Wallace Pub, el bar ubicado en uno de los parques del sector Cuatro Parques, en el barrio El Triunfo, tenía permiso para 15 metros cuadrados de mobiliario móvil, pero terminó ocupando 107,2: más de siete veces lo autorizado, con una estructura anclada al piso con platinas y tornillería de acero. Así lo declaró la Resolución N.° 032-2026, que el 23 de septiembre encontró al negocio responsable de «indebida intervención y ocupación» del espacio público, con base en el artículo 135 de la Ley 1801 de 2016, la norma que sanciona con más severidad la intervención física y permanente de un bien de uso público, y le impuso la multa en su tope máximo legal: $350.000.000. Para evitarla, la defensa de Wallace Pub intentó de todo —pedir la nulidad del proceso, cuestionar la autenticidad de las fotos de la propia queja, dudar de la idoneidad del ingeniero que hizo el informe técnico, llamar en garantía a una aseguradora—, y la Inspección de Convivencia y Paz Urbana N.° 1 le rechazó, uno por uno, los nueve argumentos. Wallace Pub apeló, y el expediente está ahora en la Secretaría de Planeación, la misma Alcaldía cuyo actual alcalde fue respaldado en campaña, en 2023, por el esposo de la propietaria del negocio: «Richy» Gómez.

El caso arrancó el 20 de agosto de 2026, cuando la Veeduría Popular de Villavicencio (VPV) radicó la queja que dio origen al Proceso Verbal Abreviado N.° 079/2026, a la que se sumó el Informe Técnico N.° 009, que por su cuenta ya venía elaborando el ingeniero civil adscrito a la Inspección. Ese informe documentó lo que encontró en el sitio: una estructura metálica tipo carpa, con perfilería y cubierta de lona o material plástico, anclada mediante platinas y tornillería de acero directamente sobre el concreto y los adoquines del parque: «una intervención física sobre el espacio», en sus propias palabras, además de jardineras con vegetación instaladas por fuera del área que sí tenía autorización.

Cuando el caso llegó a audiencia, el 9 de septiembre, el apoderado de Wallace Pub abrió con un cúmulo de solicitudes que buscaban cerrar el proceso antes de que se discutiera el fondo. Pidió la nulidad, alegando que el asunto era competencia de Catastro y no de un trámite policivo; pidió la terminación anticipada, alegando que los hechos encuadraban en el artículo 140 de la Ley 1801 —comportamientos contrarios al espacio público, de sanción más leve— y no en el 135; pidió el llamamiento en garantía de la aseguradora que respaldaba el permiso del negocio; y argumentó que lo instalado era apenas mobiliario liviano y removible, «sillas, mesas y sombrillas», dentro de los márgenes que la propia Resolución 119 de 2026 autorizaba. El ingeniero de la Dirección de Espacio Público, presente en la diligencia, le quitó piso a ese último argumento al confirmar que los elementos anclados que aparecían en los registros fotográficos —la cubierta, los soportes de mesa, los apoyos del cerramiento— no estaban autorizados ni incluidos en el informe que sí avaló el permiso, y que una visita de seguimiento del 2 de julio ya había constatado que esos elementos eran nuevos.

El Procurador 6 Judicial II Ambiental y Agrario, Hilmer Fino Rojas, presente por tratarse de un bien de uso público, rebatió a su turno los argumentos de nulidad: sobre la competencia, explicó que Catastro administra y puede revocar el permiso, pero que imponer medidas correctivas es facultad exclusiva de las inspecciones de policía; sobre la tipicidad, sostuvo que el material probatorio ya en el expediente permitía encuadrar la conducta en el artículo 135. La Inspectora Erika Yulieth Feliciano Cagua negó los tres puntos, dejando además constancia de que ella misma, en la diligencia, había observado «intervención y anclaje fijo» en una zona más amplia que los 15 metros autorizados —contradiciendo de entrada la idea de que todo fuera mobiliario liviano y desmontable— y explicando que el llamamiento en garantía, figura propia del proceso civil, no tiene cabida en un trámite policivo donde lo único que se discute es si hubo o no intervención del espacio público.

El apoderado no se quedó ahí: en el recurso de reposición contra el auto que negó buena parte de sus pruebas, cuestionó la fiabilidad misma de las fotografías que sustentaban la queja original, alegando que no cumplían la Ley 527 de 1999 —la norma que regula los mensajes de datos y exige poder acreditar cómo, dónde y a partir de qué se obtuvo una evidencia digital, para garantizar su originalidad e integridad—, y sostuvo que el Informe N.° 009 no pasaba de ser «una versión, dada por un contratista y son fotos aparentes», sin cumplir los requisitos que la ley exige a un informe técnico formal. La Inspectora denegó también esos puntos: el informe técnico ya obraba en el expediente, rendido por un ingeniero civil adscrito a la propia Inspección, y era prueba pertinente y conducente sobre el estado del área intervenida.

