Lo ocurrido ayer –14 de febrero de 2025– en el subnivel ubicado en inmediaciones del parque Los Fundadores de Villavicencio es la evidencia de la ineptitud de la Policía Nacional y la arbitrariedad con la cual Baquero pretende imponer su simulacro de gobierno. Colectivos de artistas de la ciudad convocaron una jornada con el fin de pintar nuevamente la consigna “Las cuchas tienen razón”; una acción reivindicativa que se suma a la coyuntura nacional como muestra de respaldo a la lucha de las madres buscadoras.

El grupo de aproximadamente 15 artistas inició el proceso de pintar e inmediatamente empezaron a llegar patrullas de la Policía Nacional con el propósito de torpedear esa legítima manifestación bajo la equivocada premisa de asegurar que se necesita un “permiso” de la Alcaldía de Villavicencio para la realización del mural.

Uno de los oficiales afirmó que la directora de Corcumvi –Lucila Gómez– le remitió un documento a la Policía Nacional exponiendo que no existía ningún “permiso” para llevar a cabo dicha intervención artística. Lucila Gómez elude de forma arbitraria e inconstitucional que la Sentencia C-009 de 2018 de la Corte Constitucional de Colombia establece que: “Así, es claro que la libertad de expresión es uno de los elementos esenciales de una democracia, en tanto el derecho político a la divergencia hace que la construcción de lo público (de la polis) sea realmente colectiva y participativa, puesto todos los actos que implican diversidad, son actos políticos. En términos más específicos relacionados con el derecho a la protesta, es claro que en una democracia participativa “el primer derecho: [es] el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”, pues ello desarrolla las ideas de autogobierno y protección de derechos fundamentales sobre las cuales descansa el Estado constitucional actual, que corresponden a un gobierno elegido por el pueblo para el cumplimiento de mandatos constitucionales preestablecidos en pactos colectivos.”.

Además, la Corte Constitucional fue clara y detallada al exponer que: “Concretamente, se desprende de lo anterior que los discursos políticos, religiosos, filosóficos, académicos, investigativos o científicos, estéticos, morales, emotivos o personales, artísticos o simbólicos, la exposición de convicciones, la objeción de conciencia, las expresiones cívicas o de participación ciudadana, el discurso de identidad que expresa y refuerza la propia adscripción cultural y social, entre otros, están protegidos por la Constitución a través del artículo 20 superior y de otros derechos fundamentales relacionados.” Es decir que, con base en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica son fundamentales, incluyen la protesta y están cobijados por las prerrogativas del derecho a la libertad de expresión.

Los anteriores argumentos fueron la base de las y los artistas para la notificación enviada a las entidades competentes conforme lo estipula el marco normativo nacional; no es necesario un “permiso” sino una notificación previa. Es importante resaltar que dicho razonamiento jurídico fue avalado por la delegada de la Defensoría del Pueblo, quien –conforme a sus funciones constitucionales- intentó mediar ayer ante la intransigencia de la Policía Nacional; institución que –con su habitual ineptitud– decidió tergiversar la normatividad y desconocer las facultades de la Defensoría del Pueblo.

Tanto la Policía Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales – GOES y los funcionarios de la Alcaldía de Villavicencio que llegaron al lugar evaden abiertamente lo declarado por la Corte Constitucional. Lo que vivieron ayer las y los artistas fue desproporcionado; más de 20 policías y 6 miembros del GOES restringieron el derecho fundamental a la libertad de expresión a partir de su acostumbrado abuso de autoridad bajo las constantes amenazas e intentos de interponer comparendos, solicitando información fuera de sus competencias e individualizando personas con un registro fotográfico que excede el procedimiento legal.

Podríamos cavilar en torno a la ignorancia de la fuerza pública de Villavicencio y su insulsa capacidad de comprensión de lectura del marco normativo nacional y de sus propias funciones; lo cual quedó en evidencia ayer cuando algunos oficiales aseveraron cosas como: “ese muro es privado porque es de la alcaldía”, “el Código de Policía está por encima de las sentencias”, “si no tienen permiso de Corcumvi no pueden pintar”. Sin embargo, lo cierto es que el alcalde es la primera autoridad de la policía en el municipio; él es el responsable de la censura de ayer y quien se ha dedicado a estigmatizar y criminalizar a quienes considera sus “contradictores” bajo su parcializada percepción moralista. Alexander Baquero dio la orden.

Fotografías: Ómar Eduardo Gómez Reina. Villavicencio, Meta. (Viernes 14 de febrero de 2025, 5:00 p. m. – 7:00 p. m.).