Caso 4: Secretaría de Movilidad.

En el ejercicio de control social que realiza la Veeduría Popular de Villavicencio y tras múltiples derechos de petición, algunos de ellos sin respuesta que se resolvieron mediante acciones de tutela, se logró tener acceso a contratos de pauta oficial. En esta entrega se expone lo realizado por la Secretaría de Movilidad. Aunque es muy importante resaltar que la administración de las “puertas abiertas”, como se autodefinía el gobierno de Felipe Harman, frecuentemente instrumentalizó de esa manera -sin dar respuesta- la labor de las veedurías forzando al desgaste del aparato judicial. 

Según los archivos entregados por la Secretaría de Movilidad en el cuatrienio señalado los contratos de pauta oficial sumaron un total de $506.492.000 de pesos. Durante el 2020 $85.680.000, 2021 $185.572.000, 2022 165.240.000 y en el 2023 $70.000.000, dinero que se ejecutó principalmente en el pago de labores tendientes a comunicar información de dicha secretaría en medios de comunicación digital en un alto porcentaje. 

Durante el 2020 los movimientos contractuales de la mencionada secretaría se hicieron sin que se evidencien patrones que llamen la atención por la forma de selección y ejecución, aunque sí hay algunos aspectos a resaltar. Dicho lo anterior ese año se resume de la siguiente manera:

Al revisar cada uno de los anteriores procesos de mínima cuantía se evidencia que casi todos tuvieron un solo oferente. Esto es extraño, ya que la contratación en Colombia de montos no muy altos y con criterios de idoneidad para nada complejos, suelen presentar muchas propuestas, pero para los contratos de pauta oficial de esta secretaría en el año 2020 no fue así.

Por ejemplo, para el contrato de mínima cuantía SMC 54 solo se presentó James Andrés García, mejor conocido como James Informa y, en ese proceso, el criterio de idoneidad era demostrar una experiencia de un solo contrato con un objeto similar y que su monto fuera igual o mayor.

Ahora bien, sería importante poder precisar el criterio a tener en cuenta para decidir qué contrato tenía más o menos presupuesto si casi todos tuvieron el mismo objeto. Por ejemplo, Misael Fierro, quien tiene un espacio en frecuencia modulada de varias horas al día recibió para ejecutar en el mismo periodo de tiempo 3 millones de pesos menos que James García, quien tiene un espacio muy breve en amplitud modulada. El AM hoy por hoy es un espacio con una audiencia ubicada mayormente en la ruralidad y el FM en los sectores urbanos. En ese sentido cabe preguntarse ¿Para un tema de seguridad vial de una ciudad es más efectivo pautar en FM o AM? 

En esta investigación -con la lectura de cientos de folios de contratos en varias entidades- se revela una tendencia que se fue acrecentando en los dos últimos años del gobierno de Felipe Harman, el entregar muchos millones de pesos a un grupo de comunicadores cada vez más reducido y que tienen sus espacios informativos en el mundo digital. 

Mientras que para el año 2020 en la Secretaría de Movilidad la mayoría de los recursos fueron destinados a radio y con una baja participación de la prensa escrita, para el 2021 se diversificó un poco, pero al mismo tiempo irrumpió la prensa digital. Con más de 185 millones de pesos para esa vigencia, la prensa digital recibió 46 millones de pesos, un equivalente del 25 % aproximadamente. A simple vista es mínimo, pero se empiezan a ver algunas tendencias. Víctor Edwin Jiménez de Decibeles y quien aparecerá en varias ocasiones en estas entregas, recibió dos contratos, uno de 10 millones y otro de 12 millones, la ejecución de los dos no sumó cuatro meses. Reaparece un comunicador que se mencionó en los contratos de Alborada, Mauricio Salinas de Villavo al Revés con 8 millones de pesos y también Fernando Betancourt de Vive el Meta con 8 millones, que además maneja contratación en alianza con el Grupo La Independencia; quienes también tendrán muchas menciones en esta investigación.

Los valores no parecen muy altos y al revisar el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública) tampoco hay muchos hechos por destacar, pero gradualmente se llegue al final de este documento compuesto por varios casos se irá revelando un “modus operandi” que apuntará al contubernio de la Alianza de Medios Digitales (AMDI) con el exalcalde Felipe Harman, en donde hay hasta -aparentemente- compra de medios de comunicación para lavarle la cara al dirigente. Por otra parte, hay que ver los contratos dentro de un todo y cómo desde diferentes secretarías salía plata al mismo tiempo para los mismos periodistas que, bajo esa tendencia, prácticamente estaban en la nómina del municipio. 

Para el 2022 desapareció por completo ese abanico de periodistas y el 100 % de la contratación fue a dar en un solo contratista, el Grupo La Independencia de Carolina Aristizábal, cuya dirección comercial es la misma de Vive El Meta de Fernando Betancourt. Sin embargo, más allá de las relaciones familiares, lo relevante aquí es la forma como se simplificó el proceso por el cual se entregaron más de 165 millones de pesos en dos contratos de mínima cuantía para que todo contractualmente fuera más sencillo.

