparece en ese mensaje como una pieza más del engranaje electoral del Pacto Histórico en el Meta.

No es el único caso. El 3 de marzo de 2026, el concejal de Villavicencio Gustavo Basto, del Pacto Histórico y cercano a Harman, apareció en un video publicado por el medio local Noticias del Meta recomendando el voto por Viviana Palacios. La entrevista fue grabada frente a una valla que anunciaba «Cámara, Senado, Presidencia» del Pacto Histórico. «Hay una compañera que admiramos, valoramos, que es Viviana Palacios», dijo Basto. «Acompañen esta mujer, una mujer valiosa, digna de poder representar a las víctimas».

El Acto Legislativo 02 de 2021 prohíbe que los partidos con personería jurídica inscriban o avalen candidatos en las CITREP. Lo que muestran estos elementos no es una inscripción formal de partido, sino algo más difuso y por eso más difícil de perseguir jurídicamente: una maquinaria que opera alrededor de la candidatura sin firmar el aval, usando en cambio sus redes, sus contratistas y sus voceros para integrarla a su proyecto electoral.

La evidencia más gráfica de esa integración apareció en las propias redes sociales de Viviana Palacios. El 3 de febrero de 2026, antes de que el CNE sacara a Sandoval de la contienda, Palacios publicó una historia en Instagram con un video de una de sus reuniones de campaña. En las imágenes, varios asistentes portaban propaganda impresa de José Manuel Sandoval. Dos candidaturas distintas, una para la curul de paz y otra para la cámara ordinaria, compartiendo el mismo evento y material de campaña.

La dignidad y la paradoja

El 03 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo del Meta falló una tutela que ordenó verificar a las autoridades electorales el posible trasteo de votos en tres municipios del Guaviare, tras la denuncia de un aumento del 1.500 % en la inscripción de cédulas en San José del Guaviare, El Retorno y Calamar. La tutela la presentó Asoyerural, la misma organización que avaló la candidatura de Viviana Palacios.

En su demanda, Asoyerural advirtió que varias personas «hacían largas filas en los puestos cercanos de votación rurales de manera descarada para inscribir la cédula para votar en el sector rural». Palacios había advertido sobre esa situación desde el 19 de enero, cuando radicó derechos de petición ante el CNE y la Procuraduría. El 25 de febrero, cuando el Ministerio Público emitió una alerta por inscripción atípica de cédulas en la región, Palacios lo celebró públicamente: «La Procuraduría nos dio la razón».

Sus declaraciones en ese período son las de una candidata que se presenta como víctima de las maquinarias. «Le decimos a la gente de la ciudad, de lo urbano, que no incida en las decisiones del campesinado», dijo. «Dejen que el campesino y la campesina elija esta curul en el marco de las reglas que se determinaron para elegir a un representante de las víctimas».

El 11 de febrero, Palacios publicó en su estado de WhatsApp una imagen que decía: «Las casas políticas se quieren quedar con la curul de paz que es del campesinado y de las víctimas». El texto que la acompañaba era aún más explícito: «No les da ni un poco de vergüenza ofrecer horas de maquinaria, presionar con los convenios solidarios, presionar con el CASABE, presionar a familias porque les quitan sus trabajos en las alcaldías, entregar tejas, baldosas, llamar delante de la gente a los Secretarios para presionar ‘supuestamente’ por las maquinarias, y haciéndose ver como patrones. Aquí hay un pueblo con dignidad y memoria; y aquí hay un movimiento político que no transa ni negocia derechos».

Son exactamente los mecanismos que documenta esta investigación. Y Palacios no miente sobre sus adversarios: Alejandro Castillo, el candidato del Guaviare, llega respaldado por el bloque de alcaldías y la gobernación de ese departamento; Álex García Meneses, la apuesta del Meta, cuenta con el apoyo de varias alcaldías y es cercano a la Gobernación del Meta. Las casas políticas que ella denuncia existen y operan. Lo que esta investigación muestra es que la candidatura que las señala también está sostenida por una maquinaria, montada esta vez desde una entidad del Estado por un funcionario del gobierno Petro.

Son palabras difíciles de reconciliar con el hecho de que la representante legal de una organización beneficiaria de 700 millones en tierras entregadas por la ANT trabaja activamente en su campaña. O con el hecho de que el presidente de la junta departamental de un partido político la empaqueta públicamente con la lista ordinaria del Pacto Histórico. O con el hecho de que contratistas activos de la entidad que dirige Felipe Harman difunden su propaganda mientras sus contratos están vigentes.

Harman construyó en el Meta una maquinaria que, según documentamos en octubre de 2024, acumula un número significativo de coincidencias entre personas que trabajaron en su alcaldía de Villavicencio y personas que luego obtuvieron contratos en la ANT. Esa maquinaria, según lo que muestra esta investigación, no solo opera en las listas ordinarias al Congreso sino también en el único espacio que por diseño constitucional debería estar fuera de su alcance: la curul creada para las víctimas.

El Protestódromo contactó a Viviana Palacios Raigosa pasado el mediodía del 5 de marzo de 2026 para conocer su versión sobre los hechos descritos en esta investigación. Palacios respondió que contestaría las preguntas cuando saliera de sus compromisos. A las 8 de la mañana del 6 de marzo, tras más de 18 horas de espera, la candidata no había dado respuesta.

La dignidad, al parecer, también tiene precio electoral.