Desde enero, la decisión de la Alcaldía de Villavicencio ha sido una sola: talar el Samán de la entrada de la Institución Educativa Abraham Lincoln. Lo que ha ido cambiando, cada vez que la Veeduría Popular de Villavicencio (VPV) le exige sustentarla, no es la decisión sino la excusa.

El pasado 10 de septiembre, la comunidad advirtió que la Alcaldía llegaba dispuesta a talar el árbol y acudió al sitio para impedirlo, junto con la VPV. Confirmado en el lugar que la intención era, en efecto, la tala, la comunidad y la VPV alertaron a CORMACARENA —la autoridad ambiental de la que la Alcaldía recibe la delegación para intervenir árboles—, que llegó y manifestó su desacuerdo, advirtiendo que no procedía continuar sin agotar antes el debido proceso ante esa Corporación. La Alcaldía ninguneó la advertencia igual: cortó lo que pudo —fue ese rechazo conjunto, y no un cambio de criterio de la Administración, lo que dejó la intervención en una poda— y al día siguiente anunció que continuaría, insistiendo en que la tala sigue siendo «necesaria». No hay nada nuevo en ese anuncio: es la misma conclusión de siempre, solo que esta vez ya no hace falta ni disimular, ni siquiera frente a quien tiene la autoridad para frenarlo. Lo revelador —lo que de verdad delata a esta Administración— no es el árbol; es la colección de argumentos jurídicos que ha ido fabricando, uno detrás de otro, para vestir de legalidad algo que decidió desde el primer día.

La primera excusa fue la más escueta: el 30 de enero, la Secretaría de Medio Ambiente expidió el Concepto Técnico de Talas No. 0044/2026 alegando que las raíces del Samán dañaban el andén y la calzada. Ni una fórmula de riesgo cuantitativo, ni un reporte de biodiversidad: una inspección ocular y una conclusión ya tomada. Cuando la comunidad pidió conservarlo mediante poda, la Alcaldía prometió «un nuevo estudio» de biodiversidad. Han pasado más de siete meses y ese estudio nunca llegó.

La segunda leguleyada fue la del silencio administrativo. En lugar de responder de fondo a lo que la VPV pedía —la fórmula de riesgo, el estudio prometido, las alternativas técnicas de la Tabla 91 del Plan de Ornato—, la Alcaldía optó por no responder. Le costó dos tutelas y dos incidentes de desacato hacerlo, y aun con los dos fallos a favor de la VPV, la Secretaría de Medio Ambiente ratificó la tala sin resolver ninguno de los vacíos técnicos señalados desde febrero.

La tercera fue la más creativa: cuando por fin le tocó responder, en agosto, la Secretaría no aportó la fórmula que le pedían —el cálculo de riesgo que exige el Plan de Ornato (Acuerdo 657 de 2025), que cruza la amenaza que representa el árbol con la vulnerabilidad de personas y bienes a su alrededor para decidir, con números y no a ojo, qué tan severo es el riesgo y qué tratamiento amerita—. Presentó, en cambio, tres argumentos que nunca habían aparecido en siete meses de trámite: una infestación de «Higuera Estranguladora» (Ficus spp.) recién descubierta, una prohibición normativa de sembrar Samanes en andenes que ningún oficio ha logrado citar con artículo y número, y una supuesta condición de «vicio de origen» del árbol. El informe que reúne todo esto, el No. 1092/2026 no pondera alternativas de poda y no tiene cronograma ni responsables.

La cuarta fue, quizás, la más temeraria: cuando la VPV pidió declarar el Samán árbol emblemático —figura que el artículo 33 del POT reconoce a cualquier árbol que cumpla, entre otras condiciones, con majestuosidad de porte o valor histórico y social—, la Secretaría inventó un requisito que no existe en la norma: «óptima integridad fitosanitaria y biomecánica». Aplicado en serio, ese estándar dejaría sin protección a prácticamente cualquier árbol centenario de la ciudad, que es justamente el tipo de árbol que la figura busca proteger. La misma norma que la Secretaría cita contempla expresamente el caso de árboles emblemáticos con riesgo o necesidad de manejo silvicultural: para esos casos no manda arrancarlos, sino ordenar un manejo especial que los mantenga en pie. Nada de eso entró en la respuesta de la Secretaría, que prefirió inventar un requisito inexistente antes que aplicar la norma completa.

La quinta ya no es de argumentos sino de aritmética: en el mismo sector, la Alcaldía repartió una intervención de veintiún árboles en tres permisos de diez, diez y uno, justo por debajo del tope de diez ejemplares que obliga a CORMACARENA a intervenir directamente. La VPV ya se lo puso en conocimiento a esa Corporación, que a la fecha sigue pidiéndole a la Alcaldía los soportes para poder pronunciarse.

Y la más reciente es también la que más desconcierta: para sostener que ya existe el «plan» que la ley exige antes de intervenir el árbol, la Alcaldía empezó a señalar un fallo de tutela de segunda instancia del 5 de agosto de 2025. Una sentencia de hace más de un año a favor de la veeduría ciudadana «Escuelas y Colegios», un proceso sobre riesgo de infraestructura en siete instituciones educativas de la ciudad, que no ordena talar: exige presentar ante el juzgado, para cada institución, un plan que pondere tala, poda o cerramiento preventivo, con cronograma y responsables. Que la Alcaldía lo use precisamente para lo contrario de lo que ordena, dice menos sobre ese fallo que sobre la Administración: es una excusa más, la sexta, buscada con la misma urgencia con la que se buscaron las otras cinco. Todo esto mientras un ingeniero de CORMACARENA, en visita técnica del 26 de agosto, ya había manifestado su desacuerdo con la evaluación que sustenta la tala, y mientras esa misma Corporación seguía —y sigue— sin resolver el fraccionamiento de permisos.

Seis excusas en siete meses, ninguna sostenida con lo único que en realidad se le pidió desde el principio: una fórmula de riesgo, un estudio de biodiversidad y una comparación seria entre tala, poda y cerramiento. Esa misma noche del 10 de septiembre, la VPV radicó ante CORMACARENA una petición urgente pidiendo la suspensión cautelar inmediata. A la fecha, CORMACARENA no se ha pronunciado y la motosierra sigue sonando.

Lo más elemental de todo es que la solución nunca fue difícil de encontrar: desde febrero, la comunidad y la VPV le vienen proponiendo a la Alcaldía lo que cualquier manejo arbóreo responsable contempla para un caso como este; una poda periódica de mantenimiento y la adecuación de la matera del árbol, es decir, ampliar el espacio de suelo permeable alrededor del tronco para que las raíces tengan dónde crecer sin levantar el andén. Sostener esa misma justificación durante siete meses, sin haber intentado siquiera las alternativas que se le propusieron desde el principio, no es un diagnóstico técnico: es la más trivial de todas las excusas, y retrata peor a la Alcaldía que cualquiera de las otras seis.

Lo que tiene la Alcaldía de Villavicencio no es un plan de manejo, sino un cajón de argumentos de repuesto que se abre cada vez que el anterior se cae, y una alternativa real —la que la comunidad y la VPV le entregaron desde febrero— que jamás se dignó siquiera a probar. Seis excusas, cero soluciones puestas a prueba: esa es toda la aritmética del caso. Y de fondo: la «autoridad ambiental» —CORMACARENA— ninguneada por no avalar la arbitrariedad de la Alcaldía. Cuando sí la respalda, nadie la pasa por alto.