La guerra contra las drogas ha fracasado desde hace más de 50 años. No se ha acabado el narcotráfico ni los crímenes relacionados al tráfico ilícito de sustancias psicoactivas. No disminuyeron las armas, lxs jíbarxs o los delitos transversales. Las mujeres, lxs jóvenes y los ecosistemas siguen siendo las mayores víctimas de una mal llamada “lucha” que nació muerta. Sin embargo, este fracaso se ha sostenido por la narrativa a la que se la ha invertido miles de millones de dólares que no ha impactado el mercado ilegal, pero sí ha afectado las vidas -mayoritariamente- de quienes sufren a diario la desigualdad estructural de las naciones.

Bajo esta premisa se desarrolla el presente análisis en torno al discurso estigmatizante de los concejales: Elkin Zapata del Centro Democrático, Fabián Bobadilla y William Hernández de Alianza Verde; demás concejales cómplices y secretarixs de la Alcaldía de Villavicencio relacionados al proceso de aprobación -en comisión tercera del 09 de abril y en la sesión plenaria del 21 de abril del año vigente- del Acuerdo 655 de 2025: “por medio del cual se institucionaliza el día contra el uso y el abuso de sustancias psicoactivas en el municipio de Villavicencio”.

Los discursos de odio contra lxs usuarixs de drogas como bandera antiderechos

Autores del proyecto de acuerdo 013 de 2025 (Acuerdo 655 una vez aprobado): Elkin Zapata, Fabián Bobadilla y William Hernández.

El coordinador ponente y líder de los debates en la comisión tercera y en la sesión plenaria fue Elkin Zapata, quien tras su experiencia de vida ha ostentado como bandera política la guerra contra las drogas; escudándose en la presunta rehabilitación de habitantes de calle usuarixs de diversas sustancias.

Desinformación, mentiras, discursos de odio que recaen especialmente sobre las mujeres, lxs jóvenes y las personas en habitabilidad en calle, todxs usuarixs de sustancias psicoactivas, son el derrotero para legitimar la narrativa compartida de la ultraderecha fascista que pretende “limpiar la sociedad” con la vieja excusa de proteger a los niños, niñas y adolescentes, cuando sus derechos no les interesan. Ejemplo de esto es el Acuerdo 655 de 2025 que no nombra a lxs niñxs más allá que como “antecedente normativo”.

En primera instancia, el concejal de ultraderecha -Elkin Zapata- utiliza datos descontextualizados en sus diapositivas, sin sustento científico o inventados  desde su moralismo y odio; como en el caso de la tergiversación de conceptos de la Organización Mundial de la Salud -OMS- respecto a la adicción como una enfermedad, sin tener en cuenta la ampliación del contexto bajo los desórdenes y/o trastornos previos al consumo, lo cual es un asunto de salud pública; como también lo es la depresión, la ansiedad o el estrés postraumático. El concejal copió y pegó información que no entendió ni problematizó en una presentación que solo sirvió para pasar velozmente imágenes, -de forma premeditada o no-, para que nadie las viera.

Así mismo, legitimó antecedentes sin estadísticas reales con el fin de irse en contra de lxs usuarixs de cannabis. Porque, aunque en el “debate” se habló sucintamente de las drogas, se evidenció la rencilla con la marihuana; sustancia mayormente mencionada y atacada.

Contra la marihuana, contra la dignidad

“Como cuando uno habla con un marihuanero (…) Ya no se le puede decir marihuanero, sino activistas del consumo” (minuto 20:03) o “La marihuana es el primer paso para llegar a la indigencia” (minuto 22:56). Estas palabras situadas en el “debate” de la comisión tercera son un peligro, pues además de no tener sustento científico; estigmatizan a lxs usuarixs de cannabis -quienes tienen por protección constitucional amparado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al porte y consumo de la dosis mínima sin desconocer la ponderación de derechos frente a los niños, niñas y adolescentes- y también a lxs defensorxs de derechos humanos, quienes construyen narrativas informadas o hacen activismo en múltiples espacios. Personas que han sufrido la violencia policial, la violación sistemática de sus propios derechos, la agresión física, el abandono estatal y hasta la muerte; en un país que ha utilizado y normalizado los discursos de odio para asesinar o desaparecer al otro que se expresa o decide vivir diferente.

