Jorge Elí Pabón, alias “el negro”, caminó hacia una camioneta Subaru de color vinotinto, era el miércoles 17 de diciembre de 1986, quien conducía el automóvil era Guillermo Cano Isaza, director del periódico El Espectador, el periodista que hizo públicas varias denuncias contra carteles del narcotráfico y sus líderes como Pablo Escobar, incluso lideraba investigaciones contra políticos y su asociación con la mafia. Pabón abrió fuego en ocho oportunidades con su ametralladora impactando en el pecho del periodista, Cano murió en el acto.

Por ese crimen el Gobierno Nacional en nombre del Estado colombiano pidió perdón a familiares y colegas del periodista por la incapacidad del país y de las instituciones de proteger a un ciudadano que denunció en múltiples oportunidades que temía por su vida. Así mismo, por la indiferencia en la investigación de la muerte, lo que alimentó la impunidad y que, a pesar de haber encontrado fallas y elementos de juicio, engavetaron la investigación durante 17 años. En un editorial del mismo medio de comunicación publicada el 10 de febrero, la familia y el periódico aceptaron las disculpas públicas, pero protestaron por la violencia que aún se mantiene en Colombia.

El país históricamente ha silenciado a la prensa y a las personas que alzan la voz por los actos de corrupción, por toda clase de delitos y por el contubernio de dirigentes con delincuentes y el narcotráfico. Guillermo Cano fue un periodista que no se detuvo cumpliendo a cabalidad con su responsabilidad social, siendo responsable de investigaciones de alto impacto en Colombia. Puso a disposición su medio de comunicación para evidenciar la lucha y los resultados del ministro de justicia de la época, Rodrigo Lara, contra la mafia, lo cual también desencadenó en el asesinato del político.

A pesar de todos los actos de presión contra el periódico, Cano no se detuvo y cuando recibió intentos de chantaje por parte de sus patrocinadores -pauta- siguió adelante, incluso, dando una pelea que tres años después provocaría su asesinato. El 25 de agosto de 1983 Cano Isaza republicó una nota de 1976 que daba cuenta de que el entonces congresista Pablo Escobar Gaviria sí estaba ligado con el narcotráfico, cuando cayó detenido con treinta y nueve libras de cocaína. Esa nota periodística provocó que el Congreso le retirara su inmunidad parlamentaria y la Fiscalía libró orden de captura en su contra por el asesinato de dos agentes del DAS. 

Desde ese momento las amenazas le llovían al periodista que respondía con notas de prensa en las que calificaba a Escobar y a sus socios como lo que eran: mafiosos de la peor calaña. Virgilio Barco, presidente de la República de entonces, revivió el tratado de extradición de criminales asociados al narcotráfico y Cano volvió a enfilar contra los delincuentes. El 16 de diciembre de 1986 firmó su último editorial titulado “Se le aguó la fiesta a los mafiosos”, en el que hablaba de la extradición inminente o del camino que les esperaba a estos, como a Pablo Escobar. Al día siguiente fue asesinado.

Desde ese momento pocas cosas han cambiado en Colombia con relación a los y las periodistas que deciden hasta arriesgar sus vidas para que la verdad surja, para que las denuncias ayuden a las autoridades en los procesos investigativos y para que las comunidades mantengan su creencia en el Estado y en las instituciones. El periodismo ayuda a construir confianza, teje redes comunitarias, es una especie de último eslabón para garantizar que la impunidad no impere y que triunfe el estado social de derecho. La autocensura a la que se someten algunos y algunas periodistas que se alían con el poder es uno de los gérmenes para que la corrupción siga campante y para la debacle de este noble oficio.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, Colombia es uno de los países más violentos para el periodismo de la región y el mundo con 165 periodistas asesinados en toda la historia, solo superado por México y Ucrania. Desde Eduardo Galarza, el primer caso en ser documentado en 1938 hasta Mardonio Mejía, director de la emisora Sonora Estéreo, ultimado a balazos el 24 de enero de 2024 en el municipio de San Pedro, Sucre.

En ese baño de sangre contra la lucha por la verdad es necesario preguntarse si la sociedad colombiana merece esos actos de sacrificio, ya que muchos y muchas periodistas conocían ampliamente su situación de seguridad y a pesar de ello continuaron. La mayoría de estos crímenes siguen en la impunidad y casi en el olvido por el país, como el de Guillermo Cano, Jaime Garzón, Diana Turbay y Julio Daniel Chaparro.

El olvido por parte de los colombianos y colombianas es precisamente el factor que desencadena que la violencia se perpetúe, aunado a la desidia del Estado y de las instituciones para el esclarecimiento de los actos de violencia. El periodismo es uno de los pilares para la recuperación del país, para avanzar por mejores rumbos, tal cual lo soñaba Cano y como lo evidenció en su último editorial antes de ser asesinado por órdenes de Pablo Escobar y sus socios de cuello de blanco:

“Así como hay fenómenos que compulsan el desaliento y la desesperanza, no vacilo un instante en señalar que el talante colombiano será capaz de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más justa, más honesta y más próspera”.

Fragmento del último editorial firmado por Guillermo Cano, publicado el 17 de diciembre de 1986.