«Están acabando con la ciudad», tituló la Veeduría Popular de Villavicencio —VPV— el informe con el que señala como responsables de la tala de la Avenida Catama al Alcalde Alexander Baquero, al Director General de CORMACARENA Jhorman Saldaña, y al Gerente de Piedemonte E.I.C.M. Alonso Garay. En los días posteriores a que un juzgado le retirara la única protección judicial que quedaba en pie, la Alcaldía y Piedemonte consumaron la tala de prácticamente la totalidad de los 88 árboles autorizados por la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.26.0526 de CORMACARENA;  el mismo permiso que esa propia Corporación ya había reconocido que estaba viciado.

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio revocó, el 13 de agosto, la medida provisional que desde el 18 de junio suspendía cualquier actividad de aprovechamiento forestal en el corredor. Notificada la decisión el 14 de agosto, bastaron unos pocos días para que Alcaldía y Piedemonte arrasaran con el resto del corredor. Hoy solo quedan en pie siete individuos en el último tramo del corredor.

Lo que hace de este desenlace algo más que una negligencia administrativa es que mediante Oficio No. 953 del 21 de julio, la Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria del Meta le informó a la VPV que “Cormacarena manifestó su decisión de modificar el permiso de aprovechamiento forestal otorgado, entre otras razones, por los yerros cometidos en la identificación de los árboles objeto de aprovechamiento”. El trámite de revocatoria directa que debía corregir esos errores, radicado bajo el Expediente PM-GA 3.37.13.026.004, sigue abierto. Nunca se resolvió antes de que las motosierras terminaran el trabajo.

Los errores que CORMACARENA reconoció no son un matiz técnico menor. Dos peritajes independientes —el del biólogo David Alejandro Garay Marín y el de la bióloga Laura Isabel Ramos Velásquez, esta última convocada por la propia Procuraduría— coincidieron en que 33 de los 88 árboles, el 37,5% del inventario, estaban mal identificados. Entre ellos, un individuo catalogado como especie ornamental que en realidad correspondía a Cedrela odorata L., Cedro amargo, especie nativa En Peligro según el Libro Rojo de Colombia. El propio inventario, según documentó la VPV, tampoco pudo haber sido validado por un diseñador de paisaje con consulta previa al Plan de Ornato, como exige el Acuerdo Municipal 657 de 2025: el diseño paisajístico del proyecto solo se aprobó el 28 de mayo de 2026, casi cuatro meses después de que el inventario ya estuviera radicado ante CORMACARENA, el 27 de febrero.

La VPV documentó además una discrepancia de fechas que todavía no tiene explicación oficial. Según el registro fotográfico propio del 18 de agosto, la tala ya estaba prácticamente consumada apenas cuatro días después de notificada la revocatoria de la medida provisional; un ritmo de ejecución que la organización considera incompatible con una operación iniciada desde cero en ese lapso. “Las fechas no cuadran: todo apunta a que empezaron a talar antes de que se levantara la protección judicial. Ya exigimos por derecho de petición la fecha y hora exacta de cada árbol talado, la bitácora de obra y la comunicación formal de inicio de actividades a CORMACARENA, y estamos recopilando cada soporte para actuar en consecuencia”, señaló la organización.

La VPV ya amplió ante el Tribunal Administrativo del Meta las pretensiones de la acción popular que interpuso el 18 de junio (Rad. 50001-23-33-000-2026-00283-00): exige ahora no solo la suspensión de lo que resta del corredor, sino la reparación integral del daño ya consumado; un plan de compensación forestal reforzado, garantía financiera para su mantenimiento, y la creación inmediata de la Junta Interinstitucional de Arbolado Urbano que el Acuerdo 657 ordenó crear antes del 21 de octubre de 2025 y que, a la fecha sigue sin existir. En paralelo, la organización amplió las denuncias disciplinarias que ya tenía radicadas ante la Procuraduría General de la Nación y solicitó a la Contraloría General de la República que investigue el manejo fiscal del Contrato Interadministrativo No. 2073 de 2026, bajo cuyo amparo se ejecuta la intervención en la Avenida Catama.

El patrón que documenta la VPV en este caso no es distinto del que ha expuesto en otros frentes de su labor de veeduría: una autoridad que reconoce un error de fondo y una administración que actúa como si esa admisión no existiera. La diferencia  es que el daño que se estaba evaluando corregir ya no es corregible: un árbol urbano maduro no se restituye con una siembra de compensación que tardará entre veinte y treinta años en alcanzar su misma capacidad ambiental. CORMACARENA lo sabía y dejó que se consumara de todas formas.