El límite entre el uso de sustancias -más allá de la marihuana- siempre estuvo desdibujado en el discurso del concejal: porque el uso es un derecho, una decisión individual. Elkin Zapata, Fabián Bobadilla, William Hernández, sus compañeros de recinto y lxs funcionarixs de la Alcaldía de Villavicencio presentes en la comisión que aplaudieron y repitieron este discurso son antiderechos.

Por otra parte, el abuso, en cambio, es un problema estructural de salud pública que no se combate con criminalización, punitivismo o discriminación; se enfrenta regulando y legalizando para impactar verdaderamente el mercado ilegal, el cual sigue creciendo y al que tanto le hace el corre corre el concejal, creyendo que la economía ilícita no tiene nada que ver con las problemáticas sociales derivadas del tráfico ilícito. Se combate contra las drogas dándole control al Estado, invirtiendo en la reducción de riesgos y daños como base política, pedagógica y de información frente al consumo de sustancias.

Cifras del Observatorio de Drogas en Colombia -ODC- del Ministerio de Justicia y del Derecho y su actualización más reciente en 2022; concluyen que las primeras sustancias usadas por los jóvenes en edad escolar son el alcohol y el tabaco, consumido principalmente en presentación de vapeadores de fácil acceso. Los primeros usos se dan en contextos familiares, acompañados por adultos. La marihuana sí es una sustancia usada por jóvenes escolares con casi un 70 % equivalente a ningún riesgo o bajo riesgo. Similar ha sido en el uso adulto de estas sustancias legales; por lo tanto, es falso lo que plantea el concejal frente a la marihuana como droga de “entrada” a la habitabilidad en calle.

La guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres

Los discursos se legitiman y posicionan por las relaciones de poder del interlocutor. Es reprochable y no se puede minimizar que el concejal Elkin Zapata -quien ostenta e incide en espacios de poder en el municipio- haya manifestado en un “debate” de la comisión tercera del Concejo Municipal de Villavicencio refiriéndose a las mujeres usuarias de sustancias psicoactivas que: “Yo no acepto la más mínima justificación para el consumo de drogas. Uno consume drogas porque le da la gana. ¡Ah, que es que me violaron! ¿Y qué? ¿O sea que porque me violaron me tengo que volver prostituta, estar en la indigencia y tirarme mi vida?” (minuto 29:14). O lo aseverado en la sesión plenaria que incrementó la gravedad ya expuesta en su discurso en comisión y el cual siguió replicando: “Hay un problema mucho más grave (…) Las mujeres consumidoras (…) Da vergüenza, pero bueno (…) ¿pero además qué hace mucho más grave? Que si el hombre lleva del bulto, la mujer lleva diez veces, mil veces más del bulto, porque la mujer se degrada muchísimo más. Esto es un problema emocional, es un problema de carácter (…) La mujer no cambia (…) El problema de las mujeres, Dios nos libre; pónganse a pendejear y van a sufrir toda la vida (…) Se van a volver prostitutas de la calle (…)” (minuto 50:05).

Estos estigmas que perpetúan violencias simbólicas ponen en peligro la integridad de las mujeres víctimas de violencia sexual. Siguen legitimando el poder patriarcal sobre sus cuerpos, decisiones y estilos de vida. No hay una lectura contextualizada de lo que implica para una mujer y su participación en el tejido social el ser víctima de estos hechos. Además de responsabilizarlas; elimina por completo al perpetrador, posicionando en el discurso público que las mujeres no pueden tener padecimientos de salud física o mental frente al abuso sexual porque es un justificante para el consumo; como si fuese un problema de carácter y no de la sociedad que cría hombres violentos para hacerles daño a las mujeres.

