En 2019, cuando el gobierno de Iván Duque le pidió a la Corte Constitucional una «modulación» de su sentencia para poder volver a fumigar, la Corte le dijo que no, que relevar al Estado de gestionar el riesgo de la aspersión aérea era dejar en la nada los derechos protegidos en 2017 (Auto 387); siete años después, el gobierno de Abelardo de la Espriella vuelve al mismo camino con otro ingrediente activo, y lo hace pasando por encima de un orden que el Acuerdo de Paz dejó escrito —primero la sustitución voluntaria; si fracasa, la erradicación manual; solo si fracasa también esa, y «previa satisfacción de los estándares jurisprudenciales», la aspersión aérea, tercera alternativa y último recurso—, como si el orden fuera un adorno y no una condición, y como si lxs campesinxs del Putumayo, del Guaviare, del Meta, a quienes el Estado les llega otra vez por el aire, fueran apenas un detalle logístico.

El 7 de agosto, en Cali, el presidente prometió herbicidas «de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente» —tres garantías en una sola frase y ninguna con estudio adjunto—, y once días después el Consejo Nacional de Estupefacientes, en la resolución del 18 de agosto con la que derogó la suspensión del glifosato de 2015, escribió que «no existe un Plan de Manejo Ambiental General vigente para el componente aéreo del Programa, ni se ha agotado el proceso de consulta previa», lo que le impide contar con el concepto favorable que exige la ley; es decir, que un viceministro firmó el reconocimiento de que aún no se reúnen las condiciones para ordenar la aspersión aérea, mientras otra resolución suya, fechada también el 18 de agosto, ordenaba un piloto con glufosinato de amonio en Putumayo, con dos aviones AT-802.

Cambió el ingrediente activo, pero la fórmula sigue igual, algo que la Corte ya había previsto en 2017 al ordenar consultar a comunidades Nasa de Orito y Puerto Caicedo, en Putumayo, cuando advirtió que reanudar la erradicación «con cualquier sustancia tóxica» exigía autorización de la autoridad ambiental y los procedimientos previstos para comunidades étnicas (T-300). Esa misma Corte había exigido, antes de decidir si se fumiga, «evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño», y sin embargo, el comunicado con el que la Policía Antinarcóticos anunció el piloto, el 10 de septiembre, dice que este «permitirá generar información técnica y científica» para determinar si conviene aplicar glufosinato desde el aire; es decir, primero fumigar y después saber, en un experimento cuyo laboratorio es la parcela y la salud de una campesina o de un campesino.

El Gobierno repite que la coca se disparó desde que se dejó de fumigar en 2015, y si bien las cifras muestran que bajó de 137.000 hectáreas en 2001 a menos de 48.000 en 2012, con aspersión aérea de por medio, y que luego subió a unas 171.000 en 2017 y a unas 261.000 en 2024. Ese dato debe mirarse así: mide cuántas hectáreas había y no qué las hizo subir o bajar, y la Corte ya le negó en 2019 a otro gobierno el salto de ahí a concluir que la salvación es el avión, al decir que la profundización del problema «responde a una lógica multicausal y no solo se circunscribe a la aspersión aérea»; y lo demás que se sabe apunta en otra dirección: el Auto 387 recoge que el 63 % de las hectáreas asperjadas ya habían sido asperjadas el año anterior, es decir, que la mata volvía a salir donde el avión ya había pasado, y el último informe de la UNODC muestra que en Putumayo, justo donde se quiere ensayar el avión, el área con coca bajó 12 % en 2024, sin aspersión aérea y en zonas donde el propio informe registra «coincidencia espacial» con erradicación manual, mientras subía en Nariño, Cauca y Norte de Santander, en lo que la UNODC llama «efecto de compensación territorial». Una política que baja la coca en un departamento para verla subir en otro, o que repite el vuelo sobre el mismo lote, no fracasa por el ingrediente activo sino por el modelo, y ese fracaso se mide en hectáreas pero lo pagan siempre lxs mismxs.

El Gobierno responde que la coca financia a grupos armados, pero ese argumento no explica por qué hay que empezar por lo que el Acuerdo dejó de último; y hay, además, una alternativa medida: en 2019 el PNIS registraba, según la ONU, una resiembra de 0,6 % con más de 97.000 familias inscritas, y esa es la pregunta que debería estar haciendo el Gobierno antes de comprar herbicida: qué pasó con esas familias.

