Rafaela Cortés: de facilitadora de la paz total de Petro a fan del camuflado de Abelardo

#Editorial
20/11/2026
Por: El Protestódromo
Lo dijimos en julio de 2024, cuando la llamamos recalcitrante y frívola, y dos años después la impostura de la gobernadora apenas cambió de vestuario: el pasado 10 de noviembre se sentó frente a las cámaras de Semana –el altoparlante de Abelardo de la Espriella– en el comando de la Policía Metropolitana de Villavicencio, un fondo que, según ella, «da una imagen de autoridad»; como si la autoridad se consiguiera con utilería. Ahí, sin una sola pregunta incómoda de por medio, reescribió casi tres años de gobierno con una fórmula tan simple como cínica: lo malo es culpa de Petro, lo bueno es mérito de Abelardo, y de lo que le corresponde a ella, ni una palabra. El periodista no le exigió cuentas; le pidió que invitara al presidente, y ella lo invitó a comer mamona.
En ese libreto, la omisión más conveniente fue la de la paz: «Aquí la paz total fue incrementar la extorsión», sentenció la misma gobernadora que en 2024 hizo fila para sentarse en esa mesa. El 1 de junio de ese año, en Puerto Concordia, se reunió con integrantes de la mesa de diálogo con la disidencia de alias Calarcá y con el propio comandante; en agosto declaraba que «si ‘Calarcá’ quiere la paz y yo también, pues ya hay un punto de encuentro»; le escribió a Petro para que la dejara entrar, y el 10 de septiembre el comisionado de Paz, Otty Patiño, la designó facilitadora mediante la Resolución 90 de 2024 para «verificar la voluntad real de paz» del Bloque Jorge Suárez Briceño, la estructura de Calarcá en el Meta. Lo celebró desde la Casa de Nariño –»veníamos pidiendo al Gobierno Nacional desde hace meses que nos dejara ser parte de las mesas de diálogos regionales»– y en sus redes: «¡Buenas noticias para mi departamento! Tendremos voz en el proceso de paz con las disidencias de las Farc». Hoy, el gobierno que le dio la voz que tanto pedía es un «desgobierno», y de su papel de facilitadora apenas quedan unos «informes trimestrales» que menciona de pasada, como quien esconde una foto vieja.

Ese olvido no es casual, sino la coartada para el fracaso de la «seguridad total», que fue su eslogan de campaña, su programa de gobierno y el primer pilar de su Plan de Desarrollo, y que las cifras de la propia Policía dejan en evidencia. Según el SIEDCO, la extorsión en el Meta pasó de 513 casos en 2023 a 819 en 2024, su primer año en el cargo: un 60 % más; y entre enero y octubre de 2026 sigue un 47 % por encima del mismo periodo de 2023. En 2025, el departamento sumó 339 homicidios, la cifra más alta en cinco años. Ella lo sabía: «Cada vez perdemos más territorio frente a los grupos armados», dijo en julio de 2024; «todo el mundo está siendo extorsionado», repitió un mes después. Y hay una violencia que ni siquiera cabe en su seguridad total: la violencia intrafamiliar pasó de 1.540 casos registrados entre enero y octubre de 2023 a 3.056 en el mismo periodo de 2026, casi el doble, y ocho de cada diez víctimas son mujeres; todo mientras su plan de seguridad «con enfoque de género» figura con un 90 % de avance en su rendición de cuentas de 2025. Pero en el universo de Rafaela su eslogan nunca fracasa: con Petro, la culpa era de la paz total; con Abelardo, cualquier mejora será obra del «respaldo». Seguridad total para su discurso; inseguridad total para el Meta.