Así mismo, inferir que la violación vuelve prostitutas a las mujeres bajo el supuesto agravante de si son usuarias es doblemente grave y peligroso. Carga de estigma a las trabajadoras sexuales, valida las violencias, las reproduce y, sobre todo, esconde la verdadera estructura desigual y hostil a la que están sujetas las mujeres en Colombia.

Datos recolectados por Harm Reduction International -y presentados en Colombia en abril de 2025- establecen que la segunda causa de muerte violenta de las mujeres en el mundo después del feminicidio es la pena de muerte por delitos menores relacionados a drogas. Las mujeres han sido sustancialmente víctimas de la guerra contra las drogas y las más castigadas. No es justo que hombres como Elkin Zapata y los concejales presentes -incluso la única concejala en el recinto- hayan legitimado estos discursos desde sus silencios cómodos. Todos son culpables de esta validación deplorable y vergonzosa que la ciudadanía tuvo que presenciar en los mencionados “debates”.

Es preocupante que Elkin Zapata asegurara que a la “institución” que fundó -La Casa del Alfarero- han llegado mujeres “golpeadas y violadas”; partiendo de su discurso atestado de posiciones misóginas que reproducen violencias basadas en género es necesario cuestionar: ¿Qué rutas han sido activadas en estos casos? ¿A qué peligros han estado expuestas las mujeres en habitabilidad en calle que asisten a esa “institución”?

El síndrome de Pablo Escobar

El concejal Zapata y los mencionados anteriormente que lo acompañaron en el “debate” en la comisión tercera tienen este síndrome. Militantes del prohibicionismo que sostiene narcotraficantes, grupos armados ilegales; pone políticos, muertes y destrucción del tejido social y ambiental en Colombia.

“Les voy a decir algo así suene maluco, pero cuando uno está en ese mundo uno se siente rico. No piensen que el adicto de la calle sufre, pasa tan rico. Consumir droga lo hace pasar tan rico que uno se cree el berraco, uno se cree Pablo Escobar (…)” (minuto 31:30), aseguró Elkin Zapata en el “debate” de la comisión tercera.

Por definición este síndrome está relacionado a: “La persona que presenta un desconocimiento y dificultades para identificar y reconocer la problemática de las drogas. Señalando los aspectos consecuentes (síntomas) y no las variables subyacentes (causas), que a su vez se debe por el autoengaño por parte del poder y la tradicional interpretación de la guerra contra las drogas alimentada por los medios de comunicación masivos”. (Échele Cabeza, 2025).

Esa manía de los gobernantes, de los políticos de turno que solo persiguen los síntomas y responsabilizan a lxs usuarixs de sustancias sin reflexionar sobre el fondo y la forma. Creen que la guerra contra las drogas se acaba haciendo pegatones en carros de ‘No a las drogas’ o aprobando acuerdos para institucionalizar días punitivistas y criminalizadores que no sirven para informar realmente, sino para sostener imaginarios negativos contra quienes han sufrido el prohibicionismo. Como dijo Alexander Baquero una vez refiriéndose a la importancia del Decreto 070 de 2024; “es para darle dientes a la Policía”. Es decir, para legitimar también la brutalidad policial y militarizar los espacios públicos de la ciudad como sistema de miedo y control; tal cual como lo haría Pablo Escobar.

Así mismo, pretenden deshumanizar y culpabilizar a las personas en habitabilidad en calle que, supuestamente, defienden y ayudan. Además de tratarlos de “locos” –su correspondiente diminutivo: “loquitos”- y decir que “están en la calle porque quieren y porque no quieren cambiar” o que “la pasan rico y no sufren” lxs victimiza frente a algo que necesita atención integral del Estado. No se debe olvidar que la Corte Constitucional en la Sentencia T-152 de 2025 sostiene que, al igual que lxs niñxs; las personas en habitabilidad en calle son sujetos de especial protección constitucional.

