Caso 6: otras dependencias.

En el marco del ejercicio de control social de las veedurías y del periodismo y como resultado de acciones de tutela, se tuvo acceso a varios documentos que durante meses fueron negados por la administración de Harman y por la actual, en cabeza de Alexander Baquero, entre lo obtenido se descubrió que algunos gastos de pauta y/o publicidad no se reportaron en su momento y otros permanecieron ocultos. Por ejemplo, al acceder a la información de la Secretaría de Hacienda del municipio salieron a la luz procesos de los que no se tenía registro, incluso aparecieron nombres nuevos y otros ya conocidos en esta investigación.  

Así mismo, lo reportado por la Oficina de Contratación arrojó números muy diferentes a la sumatoria suministrada por la Secretaría de las TIC y otras dependencias. Uno de estos hallazgos es que la Secretaría de Movilidad informó $85.680.000 en gastos de pauta y publicidad en el año 2020, pero al revisar la información de Hacienda, Contratación y el Secop se encontraron $115.679.670 que tenían por objeto contractual difundir acciones, programas y proyectos de la Secretaría de Movilidad en el mismo año. Es decir, se dejaron de reportar $29.999.670.  

Lo mismo sucede en los tres años restantes, cifras que no coinciden. En total, en los cuatro años, en Movilidad no reportaron un total de $41.999.670. Por su parte, la Secretaría de Gobierno y Posconflicto informó que no tuvo gastos de pauta y/o publicidad en medios de comunicación durante esos cuatro años, pero en el documento entregado por la Secretaría de Hacienda se encontraron 8 contratos -$44.000.000- con objetos contractuales de difusión y prensa. 

En ese proceso de revisión aparecieron $72.832.560 con objetos contractuales relacionados a la difusión de acciones institucionales, $11.160.000 para un programa de cuencas y $28.407.000 para publicidad en medios de comunicación sobre cultura tributaria. Todo esto no figura en lo informado por TIC. Esto suma, en contratos no reportados y encontrados en diversas fuentes $156.399.560. 

Ahora bien, la Secretaría de las TIC solo reportó montos de los contratos, pero no las adiciones, estas no fueron informadas, pero se encontraron. Por ejemplo, en el año 2023 hubo adiciones por $118.716.000 ejecutados en 16 contratos. Todas estas fueron firmadas en los últimos meses del gobierno de Felipe Harman. Las causales de adición son las mismas para todos los procesos “se hace necesario continuar con el servicio de divulgación en un espacio publicitario”. Curiosamente, en los años 2020, 2021 y 2022 no “se hizo necesario”. Algunos periodistas de la región son conscientes y manifiestan abiertamente que las prórrogas y adiciones se hacen casi siempre en el último año con los medios y/o periodistas como una especie de premio y/o “reconocimiento de la lealtad”, como lo afirmó una colega de un medio de comunicación radial de Villavicencio. 

Los procesos de la Oficina de Contratación sumaron más de dos mil cien millones de pesos, y aquí no solo hay datos de las TIC, sino de otras entidades y secretarías. Otro hecho relevante es que Contratación también informó el total del gasto de pauta, de periodistas y profesionales de la comunicación contratados para que desde la administración municipal generaran información para la difusión de las acciones institucionales. Este valor es de $5.099.702.834.

La Secretaría de Salud reportó un gasto oficial en pauta por más de 143 millones de pesos ejecutado todo en el año 2021 en 15 contratos. El Instituto de Turismo de Villavicencio informó gastos en pauta por $139.682.250, el principal rubro fue para la comunicación digital con más de 71 millones, Mauricio Salinas de Villavo Al Revés fue quien más contrató con casi el 60 % de ese total. Sus contratos fueron de 15 millones en promedio cada uno, mientras el resto de comunicadores digitales estuvieron en el millón y medio por cada contrato.

Corcumvi por su parte, suministró información de lo ejecutado, que en realidad no suma un monto muy alto, lo relevante es el mismo modo de realizar los procesos y adjudicarlos, una copia de lo ya visto en Alborada. Únicos oferentes, seguidores en redes sociales y algo que se empezó a ver conforme avanzaba la investigación; contratos a un periodista que subcontrata a otros medios. Una sola persona presenta documentación de varios colegas, así como certificados de esos medios de comunicación y de esa forma legitiman cientos de miles de seguidores. 

