Gaston Bachelard escribió que la casa es, más que paisaje, un estado del alma, y quien haya perdido una lo sabe sin necesidad de haberlo leído: lo que se derrumba no es un conjunto de materiales sino una manera de estar en el mundo, un lugar donde el cuerpo había aprendido —a veces sin darse cuenta— dónde queda cada sombra en la tarde, dónde cruje el piso, dónde se guarda el silencio de una siesta. El 10 de agosto un terremoto de magnitud 7.4 golpeó con más fuerza al Chocó, al Valle del Cauca, al Eje Cafetero, aunque terminó afectando 494 municipios en dieciséis departamentos, según el balance más reciente; y con él se derrumbaron, en cuestión de segundos, miles de esos estados del alma que ningún informe oficial alcanza a nombrar del todo.

A dos semanas del terremoto, el balance oficial —frío, necesario e insuficiente, con corte al 25 de agosto— reporta 331 personas fallecidas, 31.613 viviendas destruidas y 361.353 damnificados y damnificadas, pertenecientes a 185.226 familias. Detrás de esa cifra hay unas casas que, de un momento a otro, dejaron de ser presentes para volverse recuerdo: esa «lenta mirada sobre territorios muertos» de la que hablaba María Mercedes Carranza, aplicada no a la memoria sino a unos patios, unas cocinas, unos cuartos que hasta antes del terremoto todavía estaban en pie.

Hay que decirlo con claridad, porque reducir a estas comunidades damnificadas a víctimas pasivas repetiría, desde otro ángulo, la misma lógica que aquí se analiza: apenas pasó el terremoto, fue la propia gente la que se lanzó a las calles a rescatar, a cavar entre los escombros con las manos, a organizar ollas comunitarias, brigadas, cadenas humanas para sacar agua y mercado a los barrios incomunicados. Mientras las instituciones apenas empezaban a movilizarse, ya se rescataban entre vecinos y vecinas, ya alguien improvisaba un albergue en la cancha del barrio, ya esa forma tan colombiana de resolver colectivamente lo que el Estado no atiende se había activado sola, sin que nadie la convocara desde arriba. Esa es la autogestión real: la que no espera permiso ni cámara, las personas decidiendo, en el instante mismo de la catástrofe, cuidar de lo suyo y de quienes tenían cerca.

Sin embargo, mientras eso ocurría en las calles, el país tuvo que ver algo muy distinto en quienes gobiernan: una sucesión de hechos que no fueron errores sueltos, sino la misma indolencia repetida una y otra vez con caras distintas. Una de las más indignantes ocurrió el 16 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella llegó a Buenaventura y repartió balones de fútbol con el nombre de su partido Defensores de la Patria; sin medir que ningún balón, —con todo lo que el juego importa— responde a la urgencia de un territorio que el Estado ha abandonado históricamente. No tardó en encontrarse con la respuesta que merecía: «Lo que necesitamos es techo, necesitamos ayuda, no balones», le dijo sin rodeos alguien del barrio. «Aquí tenemos crisis en salud, crisis en educación», añadió, «mientras los niños se están muriendo de hambre» y remató categóricamente: «eso es mucha miserableza y eso es un descaro con nosotros».

Detrás de esos balones seguían, intactas, más de 800 viviendas destruidas solo en el barrio Lleras, seis escuelas convertidas en escombro y un servicio de agua reducido a cuatro horas y media al día, con el 92% de la red perdida. Nada de eso se resuelve repartiendo un balón: se resuelve quedándose, mirando a los ojos, comprendiendo lo que significa perder una casa, perder a la familia, y traduciendo esa comprensión en gestión presupuestal, en acciones claras y concretas. Eso, en Buenaventura, el gobierno no lo hizo.

Casi al mismo tiempo, quien debería estar dirigiendo la reconstrucción de esas 31.613 viviendas se fue de vacaciones. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, apareció en video disfrutando un puente festivo en Santa Marta, lejos de cualquier casa que hubiera que levantar por el desastre. Solo cuando las imágenes se viralizaron y la presión se intensificó, salió a justificarse: aseguró que no había estado de vacaciones, sino compartiendo «unas horas» con su esposa y sus hijos, «a los que hace varios días no veía». Esa versión chocó con una publicación que le atribuyen y que resurgió esos mismos días: como alcalde electo de Bucaramanga, Beltrán había reprochado a un funcionario que se ausentara de su cargo, porque ese compromiso —sostenía entonces— «nunca puede irse de vacaciones». Lo que nunca aclaró fue por qué, con miles de familias todavía esperando sus viviendas, esas horas no podían esperar.

A eso se sumó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien resumió sin proponérselo toda una filosofía de gobierno en una sola frase: en Buenaventura, dijo, «conseguimos la madera, también cemento para los soportes, ellos mismos arreglan (…) ellos mismos ponen la mano de obra y arreglan las casas en dos minutos». Ahí no había ingenio ni cercanía: había desidia. La responsabilidad que le corresponde al Estado quedó trasladada, sin más, a las comunidades, y detrás de la frase asomaba el cinismo de creer, con la desfachatez de quien jamás ha esperado una vivienda por necesidad, que una casa se arregla en dos minutos.

