Caso 2: las cuentas no cuadran.

En el ejercicio de verificación de la relación de la prensa con el poder y de cómo desde las instituciones se cooptan los medios de comunicación y los/las periodistas, el contubernio y la autocensura, es importante saber cómo fueron los relacionamientos de tipo contractual y el gasto público en pauta oficial. Esto requiere una entrega aparte para explicar cómo desde las instituciones complejizan la labor de los medios de comunicación para acceder a la información. Establecer una cifra de lo ejecutado por ahora ha resultado imposible.

Esto puede pasar por muchas razones, aunque hay dos que podrían ser las más cercanas. En primer lugar, porque la administración entrante oculta la información, es decir, encubre a la gestión del mandatario anterior. Lo que evidentemente demostraría que hay pactos a alto nivel durante los procesos de transición o antes, incluso que se gobierna en cuerpo ajeno. La segunda, porque no tienen idea de lo que ejecutan, no hay claridad ni comunicación entre las diferentes dependencias y las oficinas de prensa; lo que solo se podría explicar como incompetencia.

Uno de los insumos en el trabajo de investigación de pauta oficial -tanto en la Alcaldía de Villavicencio y ahora la Gobernación del Meta en el periodo 2020 a 2023- son los documentos que la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP obtuvo vía derecho de petición a finales de ese último año. Desde luego, se revisan las bases de datos y portales como Secop, la información que entregan vía derecho de petición y se filtran en las bases de datos públicas los números de identificación de los medios de comunicación y periodistas para tener un panorama más claro.

El 8 de agosto de 2023 el funcionario César Alexis Cifuentes Marín de la administración de Juan Guillermo Zuluaga en funciones como Secretario de Comunicaciones le reportó a la FLIP $10.509.188.267 millones de pesos en pauta oficial a esa fecha, es decir que el gasto fue mayor, ya que en promedio los últimos meses son los que más se ejecuta. En el documento, Cifuentes relaciona que en el año 2020 se gastaron $1.429.288.267 millones. En 2021 la suma ascendió a $2.496.000.000 millones. En 2022 el gasto fue de $3.175.000.000 y para el 2023 (a agosto) las cuentas arrojaban $3.408.900.000.

La Veeduría Popular de Villavicencio – VPV radicó un derecho de petición en mayo de 2024 para acceder a la información, lo que en su momento sería sencillo considerando que ya se había entregado un reporte a la FLIP, pero sucedió lo contrario. En primer lugar, dejaron vencer los términos de respuesta por lo que se recurrió a la acción de tutela. La Gobernación obligada a responder lo efectuó por medio de la actual Secretaria de Comunicaciones, Leidy Sánchez Loaiza, quien lo hizo de manera parcial o quizás, saboteando la solicitud. Envió correos diciendo que adjuntaba información y no adjuntó ningún archivo, luego suministró algunos documentos y como si fuera poco reportó tan solo 13 contratos para el año 2020.

En ese momento, este medio de comunicación manifestó que esto no obedecía a la realidad considerando los más de mil millones que le fueron reportados a la FLIP. Pues bien, el resultado de esa disputa entre la Veeduría Popular de Villavicencio y la Gobernación del Meta -con el innecesario desgaste del aparato judicial- dejó en evidencia que Sánchez Loaiza ocultó información de manera intencionada o no, pero se reportaron datos erróneos. 

A la fecha -con las respuestas- las cifras no concuerdan. Para el año 2020 la funcionaria insiste en que el gasto fue de $101.800.000 millones de pesos. En el 2021 $808.517.999 millones de pesos. Para el 2022 lo enviado sumó $1.013.702.466 millones de pesos y cierra el 2023 con $2.258.788.866. Esto suma $4.182.809.331. Lo que quiere decir que entre lo reportado por la funcionaria y lo que Cifuentes (exsecretario de comunicaciones de Juan Guillermo Zuluaga) informó existe una diferencia de $6.326.378.936 millones de pesos. En efecto, las cuentas no cuadran.

Ahora bien, existía la posibilidad de que César Cifuentes se haya equivocado y haya enviado información errónea a la FLIP o que este haya sumado hasta los contratos de prestación de servicios de profesionales que trabajaron para la Gobernación. En aras de verificar esto se revisaron todos los contratos, tanto los de pauta, soporte técnico y de servicios del año 2023 que reportó Sánchez Loaiza a la VPV y las cuentas tampoco cierran.

En un primer archivo enviado con el nombre “Reporte contratos 2023” se cuenta un total de $769.027.866 millones de pesos y en el documento “Adiciones contratos secretaría de comunicaciones 2021 – 2023”, los contratos de servicios, pauta, adiciones y de servicios técnicos arroja un total de $3.739.868.958 millones de pesos (allí ya están sumados los 769 millones registrados en la parte de arriba). Esto significa que hay una diferencia de 300 millones de pesos.

A simple vista se podría decir que ese faltante son los contratos de prestación de servicios, pero no es así, porque en ese año lo reportado suma $1.735.503.426 en personal que trabajó para la Secretaría de Comunicaciones. ¿Cuál reporte será el correcto? El paso a seguir es revisar cada uno de los/las periodistas y medios de comunicación en las bases de datos del sistema de contratación pública, lo que a su vez mostrará si hubo o no direccionamiento en algunos procesos.