Los ánimos se calentaron tanto que, cuando los guardas de seguridad privada se metieron en la discusión a favor de los funcionarios de CISA -Central de Inversiones S.A.- la gente de la comunidad no aguantó más y con la voluntad de la indignación levantaron las polisombras y los postes que estaban rodeando el parque del barrio Santa Matilde, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá D.C. Corría el 11 de mayo de 2024 y lo que parecía una iniciativa de unos pocos vecinos para reclamar su derecho al espacio público, en minutos se convirtió en una manifestación multitudinaria.

La historia de este parque parece un caso de volteo de tierras en el que mafias enquistadas en las instituciones se confabulan con privados para adquirir terrenos a cifras irrisorias y en detrimento de las comunidades. La diferencia en este caso es que la comunidad ha reaccionado aparentemente a tiempo y, por ahora, han logrado que su preciado parque no se convierta en la posesión de una empresa de construcción que hará casas o edificios o cualquier cosa que se les ocurra. 

Los 5.500 metros cuadrados en su momento le pertenecieron a un hacendado de la Bogotá que apenas se expandía para todos lados, tras su muerte el predio quedó abandonado sin que nadie lo reclamara, convirtiéndose en tierras baldías que el Estado asumió, es decir, en propiedad de los colombianos y las colombianas. Posteriormente, y con la llegada de los barrios, de las avenidas y de los edificios, los habitantes del barrio Santa Matilde y Ciudad Montes lo convirtieron en su parque al que gradualmente le fueron incorporando canchas de fútbol, juegos, más árboles y hasta una huerta comunitaria. 

En su momento el predio estaba bajo la administración de Cofinpro S.A., una de esas entidades de economía mixta que se inventaron, de las que hay muy poco control y que no brindan información a las veedurías porque se camuflan en el pretexto de que su actividad es privada. Pues bien, desde el año 2002 entró en liquidación por orden del Gobierno Nacional (Decreto 3181 de 2002) y en el 2021 CISA S.A., otra entidad de economía mixta, que administra propiedades del Estado, compró el predio a Cofinpro S.A. por $275.380 pesos. 

Al poco tiempo del regalo con cara de “transacción”, CISA puso a la venta el terreno por 13 mil millones de pesos, unas 49 mil veces más de lo que les costó. En ese momento la comunidad empieza a darse cuenta de que algo raro pasaba con su parque y empezaron los derechos de petición y las tutelas sin que pudieran obtener información de fondo. La entidad (CISA) se ha refugiado en su condición de economía mixta y ha negado en reiteradas ocasiones las peticiones. 

Quien estuvo detrás del negocio en CISA fue la funcionaria Nora Tapia Montoya, una abogada nombrada por el entonces ministro de hacienda Alberto Carrasquilla en el año 2019 como presidenta de la entidad. Posteriormente, con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, se designa a Nicolás Corzo, quien atendiendo los llamados de la comunidad propuso que el barrio se quede con el 40 % del predio y que el resto lo vendería CISA. Ante la negativa de los habitantes el ofrecimiento pasó al 70 %, pero la comunidad sigue firme diciendo que no. 

El caso pasó a manos de la Inspectora 16 A Urbana de la policía de la Alcaldía Local de Puente Aranda, Bogotá D.C., Nelsa Bayona Córdoba, quien convocó para el 8 de mayo a las partes, CISA y la Junta de Acción Comunal, a una diligencia policiva para dirimir el asunto. A esa diligencia, la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Flor Sáenz de Rodríguez, no se presentó, aduciendo posteriormente que no le habían notificado. Ese día, la inspectora, -ante la ausencia de la contraparte- le dio la razón a CISA, quien, a su vez, el 11 de mayo procedió a tomarse el parque situando guardas de seguridad privada y un cerramiento perimetral. 

Ese mismo día la comunidad retiró el cerramiento e hicieron un campamento para resistir ante lo que consideran un atropello, robo y hasta volteo de tierras. Desde ese momento la presencia de habitantes del barrio en el parque es permanente y esperan que el asunto se resuelva de fondo por parte del Tribunal Superior de Cundinamarca, instancia que tiene una Acción Popular interpuesta por la comunidad para frenar la venta del terreno, que los declaren como tenedores históricos del predio y, por qué no, que dé cabida al inicio de las actuaciones disciplinarias y penales contra los responsables en CISA en caso de un dolo en la mencionada transacción inmobiliaria.