La coartada, además, tiene grietas: en noviembre de 2025 se quejaba en Semana de que «nos sentimos muy solos en temas de seguridad», y hoy lo conjuga en pasado –»nos sentíamos solos»–, como si Abelardo hubiera llegado a rescatarla; pero en la rendición de cuentas de ese mismo 2025, con Petro en la Casa de Nariño, su Gobernación presumía una extorsión 30 % más baja y unos resultados que «evidencian una articulación institucional efectiva entre autoridades y ciudadanía». O la gobernadora se sentía sola mientras su informe celebraba la articulación, o le dice una cosa a la prensa nacional y otra a la ciudadanía del Meta. Gobernadora, le recomendamos leer sus propios informes antes de sentarse otra vez frente a las cámaras.
Pero lo más revelador de la entrevista llegó con su fascinación por el camuflado, cuando, ante la pregunta de si confiaba en que la fuerza pública llegara a Mordisco y a Calarcá, la gobernadora confesó su fantasía: «no me falta ni colocarme el camuflado». Minutos después, el entrevistador le contó que el presidente había estado esa madrugada en un operativo en Norte de Santander, vestido de camuflado, y le preguntó: «¿Qué opinión tiene usted sobre eso?». «Mire, aquí hay que ponerle orden al país», respondió, porque un dirigente, según ella, tiene que ponerse «las botas», y «hay que ponerse las armas». Y volvió a la carga: «¿A usted le gusta cuando el presidente sale así?». «Me encanta», contestó, convencida de que «el orden manda un mensaje clarísimo del Estado». Y cuando le describió a De la Espriella regañando a los capturados y diciéndoles «Bienvenidos a la patria milagro», no vio un exceso, sino una promesa cumplida: «Eso es lo que dijo el presidente cuando hizo su campaña».
El operativo del que hablaban fue la Operación NOAH, en Tibú, contra el frente 33, parte de las disidencias de Calarcá: cuatro muertos y seis capturados; ante uno de ellos, el mandatario, disfrazado de militar, se burló: «esta que llora, mire». Es decir, la facilitadora que en 2024 buscaba un «punto de encuentro» con Calarcá hoy aplaude, encantada, que el jefe de Estado se burle de los detenidos de esa disidencia. De la mesa de diálogo al palco del espectáculo punitivo, sin escala en la vergüenza.
Más grave que el disfraz, sin embargo, fue el libreto que lo acompañaba: en esa entrevista dijo estar tranquila porque la fuerza pública «va a seguir dando unos buenos positivos al gobierno nacional, al gobierno departamental»; recordó que, cuando los operativos fallaban, «se molestaba uno porque estamos haciendo esa inversión y no ha pasado nada»; y se quejó de que, con el gobierno anterior, un oficial pudiera perder 30 o 35 años de carrera «por un mal operativo» y quedar «al otro día por fuera». Plata, exigencia de «positivos» y fastidio ante la idea de que los generales respondan por sus operativos: en Colombia esa ecuación ya tiene un saldo, y la JEP ya documenta 7.961 víctimas entre 1990 y 2016. Que una gobernadora la repita sin pudor en un medio nacional no es un descuido de lenguaje; es una irresponsabilidad monumental. Y como si faltara algo, recitó el catecismo uribista de la confianza inversionista –»cuando hay inversores hay riqueza, cuando hay riqueza hay empleo»– y convirtió la disidencia en un estorbo: según ella, hay que «no seguir polarizando», porque «ya se le dio la oportunidad a este gobierno» y «hay que acompañarlos», un llamado que, traducido, no es otra cosa que obediencia y acomodo.
Lo que queda en evidencia –aunque se sabía desde el principio– es que la paz que Rafaela Cortés pidió facilitar fue apenas una impostura estratégica, útil mientras le resultó rentable: con Petro pidió silla en la mesa con Calarcá; con Abelardo, en un gobierno que habla su mismo idioma, se declara «superfan» de la fuerza pública, sueña con el camuflado y aplaude las botas y las armas. Lo único constante en su mandato es que la culpa siempre es de otro y que el Meta sigue esperando la seguridad total que le prometió. Lo de Rafaela no ha sido una política de seguridad, sino oportunismo con uniforme prestado: aplaudir el camuflado del presidente le sirve para congraciarse con el poder de turno, pero no para borrar la memoria.