Pero la negligencia no se quedó ahí: el gobierno también aprovechó la tragedia para mover fichas que no tenían nada que ver con la reconstrucción y mucho que ver con su propio proyecto político. El gobierno anunció que solo recibiría ayuda de cuatro países —Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador—, cuando la urgencia humanitaria debía ser el único criterio para decidir quién entra a ayudar. ¿Casualidad que esos cuatro coincidan con el bloque ideológico que rodeó a De la Espriella desde su llegada al poder? La emergencia de miles de familias sin techo se convirtió, para este gobierno, en una oportunidad de geopolítica de bolsillo.

La alineación ideológica con la ultraderecha internacional no se detuvo ahí: el mismo 10 de agosto —el día del terremoto, mientras el país todavía contaba sus escombros— el gobierno reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, apenas semanas después de haber anunciado, ya como presidente electo, el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén. De paso, congeló unilateralmente las relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática para allanarle el camino a un tratado de libre comercio con Marruecos.

Días después, De la Espriella le agradeció «profundamente» a Netanyahu —»amistad, solidaridad, cooperación y respeto mutuo», dijo— toda la ayuda humanitaria y los 82 rescatistas que Israel envió a Colombia. Entre ellos, Roni Kaplan, vocero de las fuerzas armadas israelíes, el mismo que durante años ha justificado públicamente la invasión de Gaza, las decenas de miles de personas palestinas asesinadas y el bloqueo de la ayuda humanitaria hacia la Franja. Que un gobierno reciba con gratitud la «ayuda humanitaria» de quien participa activamente en negársela a otro pueblo bajo bombardeo no solo es contradictorio, sino que es la misma lógica de siempre: la de un poder que solo entiende la solidaridad cuando conviene a sus alianzas. Quienes sostienen un genocidio no salvan vidas, así lleguen con chaleco de rescate.

Esa misma semana, el gobierno estadounidense anunció que De la Espriella había autorizado «operaciones militares conjuntas para destruir terroristas» en el país, y que este se sumaba, como socio número diecinueve, a una coalición militar liderada por Estados Unidos contra los carteles. Nadie pidió la autorización del Senado para el tránsito de tropas extranjeras ni consultó al Consejo de Estado, como manda la Constitución que el presidente dice defender. Y esas mismas tropas, además, seguirían operando bajo un acuerdo de 2009 —de dudosa vigencia legal, porque la Corte Constitucional lo tumbó en 2010 por saltarse al Congreso— que las protegería de ser juzgadas en Colombia por cualquier daño que causen: una inmunidad que ningún Estado debería posibilitar, exista o no en el papel.

Mientras 185.226 familias esperaban refugio, comida y una promesa cumplida, el país entero —desbocado por sacar personas con vida de los escombros, por resolver ayuda y refugio para quienes lo necesitaban, sin que casi nadie lo debatiera— quedó comprometido con tropas extranjeras que, según el propio gobierno, no responderían ante ninguna autoridad judicial colombiana. Ese es el verdadero tamaño de la indolencia: no solo no reconstruir las viviendas destruidas, sino aprovechar el instante en que el país está de rodillas para ceder los últimos resquicios de la soberanía nacional.

Nada de esto es nuevo, en el fondo: lo que hizo Lara fue disfrazar de cercanía un concepto —la autogestión— que la teoría política ya había nombrado con precisión mucho antes que él, aunque lo suyo fuera otra cosa muy distinta. Henri Lefebvre, en El derecho a la ciudad, advertía que hay una diferencia de fondo entre la autogestión real y lo que llamaba la ideología de la participación: un simulacro más o menos elaborado de información y actividad social que permite obtener, al menor costo, el consentimiento de la población implicada, para que luego —dice Lefebvre, casi con lástima— esas personas vuelvan «a su tranquila pasividad, a su retiro». No está claro, escribió, que la participación real y activa tenga ya un nombre; puede que se llame autogestión, y eso plantea otros problemas, porque la autogestión de verdad exige que el poder se transfiera efectivamente: recursos, tiempo, capacidad real de decisión, no solo la ilusión de haber decidido algo.

Lo que las comunidades hicieron por su cuenta desde el primer minuto —la olla comunitaria, la brigada, la cadena humana— sí fue autogestión. Lo que dijo Lara es otra cosa: es participación de utilería, la que no le cuesta nada al Estado precisamente porque nunca transfiere nada, y que además tiene la ventaja, para quien gobierna, de que después de la foto todos y todas —menos quienes perdieron la suya— vuelven a su casa y el poder puede seguir haciendo como si no debiera nada. Quizás ahí esté el error más profundo de todos, el que ni Lara, ni De la Espriella, ni Beltrán parecen entender: reconstruir una casa no es solo un problema de materiales, aunque también lo sea. Es un problema de habitar, y habitar no es lo mismo que dar alojamiento. Habitar es quedarse, acompañar, construir con el tiempo esa confianza que hace de un espacio un hogar; no es tirar la madera por la ventanilla y seguir de largo.

