Caso 1: Alborada, contrato 083 de 2023.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP en el pasado cuatrienio (2020 – 2023) del mandato local, las principales gobernaciones y alcaldías se gastaron 650 mil millones de pesos en publicidad oficial, la cual, en muchas ocasiones, se usó no para informar a la ciudadanía, sino para fomentar la imagen del político de turno y sus intereses particulares. El asunto no es que el periodista o el medio de comunicación reciban pauta oficial, sino el propósito que tiene la misma y la casi obligada autocensura que se origina. 

La FLIP ha destacado que en casi todos sus ejercicios de análisis de pauta oficial se han encontrado propósitos como: “amarrar fidelidades, acallar críticas, enaltecer la imagen propia de las y los políticos y de sus partidos, contratar a dedo, viciar constantemente los principios de contratación estatal y de subsidiar de manera encubierta a medios de comunicación que enfrentan urgencias financieras”. Esto convierte a la pauta oficial en una de las herramientas más eficaces para que los politiqueros se “laven la cara” de manera constante y, lo más importante, a costo cero para ellos porque todo sale del erario. 

Según la FLIP la alcaldía de Felipe Harman se gastó más de 1.600 millones de pesos y la gobernación de Juan Guillermo Zuluaga más de 10 mil millones de pesos en pauta oficial. Lo de la administración departamental es de destacar, ya que superó a Santander y se ubicó muy cerca de departamentos muy poderosos en presupuesto anual como Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia. 

Descifrar cómo funciona la pauta oficial es complejo, ya que no solo se generan contratos desde las oficinas de despacho o secretarías, también sale dinero desde las entidades descentralizadas, pero, lógicamente, obedeciendo a instrucciones precisas del mandatario de turno. Por ejemplo, en la naciente empresa municipal Alborada, creada por Felipe Harman en 2022, se entregaron tres contratos (tres periodistas) en el año 2023 que sumaron más de 172 millones de pesos para que se ejecutaran en dos meses y medio, entre mediados de octubre y diciembre de ese año. 

El publicista Wilmer Albeiro Páez recibió 75 millones, seguido de James Andrés García Velásquez (James Informa) con más de 69 millones y José Mauricio Salinas de Villavo al Revés con 28 millones. Lo curioso de estos tres contratos es el poco tiempo de ejecución considerando procesos de otras entidades y algunos aspectos que saltan a la luz al observar con detenimiento cada uno de los documentos del pliego de contratación. 

En el contrato 083 de 2023, por el cual el periodista James García recibió más de 69 millones de pesos, se evidencia que su propuesta fue la más económica al revisarse el valor individual de cada servicio y, sobre esas tres propuestas, Alborada realizó la asignación del contrato de mínima cuantía.

Ahora bien, al revisar las otras dos cotizaciones se pueden observar los primeros hechos que llaman la atención. 

Lo primero a destacar es que los valores son similares, difieren por unos pocos pesos, y en otros los servicios tienen el mismo valor. En el mundo digital esto es una rara coincidencia por lo subjetivo de evaluar el costo, por ejemplo, de una transmisión en vivo, por lo que, la coincidencia es extraña. Por otra parte, si se comparan los valores entre la propuesta ganadora (James Informa) con la de Villavicencio Día a Día; la diferencia es de tan solo 10 mil pesos y se da en el ítem 1, los demás tienen los mismos valores. 

Cabe aclarar que, en las invitaciones a cotizar, Alborada le pide a los periodistas que manifiesten la cantidad de sus seguidores en las respectivas redes sociales y esto es crucial como se detalla más adelante. 

Posteriormente, el 30 de agosto de 2023 el funcionario Jhon Carlos Gutiérrez Cano, Subgerente Administrativo y Financiero de Alborada, certifica que para el contrato de prestación de servicios para la divulgación y promoción hay $69.990.000. Si hubiese sido de tan solo 10 mil pesos más todo cambiaba, los números no cerraban porque las ofertas son casi iguales y esos mismos 10 mil pesos fue la cifra que finalmente termina por darle el contrato al ganador. 

El 19 de septiembre de 2023 se firma el documento de estudios y documentos previos para contratar, en donde aparece en el apartado de idoneidad que el comunicador debe sustentar mínimo 300 mil seguidores en sus redes sociales. En las cotizaciones esto fue solicitado y cumplía un oferente. Es decir que cuando se hizo el documento ya sabían que solo ese oferente reunía dicho requisito de “idoneidad”, el mismo de los 10 mil pesos menos. Es muy importante resaltar que la cantidad de seguidores no implica alcance ni reacciones y mucho menos interacciones. Los seguidores se pueden comprar, pero el impacto no. 

En ese mismo archivo se entregan las condiciones generales del contrato, obligaciones específicas del contratista, las cuales fueron: 

En ninguna parte se mencionan las cantidades a entregar por cada ítem, por lo que vale la pena preguntarse si el supervisor del contrato hubiera aceptado números más bajos de cada uno de ellos al no tener un mínimo o un máximo. Así mismo, en las herramientas de control y monitoreo del contrato sería imposible establecer el indicador para medir, por ejemplo, si es un indicador de impacto, de cumplimiento, de eficiencia, eficacia, etc. Esto último es crucial para saber el impacto del gasto público en unos servicios acordados de manera tan subjetiva. 

En ese sentido se entiende que al sumar el total de productos entregados el resultado debe ser $69.990.000 de pesos, de ahí la dificultad para saber previamente el impacto que alcanzaría el recurso mencionado. Así mismo, el informe final da cuenta que el principal ítem alcanzado fue el 1, en el cual hubo 257 banners que arroja un total de más de 59 millones de pesos. El banner usado era uno que mencionaba que Alborada era una empresa 100 % pública. Curiosamente, los ítems que podrían tener mayor impacto: el 3 (publicaciones) y el 4 (transmisiones en vivo), fueron los que menos se ejecutaron (8 publicaciones y 5 en vivos) para un valor que supera los 3 millones de pesos. 

Lo que se resalta en los procesos de pauta oficial es la casi obligada autocensura que se origina en el periodista y/o medio de comunicación, en ese sentido y considerando el contrato 083 de 2023, es curioso ver cómo antes del mencionado proceso la crítica a la administración municipal se hacía con vehemencia y, luego de la pauta, el tono cambia, hasta se hace muy amigable con el mandatario de turno.

La documentación que le fue entregada a este medio de comunicación (368 páginas) del contrato 083 de 2023 podría considerarse un paso a paso de la forma como una oficina jurídica de una entidad pública confecciona un contrato para que un oferente gane. A su vez, cómo los oferentes, al parecer, se prestan (propuestas y/o cotizaciones) para que alguien se lleve el contrato, creando coincidencias muy obvias en los valores, en la forma de poner las fechas (solo mes y año) y la entidad pública recibiendo las propuestas. Todo hecho, presuntamente, para que un contrato de pauta se entregue al ungido por el mandatario de turno. 

Descargue aquí todos los documentos mencionados en esta primera entrega.