Lo que se «ensaya» con el avión tiene nombre: ultraderecha y fallida guerra contra las drogas. Esto se reconoce por tres rasgos: el primero es securitizar el campo, responder con aviones a lo que el propio Estado describe como pobreza: la resolución de la ANLA que la Corte anuló en 2021 registra, sobre Tumaco, «condiciones de marginalidad, pobreza y exclusión» que hacen de la coca «la única fuente de empleo e ingresos» de la población rural, y a esa población se le responde con la Dirección de Antinarcóticos.

El segundo es la ciencia a la carta: para derogar la suspensión, la resolución cita a la ECHA, a la EFSA, a la Comisión Europea, a la EPA y a la Corte Suprema de Estados Unidos, todas sobre el glifosato y casi todas más benignas que la clasificación de la IARC, y aunque justo es decir que el texto es más prudente que el presidente, porque admite que la sentencia estadounidense no resuelve «la controversia científica subyacente», el método es simple: se citan estudios ajenos para justificar la derogatoria, y la prueba que exige la Corte, la evidencia concluyente de que no hay daño, se aplaza hasta el piloto.

El tercero es criminalizar a quien reclama, y reclamar, en tiempos de aspersión, ya salía caro: según una interviniente ante la Corte, de 17.643 quejas por daños el 96 % fue negado o archivado y apenas 474 fueron procesadas para recibir compensación, con exigencias como las coordenadas GPS y la fecha y hora exactas y con la Policía Antinarcóticos como juez y parte. Hoy se suma otra cosa: la Fundación Tiempo de Cambios, de Puerto Asís, presentó una tutela y el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito ordenó el 11 de septiembre, como medida provisional, suspender cualquier aspersión con glufosinato en Putumayo mientras pide al Gobierno los estudios que sustentan el piloto, y su representante, Jhonatan Meneses, denunció después que les escriben que son «terroristas», «narcotraficantes», que «nos van a asesinar», y dijo la frase que resume el estigma: «si uno ya hace una reclamación de un derecho fundamental, pues ya le dicen a uno que uno es narcotraficante». Reclamar un derecho como confesión de un delito: eso no es una política de drogas, es una política de silencio con avioneta.

En la vida diaria todo esto significa que el campesinado —sujeto de especial protección constitucional desde 2023— se entera por la radio, si hay radio. En 2021, la sentencia T-413 tuvo que explicarle al Estado que no se puede convocar una audiencia virtual donde no hay garantía de conectividad, cuando apenas el 24,6 % de los hogares del Guaviare y el 55,2 % de los del Meta tenían internet (DANE, 2019), y en el Meta municipios como Vistahermosa, Puerto Rico, La Macarena y Mapiripán estaban en los núcleos de operación del programa de entonces, mientras en Policarpa había veredas a ocho o diez horas de la cabecera, «en carro, luego lancha, luego caballo». La resolución del 18 de agosto reparte así los derechos: en los polígonos que el Ministerio del Interior certifique sin comunidades étnicas se puede prescindir de la consulta previa, y a lxs campesinxs les queda la «participación ambiental efectiva», mientras la deriva no distingue entre lo lícito y lo ilícito y llega igual al cacao, al limón y al pancoger de la parcela de al lado. Todo esto ocurre en un campo al que rara vez llegan las cámaras, donde la Defensoría contó 90 líderes sociales asesinados entre enero y julio de este año, y ese es el terreno sobre el que volaría el avión.

Lo que se juega no es solo el campo sino el Acuerdo mismo, porque un Acuerdo que se cumple de atrás para adelante deja de ser una condición y se vuelve un adorno, y la Unidad de Implementación reportó en septiembre de 2025 que los planes de la Reforma Rural Integral avanzaban, en promedio, un 30 %, de modo que el avión llegaría antes que la Reforma, antes que las promesas que el Estado firmó hace diez años.

Un Estado que le pide a lxs campesinxs que demuestren que el herbicida no los enferma, y que rocía primero y mide después, no está combatiendo la droga sino el derecho, y sabemos cómo termina un experimento así: sin sujetos de prueba que se quejen. Por eso importa que alguien se queje, que una fundación de Puerto Asís haya logrado que un juez frene el piloto mientras el Gobierno muestra sus estudios, que quien reclama pueda seguir reclamando sin que le cuelguen el rótulo de narcotraficante, porque en un país donde reclamar sale caro, seguir exigiendo pruebas es lo único que impide que el experimento se vuelva costumbre.