Hace pocos días descubrí que ha surgido una nueva forma de argumentar ante los entes de control cuando una investigación está en curso por violar un régimen de inhabilidades o los estatutos de una institución, ahora no solo es preciso citar leyes, normas y cuanta argucia o leguleyada los abogados encuentran para defender lo indefendible. La perorata al parecer apunta a la sensibilidad, a las emociones, incluso a la moral. En la Cámara de Comercio de Villavicencio han abierto una nueva estrategia, la de la afectividad estética: el amor al arte.

Lo anterior sucede porque el pasado 12 de agosto de 2024 este medio de comunicación publicó una investigación relacionada a Hugo López y su actuar en varias entidades de la región, en ella y casi por accidente descubrimos algo que no encajaba, algo por fuera de esa investigación, pero que abría otro escenario. Fue una carambola periodística. (Ver: “Hugo López: el dueño del IMDER y de la Cámara de Comercio de Villavicencio”).

Esa nota abordaba las posibles conexiones de López con varias entidades, entre ellas la siempre mencionada Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV). Pues bien, dentro de los documentos revisados estaba la conformación directiva del Club Deportivo Meta emitido por la Gerencia de Acción Comunal y Participación Ciudadana de la Gobernación del Meta. Allí vimos el nombre de Marly Paola Trujillo Riveros -presidenta ejecutiva de la CCV- como revisora fiscal del mencionado club deportivo.

El informe periodístico tomó otro rumbo, llegando incluso a una denuncia formal por parte de la Veeduría Popular de Villavicencio ante los entes de control, de las cuales se conocieron copias de las actuaciones y respuestas de las partes involucradas. Y es que los estatutos de la Cámara de Comercio de Villavicencio en su capítulo VIII establecen una inhabilidad general para toda persona que recibe remuneración como empleado de esa entidad para ejercer su profesión en asuntos particulares. Lo único exceptuado es la docencia universitaria por hora cátedra que debe ser autorizada previamente. (Ver: “Denuncias contra la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio y el exdirector del IMDER”).

Ahora bien, tras la respectiva denuncia en la Superintendencia de Sociedades, entidad con la responsabilidad de vigilar las cámaras de comercio del país, se recibió por parte de esa instancia las comunicaciones que se han intercambiado con la CCV, entre ellas la respuesta de Trujillo Riveros ante la denuncia. Aquí es donde se empieza a escribir el nuevo capítulo, uno denominado “por amor al arte”.

El 5 de septiembre de 2024 la Superintendencia de Sociedades le envía a la Cámara de Comercio de Villavicencio la denuncia interpuesta por la Veeduría Popular de Villavicencio, a su vez le notifica que la mencionada acusación se encontraba en investigación en los términos del artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así mismo, la Superintendencia aclaró que hubo más denuncias de empresarios de la región. Para el 17 de septiembre de 2024 la presidenta ejecutiva dio respuesta.

En la misiva de defensa firmada por Marly Paola Trujillo Riveros se desprende que ella fue elegida desde el 30 de noviembre de 2021 como presidenta ejecutiva de la CCV. Así mismo, acepta que desde el 30 de mayo de 2012 al 14 de junio de 2024 estuvo vinculada con el Club Deportivo Meta, cabe resaltar que fungió como revisora fiscal de esa asociación desde mayo de 2022. Las fechas coinciden con la ocupación del cargo en el Cámara de Comercio, lo cual ella acepta en la comunicación de defensa ante la Superintendencia.

Argumenta que lo realizado en el Deportivo Meta fue “ad honorem”, ejercido en su tiempo libre y fuera del horario laboral como presidenta de la entidad gremial. Además, manifiesta que el club deportivo es una Entidad Sin Ánimo de Lucro y tiene una finalidad social, es decir es una ESAL como legalmente se les conoce en el país y cuyo registro público es llevado por las cámaras de comercio en Colombia.

Esa asociación deportiva desde el momento del nombramiento de Trujillo Riveros como revisora fiscal obtuvo contratos con los institutos de deportes del Meta y de Villavicencio por $124.347.833, dinero que tuvo que ser legalizado en algún momento y firmado los estados financieros por Trujillo Riveros. La anterior cifra sale tras consultar las plataformas de contratación pública.

Marly Paola Trujillo continúa su defensa ante Supersociedades haciendo énfasis en que no recibió pago por ello, que no hubo afectación a sus labores e incluso menciona argumentos fuera del ámbito legal y más bien emocionales y moralistas al manifestar que: “los profesionales deben vivir su actividad como vocación y sentir el llamado a ser mucho más que profesionales, ser buenas personas, de bien, para la sociedad”.

Sigue su defensa poniendo el denominado “bien” por encima de los estatutos de la entidad que prometió defender y respetar diciendo: “realmente el trabajo ad honorem lo realizan las personas si quieren ayudar a una comunidad, a la sociedad e incluso a una persona, ya sea por amor al arte y/o profesional”. Así mismo, en la parte final del documento escribe que las cámaras de comercio se rigen por el derecho privado y que frente a esta situación normativa (capítulo VIII, artículo 40. Inhabilidad general) es muy poco o nada lo que concretamente se puede agregar.

Pues bien, como primera instancia, el capítulo VIII de los estatutos de la Cámara de Comercio de Villavicencio establece en su artículo 40 que “las personas que reciban una remuneración como empleados de la Cámara de Comercio de Villavicencio quedarán inhabilitadas para ejercer su profesión en asuntos particulares mientras permanezcan en sus cargos, so pena de terminación de la relación laboral con justa causa”. Los estatutos son más que claros y no mencionan nada relacionado al amor al arte, a acciones ad honorem, gratuitas y/o de beneficencia. Sus funcionarios no pueden desarrollar su profesión en asuntos particulares. En efecto, no hay mucho que agregar o interpretar.

Lo segundo es que la administración del registro de las ESAL en el país está a cargo de las cámaras de comercio, en este caso de la CCV en la que Trujillo Riveros es presidenta ejecutiva mientras en el mismo periodo de tiempo era revisora fiscal de una ESAL como el Club Deportivo Meta. Y, lo tercero, es que en su documento de defensa hay una aceptación de los hechos por lo que la Junta Directiva de la CCV debe actuar de manera perentoria.

Cabe aclarar que, esa misma junta directiva también le dio respuesta a la Superintendencia, en ese documento firmado por Luz Nidia Velásquez Leal -representante legal suplente- hay elementos clave a revisar: el primero, que se nombró una comisión para investigar este caso en donde uno de sus miembros era Jhon Anderson Galindo Salas, quien tuvo que presentar una carta manifestando su impedimento ya que es jugador activo del Club Deportivo Meta. Tremenda coincidencia. Finalmente, la Junta Directiva, en palabras de Velásquez Leal también acude paradójicamente a la misma argumentación de lo “ad honorem”, sin embargo, eso no tiene nada que ver con una premisa legal, técnica y, lo más grave, evade sus propios estatutos. Es la junta directiva de la CCV justificando lo injustificable a la luz de sus normas de funcionamiento.

Por lo pronto, la Superintendencia de Sociedades espera la actuación de la Cámara de Comercio de Villavicencio frente al caso, mientras veedurías y comerciantes aguardan una respuesta. ¿Vencerá la tesis de que todo vale por “amor al arte”?