Existen ejemplos de que sí es posible, cuando el Estado pone lo que le corresponde: Marta Harnecker documentó el caso del barrio El Condado, en Santa Clara, Cuba, que reconstruyó sus manzanas más precarizadas con la propia comunidad residente —desempleados y desempleadas, personas que salían de la cárcel y mujeres que por primera vez tenían un salario, levantando paredes con sus propias manos—, pero eso funcionó porque hubo, durante años, un equipo que vivió en el barrio, materiales suficientes, acompañamiento sostenido, formación para quienes nunca habían cargado un bloque. Nadie llegó, tiró la madera y dijo que en dos minutos quedaba resuelto. La diferencia nunca estuvo en las manos —las manos siempre fueron suyas—, sino en el tiempo y los recursos, y eso es exactamente lo que este gobierno se niega a dar.

Hay una larga tradición que piensa la vivienda no como favor del gobernante de turno ni como mercancía, sino como terreno de disputa política, y no está de más recordarlo en medio de tanta improvisación disfrazada de solidaridad. La falta de vivienda no es un accidente del sistema: es parte de cómo funciona, y no se limita a reflejar la desigualdad que ya existe: la agranda. Ese marco importa porque desarma la trampa retórica de Lara: si la vivienda es, estructuralmente, un problema de poder y de clase, entonces “ellos mismos arreglan” no es una muestra de cercanía, es la reproducción exacta de esa desigualdad, dicha además con una sonrisa, como si fuera un elogio.

Por eso volver a lo común —a la minga, a la olla comunitaria, a la organización vecinal que se levanta por fuera del Estado y a veces necesariamente contra él, la misma que ha trabajado desde el primer minuto en esta catástrofe— no puede convertirse en la coartada perfecta de un gobierno mediocre para no responder. En este caso conviene ser tajantes: la exigibilidad de derechos y la autogestión popular no compiten entre sí, son la misma pelea, dos formas de esa urgencia.

Un gobierno que se cruza de brazos mientras la comunidad hace el trabajo no le está devolviendo poder a nadie: le está poniendo encima una carga que no le corresponde —la que el Estado debería sostener— y presenta esa indolencia como respeto por la autogestión. Eso, viniendo de quien tiene el deber constitucional de responder, no es solo torpeza: es una forma más sofisticada de abandono. Quien decide cómo se construye una casa o una ciudad casi nunca es quien la habita a diario, y esa distancia no se cierra con una participación de mentiras —la que solo simula consultar—, sino dejando que esas 185.226 familias decidan de verdad cómo se reconstruyen sus casas y sus barrios.

Aunque mañana el gobierno construyera, con toda la eficiencia posible, cada una de esas viviendas, quedaría algo pendiente que ningún material de construcción alcanza a reparar del todo. Rafael del Castillo escribió sobre esa misma pérdida —el corazón que sale de noche «buscando la casa de mis padres», esa certeza de que algo «aquí ha estado siempre»—, y el terremoto les arrebató justamente eso a 185.226 familias: no solo la posibilidad de reconstruir paredes, sino la certeza de que ese lugar seguiría estando ahí. Esa pérdida es, en sí misma, una amenaza que ninguna obra resuelve.

Ahora, mientras el poder reparte balones, se toma vacaciones, entrega la soberanía nacional y actúa como si el abandono fuera autosuficiencia, ese peligro sigue vivo, aunque ya no tiemble la tierra: lo que amenaza ahora es un Estado que se ausenta, no vuelve y confunde la foto con el acompañamiento. Pensar el futuro de esas familias es pensar en cada viga, en cada bloque —claro que sí, y con urgencia—, pero también en esa otra cosa que ningún reporte oficial mide: el andén donde alguien se sentaba a esperar que pasara la tarde, la cocina con su olor propio, el patio donde crecían las matas, el cuarto donde alguien aprendió a caminar o la pared marcada con la estatura de cada hijo e hija.

Eugenia Sánchez Nieto escribió que una casa sin nadie adentro es una casa «vacía de voces, de soledad y deseo». Y esa ausencia no llega con el trasteo: nace antes, en la lógica de quien cree que entregar unos tablones de madera equivale a edificar, y que un problema de años se resuelve «en dos minutos», como dijo Lara. Reconstruir de verdad —en serio, no en foto— es construir las dos cosas a la vez: el techo y el habitar, la viga y la memoria. Todo lo demás —los balones, las vacaciones, la madera tirada sin acompañamiento y sin solución estructural, la soberanía regalada— no es más que la puesta en escena de un gobierno que confunde el gesto con la gestión, mientras las casas, las de verdad, las que las comunidades ya empezaron a levantar con sus manos, siguen esperando —con incredulidad justificada— a que el Estado, por fin llegue.