Antes de que se reanudara la audiencia el 23 de septiembre, la defensa retiró voluntariamente la carpa grande y pidió que, sin ella, se cerrara el proceso sin sanción. La inspección ocular practicada esa misma tarde —con el despacho, la Veeduría, el apoderado y el Procurador desplazados al sitio— constató que seguían ahí 12 materas formando un cerramiento parcial, un cerramiento con tubos metálicos y lazos de 20 metros lineales, y 4 bases de sombrillas ancladas al piso. La Inspectora dejó constancia de que el retiro no exime la responsabilidad contemplada en el artículo 135, y el Procurador, en su intervención final, confirmó que sí se configuró ese comportamiento, señalando esas mismas tres intervenciones subsistentes y los daños a los adoquines. Tras un receso, esa misma tarde, dictó la Resolución N.° 032-2026: multa de $350.000.000, remoción total de la estructura, reparación del espacio afectado y solicitud formal de revocatoria del permiso. Notificada la decisión en estrados, el apoderado interpuso un último recurso con tres argumentos nuevos: que el ingeniero de Espacio Público no tenía vínculo contractual vigente el día de la diligencia; que el Informe N.° 009 carecía de idoneidad, por venir de un ingeniero civil sin especialización certificada en infraestructura u ordenamiento territorial; y que las mediciones del área intervenida no eran confiables porque nunca se hizo una georreferenciación de los puntos, solo se usó una cinta métrica.

La Inspectora negó los tres: aclaró que el ingeniero de Espacio Público había participado el 9 de septiembre, no el 23 como creyó el defensor, y que su vínculo contractual —verificado en el SECOP— seguía vigente en esa fecha; rechazó de plano el cuestionamiento al Informe N.° 009 citando el artículo 2.2.8.18.6.5 del Decreto 0768 de 2025, que hace no objetables los informes técnicos de servidores públicos en el proceso único de policía; y sobre la georreferenciación, respondió sobre todo que conocía de primera mano el lugar de los hechos —había estado presente cuando se desmontó la carpa, días antes—, y que, para la medida lineal del cerramiento que se estaba verificando, una cinta métrica era instrumento suficiente. Sí concedió la apelación, en efecto suspensivo por tratarse de una infracción urbanística, dejando la multa sin ejecutar hasta que la segunda instancia decida.

El expediente —168 folios— fue remitido el 24 de septiembre a la Secretaría de Planeación, con radicado N.° 5434, y la Veeduría Popular de Villavicencio se apersonó formalmente como parte interesada, invocando el derecho de coadyuvancia del artículo 38 del CPACA, para pedir que se confirme íntegramente la sanción, se revoque el permiso y se le notifique cualquier actuación dentro del trámite.

El parque del barrio El Triunfo, el 20 de agosto de 2026.

Un apellido que pesa en la segunda instancia

Karen Nathalia Díaz Toro, propietaria de Wallace Pub, es esposa de «Richy» Gómez, concejal de Villavicencio entre 2020 y 2023 y aspirante a la Alcaldía en 2023. El 18 de octubre de ese año, en un acto con medios locales, Gómez oficializó su renuncia a la candidatura y la adhesión de su grupo político al entonces candidato Alexander Baquero —hoy alcalde de Villavicencio—, bajo la consigna «unidos derrotaremos a los candidatos de la izquierda»; Díaz Toro estuvo presente durante todo el anuncio, sentada junto a su esposo, y cerró el acto con él y con Baquero, los tres con gorras de campaña, dándose la mano y levantando juntos los brazos. Gómez no se quedó en el respaldo simbólico: grabó un video propio, tarjetón electoral y su propia foto tachada, en el que explicó que votar por él «no sirve de nada porque yo renuncié» y pidió «marcar únicamente Alexander Baquero» para «dar un golpe de opinión»; el 26 de octubre fue el propio Baquero, ya desde su cuenta oficial de campaña, quien volvió a mostrarlo a su lado, esta vez con cuatro partidos detrás —Salvación Nacional, Centro Democrático, Colombia Justa Libres y MIRA— y el llamado final a votar el 29. Son hechos públicos, documentados en video: quien hoy dirige la Alcaldía de la que depende la Secretaría de Planeación llegó al cargo con el impulso activo de «Richy» Gómez —y con la propia sancionada, a su lado, celebrándolo—. «Es preocupante que «Richy» Gómez esté en medio de este caso: por eso exigimos garantías reales de independencia, sin que ningún vínculo político pese más que el interés general de la ciudad», señaló la VPV.

Wallace Pub tampoco es un caso aislado, sino el quinto que la organización documenta este año sobre ocupación de espacio público por actores con capacidad económica, sin que ninguno tenga aún una solución de fondo: ya había expuesto el mismo patrón con Torre 33, Amarilo, Unicentro y la Clínica Primavera. Ninguna de las Inspecciones de Policía competentes en los otros cuatro casos se ha pronunciado de fondo, así que la VPV ya inició ante la Personería el proceso de seguimiento respectivo. «El espacio público no se privatiza ni se despoja: es de las y los transeúntes, no de quien tenga el poder económico —o las alianzas políticas— para apropiárselo», señaló la organización. Con Wallace Pub, por primera vez entre estos casos, hubo una multa impuesta en su tope máximo, después de que una defensa con nueve argumentos distintos no logró sostener ni uno. Falta ver si, con quien tiene detrás, resiste también en segunda instancia.