El contrato de mínima cuantía SMC 176 de 2022 también tuvo un solo oferente, Grupo La Independencia, que obviamente se llevó el contrato sin tener que enfrentarse con otras propuestas. Pareciera que la competencia entre los comunicadores se acabó, pero al ver el pliego del contrato en el Secop surgen nombres mencionados en el 2020 y 2021, ya que el objeto contractual era cuñas radiales en AM y FM y como el Grupo La Independencia no es una emisora, desde luego necesitaba la autorización de espacios radiales para difundir la cuñas. 

James García, José Antonio Céspedes, José Darío Rojas, entre otros, como Damaso Bruno Barrera, quien posteriormente ingresaría a la nómina del municipio como empleado de la emisora Villavo FM. Poner de acuerdo a tantas personas y/o empresas para que cedan espacios en sus programas para que un tercero que se lleva la mayor parte del contrato, no deja de ser extraño, ¿o qué ocurrió para que nadie más ofertara en ese proceso? En los contratos de la Secretaría de Movilidad es recurrente que casi todos se adjudicaron en procesos donde solo hubo un proponente. 

El segundo contrato es el SMC 181 de 2022 por $82.440.000 de pesos que nuevamente solo tuvo un oferente, Grupo La Independencia, pero su objeto era la divulgación de campañas de seguridad vial en una página web. Al revisar las evaluaciones del proceso, se menciona que la contratista presentó certificaciones de medios de comunicación digitales para cumplir con las obligaciones contractuales y ahí aparecen nombres ya conocidos. 

Figuran: Noticias Llaneras de Lorena Pita, la misma de la entrega dos de Alborada en el contrato de Villavo al Revés. Steven Liévano, Villavicencio Día a Día, Villavo al Revés, Vive El Meta (autocontratación), Alerta Llano, Villavicencio Noticiosa, Qué Pasó en Villavo y Noticias de Villavicencio. La mayoría con relación directa en la Alianza de Medios Digitales (AMDI) controlada ampliamente por Edwin Jiménez de Decibeles, quien posteriormente se convertiría en Secretario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC de la administración de Felipe Harman.

Uno de los criterios de idoneidad de ese contrato era contar con más de 1.200.000 seguidores, una exigencia extraña porque ningún medio digital en la región los tiene, pero si se unen lo podían lograr o si se crea un criterio tan a la medida nadie más puede entrar y Grupo La Independencia estaría cumpliendo. Al sacar tan solo uno de estos medios el grupo en mención no hubiese podido justificar dicho criterio.

El Grupo La Independencia tiene sus orígenes en la política tradicional, se habla en los círculos de la prensa local que el político Óscar Apolinar lo fundó para hacer un periódico, idea que no llegó a buen término. Por ese negocio pasó Camilo Aguirre, exUTL de la congresista Jennifer Arias por el Centro Democrático. En algún momento –aparentemente– esa razón social pasó a manos de Fernando Betancourt, pero quien ha aparecido como representante legal es Carolina Aristizábal.

El último año de gestión de la Secretaría de Movilidad se adjudicó un solo contrato por 70 millones de pesos a Wilmer Albeiro Páez Bautista, la misma persona que en la entrega tres de esta investigación recibió 75 millones para ejecutar en el mismo periodo de tiempo, es decir, en diciembre de 2023 una suma de 145 millones de pesos. Uno de los primeros aspectos a destacar es que el contrato SMC 208 tiene fecha de publicación de la invitación el 7 de diciembre de 2023 y fecha de finalización el día 31 del mismo mes, pero lo más sorprendente es que la aceptación de la oferta fue el día 18. Es decir, la ejecución fue de 13 días.

El objeto de este contrato fue el servicio de perifoneo, en el único ítem se menciona que la unidad de medida sería hora y la cantidad 1.000, es decir 41 días de perifoneo, pero el plazo de ejecución fue de 13 días que representan 312 horas; bajo el entendido de que fuese las 24 horas del día, lo cual es improbable. Esto también significa que la hora de perifoneo costó $70.000 pesos y no hay certeza de lo sucedido con el resto de horas que no se alcanzaron a ejecutar. 

Los contratos de la Secretaría de Movilidad muestran un patrón claro de cómo con el paso del tiempo de la administración municipal anterior fue cambiando la manera de entregar la pauta oficial, de contratos hechos a la medida, de comunicadores reincidentes que ganaron ofertas como únicos proponentes y con objetos contractuales ambiguos. La aparición del Grupo La Independencia al parecer no es una casualidad, su participación en contratos se ve reflejada en procesos que se abordarán en las próximas entregas, en los cuales hay muchos aspectos singulares y que llaman la atención por sus montos, tiempos de ejecución y en la subcontratación de medios que pertenecen a AMDI. 

Descargue aquí la relación de contratos de pauta publicitaria de la Secretaría de Movilidad 2020-2023.