Claro que hay un sufrimiento permanente en las personas que habitan la calle. Mitificar los efectos de las sustancias -ya de por sí variados- crea imaginarios y sigue desinformando de cara a la ciudadanía. Consumos problemáticos de bazuco, por ejemplo, son sumamente agresivos para quienes los experimentan. Lxs habitantes de calle son nuestrxs vecinxs, la ciudad es su techo, sin embargo, no se les garantiza una vida digna en espacios públicos. Son víctimas de desaparición forzada, nulo acceso a la salud, vivienda y alimentación. Invitar a no darles afecto, respeto o comida son también actos de violencia.

Cabe resaltar que en el debate de plenaria las personas de esta “institución” que acompañaron a Elkin en su presentación, se veían físicamente con una estética homogeneizada: todos rapados y uniformados, con la misma consigna en sus camisetas “Di no a la droga. Di sí a la vida”. Una forma de dominación a simple vista que elimina la esencia misma de la humanidad en los otros. Una especie de “bukelización” que tanto le gusta a los políticos de ultraderecha.

Lo poco y nada de Fabián Bobadilla y William Hernández

Después de la intervención de Elkin Zapata, los concejales solo sirvieron para legitimarle el discurso y seguir participando en la estigmatización contra lxs usuarixs de drogas. Fabián Bobadilla sostuvo en el minuto 33:33 del “debate” en comisión tercera que: “Y no en vano uno de los flagelos que golpea y que se convierte en una de las herramientas principales para que el segundo paso que dé el que consume sustancias psicoactivas es convertirse en un bandido, en un atracador, en un sicario, en un violador (…)”.

Esto es gravísimo porque no solo alimenta la ya repetida estigmatización a quienes usan drogas, sino que promueve el imaginario de que el problema estructural de la criminalidad es el consumo de sustancias. Estos discursos retardatarios amenazan y ponen de cara a la ciudadanía un enemigo interno salido del “infierno” y no de la cotidianidad. Que alguien cometa delitos graves -como los mencionados por el concejal- no está directamente relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas y le resta responsabilidad a quienes sí los ejecutan de forma racional alimentados por la cultura de la violencia.

En el caso de William Hernández -quien se la pasó corriendo en el recinto como si el tema no le importara o como si fuera el agregado que no hizo la tarea- es necesario precisarle que no hay “50.000 publicidades” sobre el consumo de sustancias psicoactivas, a menos que se refiera a las legales, las cuales sí se sostienen por estar inmersas en comerciales televisivos y redes sociales, los equipos y partidos de fútbol, festivales, bares y vallas. Un montón de la vieja narrativa de la guerra contra las drogas se reproduce a través de series o películas; se sacan camisetas con la cara de Pablo Escobar o planes turísticos al monumento del narcotráfico “La Hacienda Nápoles”. En cambio, hay poca publicidad relacionada con el consumo consciente e informado de toda la universalidad de las drogas. Información a la que deberían tener acceso lxs jóvenes y adultxs para tomar decisiones informadas.

Silencios cómplices, ignorancia y desdén: los otros legitimadores del odio y la estigmatización en el Concejo de Villavicencio

También es necesario evaluar posturas abanderadas por otrxs concejales que acompañaron los “debates” y aseveraciones expuestas por representantes de la Alcaldía de Villavicencio que legitimaron y/o reforzaron la violenta narrativa de la discusión del proyecto de acuerdo.

Por ejemplo, Gustavo Basto, concejal del Pacto Histórico y oposición al actual gobierno local -ese mismo que persigue a usuarixs de sustancias psicoactivas- vio como única paradoja en el “debate” de la comisión tercera (minuto 45:30) un problema de conceptualización. Además de errónea la información que comparte -ya que él también tiene un problema conceptual- las sustancias sintéticas entran en la universalidad de las sustancias psicoactivas. Razón que sí utiliza Zapata en la réplica de su intervención. Su clasificación sí se diferencia entre las legales, ilegales y controladas, no en su totalidad.

