Al periodista de Villavicencio Juan Guzmán (Bruticia Malecha) desde RTVC – Sistema de Medios Públicos le adjudicaron pauta oficial para la Agencia Nacional de Tierras – ANT por medio de órdenes de compra, esto duró menos de dos meses y, cuando el comunicador se atrevió a hacer críticas en donde se mencionaba al exalcalde de Villavicencio y hoy director de la ANT, Felipe Harman, le llegó una orden de parar las publicaciones. No está claro por qué le pidieron que se detuviera, como tampoco si la orden vino tras difundir que ese director trabaja con miembros de los clanes políticos que históricamente han manejado al departamento del Meta.

El pasado 16 de agosto de 2024 se firmó el documento OT1427 para realizar publicaciones de la ANT dentro de una estrategia de segmentación y alcance para difundir banners y artículos de prensa en la página web www.lamermelada.co así como en redes sociales. Durante ese mes se compartieron ocho informes de la mencionada agencia entorno a la recuperación de baldíos, compra y entrega de tierras. Lo curioso es que, de ese número total, tan solo una publicación tiene que ver con el Meta, la región en la que el periodista tiene su nicho de audiencia.

Para el 16 de septiembre vino la segunda orden de pauta mediante el documento OT1455, el objeto y la estrategia seguían siendo los mismos. También se hicieron ocho publicaciones de diverso formato, entre piezas gráficas, fotografías, videos y boletines de prensa. En ese mes no hubo una mención directa a procesos de esa entidad en el departamento del Meta. Paralelamente, Juan Guzmán con su personaje Bruticia Malecha seguía realizando sus acostumbradas entregadas en las que los lunes sube a sus redes sociales información relacionada a posibles hechos de corrupción en la región, así como piezas gráficas satíricas y de humor político. El 19 de septiembre, mientras la pauta con la ANT estaba vigente, publicó una imagen editada en donde Bruticia aparece con Felipe Harman y Juan Guillermo Zuluaga, allí se preguntaba –desde su habitual sátira– si se avecinaba una nueva casa política en el Meta.

El 7 de octubre el comunicador subió a sus redes sociales un video en el que mencionaba que Cormacarena es un fortín político muy apetecido por la dirigencia local, algo ampliamente conocido en el Meta. En el video se habla de la familia Pérez, fuertemente vinculada a la contratación en el departamento desde hace años por medio de Iván Pérez, primo hermano de Carmelo Pérez, el esposo de Marcela Amaya, exgobernadora del Meta. Grupo que tiene a Alejandro Vega en el Senado de la República por el Partido Liberal y quien es sobrino político de Amaya.

En el video se habla de una posible injerencia de un asesor de Felipe Harman en la ANT, el exdiputado del Meta José Manuel Sandoval, quien estaría haciendo acercamientos con miembros del Consejo Directivo de Cormacarena, aparentemente buscando votos para quedarse con la dirección de la entidad. Tanto Harman como Zuluaga buscan quedarse con el control de Cormacarena; una institución que acapara un ostentoso presupuesto y que, por su autoridad ejercida a través de los permisos ambientales, es una amalgama de poder para la dirigencia regional.

Dos días después -el 09 de octubre- Juan Guzmán recibió una notificación por parte de RTVC para que el proceso de pauta fuera detenido sin ninguna explicación, pese a que ya le habían enviado la orden provisional de un nuevo proceso de publicidad el 03 de octubre; bajo la cual solo se realizaron seis publicaciones. Luego, el 14 de octubre el comunicador subió uno de sus acostumbrados videos, esta vez expuso los perfiles de políticos de la región que Felipe Harman tiene contratados en la Agencia Nacional de Tierras.

¿Cómo selecciona RTVC los medios de comunicación? Esto entendiendo que se gastan recursos en publicaciones de acciones de una entidad del orden nacional en zonas en donde no habitan las partes interesadas. Así mismo, si la cancelación de la pauta se dio por la postura crítica del periodista se eleva una mala señal en un gobierno que habla hasta la saciedad de pluralidad.

La pauta oficial es un contrato en el que se paga por un servicio y no constituye fidelidad política, no debe autocensurar a los medios de comunicación y a los periodistas impidiéndoles hablar o criticar a quienes autorizan los recursos de la publicidad oficial. También es muy grave que se ejerza instrumentalización al medio de comunicación a través de la pauta, una especie de “ayuda” a cambio de silencio.

Si lo sucedido con este periodista se debe a retaliaciones políticas, no solo es un intento de instrumentalizarlo, censurarlo y de vulnerar la pluralidad informativa, también evidencia el poco talante democrático de quienes le autorizaban la pauta en el marco de un gobierno que tiene como premisa el respeto por la crítica. La Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) plantea que la utilización del poder del Estado y los recursos de hacienda pública con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación y a los periodistas atenta contra la libertad de expresión.

Dentro de los desafíos para la libertad de expresión enmarcados por la CIDH se contemplan las presiones económicas que amenazan a los medios de comunicación para difundir contenidos de interés público. Lo anterior plantea un escenario en donde se puede vislumbrar la intención de los ordenadores de pauta; dinero a cambio de apoyo irrestricto al político, funcionario o dirigente, sin embargo, el contrato de pauta es solo un intercambio comercial.

Finalmente, si la intención de la suspensión de la pauta obedeció a una retaliación, el mensaje que da el Gobierno nacional solo refuerza la narrativa de los medios hegemónicos y tradicionales: que tanto Petro como sus funcionarios persiguen y castigan la crítica. Y, lo que es más grave, que el mensaje del cambio está presente en los círculos no críticos, que mantienen no solo relación comercial, sino lealtad política; que no es otra cosa que lo mismo que pasó entre las grandes casas informativas del país y los gobiernos pasados.