Si bien esta figura no es ilegal, sí vulnera la pluralidad informativa, ya que se crea una especie de narrativa dependiente de los seguidores y no de los contenidos, del equilibrio, del contraste; por lo que la información institucional se transmite tal cual se recibe de las oficinas de prensa. Muchos comunicadores no solo no reciben pauta, lo cual no es lo grave, sino que son sacados de la órbita del acceso y entrega de información oficial. El manejo de la pauta con amigos, con cercanos al mandatario de turno o a un grupo en evidente contubernio con las administraciones crea periodistas y medios de comunicación de primera y segunda clase.

En la siguiente entrega y última de esta investigación, se verá cómo el grueso de los contratos quedó en manos de un grupo muy reducido de comunicadores, cómo algunos eran funcionarios y al mismo tiempo ejecutaban pauta. En Corcumvi, en junio de 2023, se firmó el contrato 104-2023 -de mínima cuantía- por $32.400.000 para la prestación de servicios y que, a su vez, aglutinaba a un grupo de comunicadores, todos de la esfera digital: Steven Liévano, Qué Pasó en Villavo, Pase la voz, Noticiero Macarena, Agenda Informativa Villavo, Misael Fierro y Llano al Mundo. Entre los requisitos se establecía contar con páginas web y redes sociales que sumaran 250 mil seguidores. Ese proceso tuvo una sola oferente, Zulma Alcántara Neira, de Decibeles FM.

Ese medio de comunicación está en varios contratos de pauta oficial con Edwin Jiménez como firmante del 2020 al 2022. Como dato curioso, Alcántara olvidó mencionar que sí tenía compañero permanente cuando presentó la declaración de conflicto de interés, en ese documento manifestó que no tenía, pues bien, Edwin Jiménez es su esposo y para el momento de la firma del contrato él se desempeñaba como secretario de las TIC del gobierno de Harman. Finalmente, ese contrato recibió adición y prórroga finalizando en diciembre de 2023 con $48.600.000. 

La Empresa Social del Estado – ESE Municipal reportó pocos contratos de pauta oficial, la mayoría de lo informado se relaciona con contratos de prestación de servicios o CPS. Aunque llama mucho la atención el proceso adjudicado a la empresa casanareña HabitSalud SAS, representada por Luz Dary Plazas Mojica, por $148.500.000 para la elaboración y ejecución de un plan de medios para la prevención del Covid 19. La documentación fue firmada en septiembre de 2020 y contemplaba publicidad radial (jingle), actividades en redes sociales, creación y difusión de newsletter, animación gráfica para televisión, programas radiales y un pódcast. La contratista en su registro de cámara de comercio (Casanare) tiene como actividad principal la atención de la salud humana, la secundaria es de consultoría, otra de publicidad y una cuarta de organización de convenciones.

Dentro de sus experiencias reportó contratos con las gobernaciones del Meta y Casanare para las mismas actividades. También se evidencia en el Secop que ha contratado para suministrar recipientes para segregación y almacenamiento de residuos hospitalarios, interventorías técnicas, jornadas de salud, formulación de estrategias para la atención de enfermedades prevalentes en la infancia AIEPI y encuentros de participación. Así mismo, dos contratos relacionados con planes de medios de comunicación. Desde diciembre de 2021 esa empresa ya no registra contratación pública en la región.

Una de las entidades más reticentes para entregar información es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, que escudándose en su naturaleza mixta se ha negado a brindar respuesta a los derechos de petición. Se han instaurado peticiones, acciones de tutela y recursos de insistencia sin que -hasta ahora- suministren o respondan de fondo. Por el momento, la información que se ha recogido de la entidad proviene de filtrar procesos en los portales de contratación.

En la entrega siete de esta investigación se informarán los principales hallazgos y conclusiones sobre la pauta oficial, la autocensura, el contubernio entre medios de comunicación, periodistas, el poder y la “crisis del periodismo” que, según algunos colegas, se debe netamente a factores externos y -supuestamente- nada tiene que ver directamente con el ejercicio del oficio.