Si bien el concejal Basto hace énfasis en que el debate se centra en contra de la marihuana, no hay una posición política frente al discurso agresivo en contra de personas en situaciones de vulnerabilidad. Él presenció todo el debate, el nulo argumento de los políticos de ultraderecha, sin embargo, no interpeló ni cuestionó la narrativa estigmatizante sobre el vejamen y la violencia que sostenían las palabras en contra de las mujeres o las personas en situación de vulnerabilidad. No hizo nada; acudió a la superficialidad en un debate que necesitaba argumentos a favor de los derechos no solo de los niños, niñas y adolescentes, sino también de las personas adultas usuarias de sustancias psicoactivas.

Apelar a la responsabilidad implica que un representante político afín al gobierno de Gustavo Petro –el cual promueve una política de drogas con cambio de paradigma- tenga un discurso serio y crítico frente a un fenómeno que se ha perpetrado a través de la violencia y la muerte. La falta de preparación en estos espacios de poder y la desinformación -que él mismo acepta tener- también sostiene la fracasada guerra contra las drogas. Lo poco que hizo el concejal Basto solo sirvió para darle otros argumentos a Elkin Zapata, quien sí supo aprovecharlos. Apoyar y dar voto positivo a este tipo de iniciativas lo hace cómplice de la prohibición y su actuación también se ciñe a ese síndrome de Pablo Escobar.

Por otro lado, la Secretaria de Salud de la Alcaldía de Villavicencio -Yaned Sierra- apelando a discursos moralistas ayudó a reforzar la estigmatización en contra de las personas en habitabilidad en calle. Con un tono suave y de preocupación, Sierra sostuvo en la sesión plenaria que: “(…) lo que a uno le duele ver a un muchacho en la calle, en una condición bien difícil por no decir ya, -como dice la palabra dura- desechable, el ser humano no puede ser desechable, el ser humano no puede alcanzar esta condición (…)” (minuto 1:18:49).

Teniendo en cuenta que habitar la calle y los factores de riesgo frente al abuso de sustancias es un problema de salud pública, sin sustento científico o estadísticas locales; Yaned Sierra lo que hizo fue secundar y aplaudir a Elkin Zapata y legitimar la violenta y mal usada palabra “desechables”. Discurso que ha permitido toda clase de violencias contra estas personas en situación de vulnerabilidad apelando a “la limpieza social” como mecanismo para tratar esta problemática social. Así mismo -y pese a ser una de las pocas mujeres en el recinto con la posibilidad de intervenir e incidir- hizo caso omiso a las violencias basadas en género; como si el discurso de odio no fuese contra ella.

Al final no se problematizó en nada, el debate –si así se le puede llamar a esa puesta en escena- fue un acto que se dedicó a abanderar discursos de odio, violencias basadas en género y estigmatización. El Acuerdo 655 de 2025 fue expedido sin la más mínima voz de rechazo y sin ningún voto negativo. Se institucionalizó el día contra el “uso y el abuso de sustancias psicoactivas en el municipio de Villavicencio” y el pasado 26 de junio se pudo observar a Elkin Zapata y a funcionarixs de la Alcaldía de Villavicencio en distintos puntos de la ciudad repartiendo “publicidad” y difundiendo mensajes con desinformación y estigmatizantes disfrazados de “pedagogía”.

La invitación a estos “respetados y honorables” concejales y a la ciudadanía en general es a informarse. Pues también es desde la ignorancia que se sigue legitimando las violencias aquí mencionadas. Es apremiante fortalecer la inversión en reducción de riesgos y daños como respuesta a la desinformación y a la fallida prevención creada desde el prohibicionismo. Las drogas existen y están en todas partes; sociedades más informadas que no criminalicen, estigmaticen y, por el contrario, acompañen y no juzguen son la respuesta para mitigar la gran destrucción que ha causado el prohibicionismo en las vidas de todxs.

Descargue aquí el Acuerdo 655 de 2025.