Una vez posesionado como alcalde de Villavicencio –Alexander Baquero– empezó con los nombramientos de su gabinete de forma oficial. Son múltiples los perfiles que generan desconfianza, ya sea porque reflejan el evidente pago de favores de sus alianzas politiqueras o porque –con base en las indagaciones que se han podido realizar– muchas de las designaciones no cumplen con los requisitos y experiencia requerida.

Mientras tanto se ve a la mayoría del Concejo –ya graduándose de esbirro– en videos institucionales, acompañando las insulsas propuestas de Baquero o haciendo una oposición ínfima –ya sea desde la ligereza verde– o la pseudoizquierda con su remedo de concejal que solo busca defender al jefe político que lo puso ahí a punta de la burocrática maquinaria del “cambio”, sin embargo, de control efectivo nada.

La Veeduría Popular de Villavicencio (VPV) desde el 05 de enero le está solicitando a la actual administración municipal copia de las hojas de vida y certificaciones de experiencia de todos los nombramientos en cargos directivos que se han efectuado, pero la Alcaldía se sigue escudando en la reserva de dichos documentos por ser información sensible, pese a la reiteración del requerimiento de la Veeduría de que dichos datos sean eliminados o que se le informe a cada una de las personas designadas que las solicitudes versan con el único objetivo de realizar un control social riguroso; la administración de Baquero sigue negándose. ¿A caso si se le notifica a cada una de las personas en cargos directivos se opondrán a la entrega de la información?

Si bien el marco legal es claro en recalcar que los documentos solicitados son de carácter reservado; la premisa de notificarle a cada una de las partes implicadas coincide con lo establecido en el acápite a del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012: “Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando: a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización”. Esa fue la base de la VPV para interponer una acción de tutela el 31 de enero en contra de la Alcaldía de Villavicencio. Ya será el aparato judicial –desgastado innecesariamente por estas leguleyadas politiqueras– quien resuelva, sin embargo, lo que deberíamos preguntarnos es ¿Qué esconde Alexander Baquero?