Antes de que Alexander Baquero terminara su discurso del 21 de septiembre en la entrega de la primera fase de la Calle 35, había llamado «mamertos» a quienes cuestionaron la obra, ya describía las acciones jurídicas en su contra como «mezquindad política que termina siendo el elemento para tratar de impedir el avance», y agradecía por nombre a Óscar Barreto, el constructor, porque juntos le «callaron la boca a quienes odian a Villavo.» Lo que no dijo en ningún momento de ese discurso, y que nadie le preguntó, es que mientras esas acciones jurídicas se resolvían, los contratistas de su administración talaron 31 árboles en la Avenida Catama con una orden judicial vigente que lo prohibía; y que lo habían documentado ellos mismos, árbol por árbol, con fecha, firma y fotografía.

La medida provisional la decretó el 18 de junio de 2026 el Juzgado Quinto Penal Municipal, dentro de la Tutela 50001-40-04-005-2026-00179-00 interpuesta por la Veeduría Popular de Villavicencio (VPV): ningún árbol podía ser talado en la Avenida Catama mientras el proceso estuviera activo. La orden estuvo vigente hasta el 14 de agosto a las 3:32 p.m., hora en que se notificó su revocatoria en segunda instancia; en ese intervalo, los ingenieros forestales de la Constructora Global Ingeniería talaron 25 árboles entre el 21 de julio y el 12 de agosto, y los de Bioagrícola del Llano talaron seis más el 12 y 13 de ese mismo mes, a dos días de que la protección judicial cayera. Todo eso consta en las fichas técnicas de aprovechamiento forestal que los propios contratistas produjeron y firmaron: la especie, la fecha, las coordenadas, la fotografía. En ese mismo discurso, Baquero llamó «payasos» a quienes exigían que se cumpliera la medida judicial; la prueba de que no se cumplió la produjeron los ingenieros que él contrató.

Los documentos que Piedemonte E.I.C.M. remitió a la VPV el 7 de septiembre como respuesta a un derecho de petición en el marco de otra acción de tutela llegaron 24 días después de que la medida provisional fuera revocada, cuando los árboles ya no existían. La ironía es que esa prueba la produjeron los contratistas en sus propios registros internos, y la entregó la misma empresa que ejecuta el contrato y a cuyo gerente, Alonso Garay, el alcalde también le agradeció por nombre desde la tarima.

Con esas fichas como soporte, la VPV actuó en tres frentes simultáneos: ante el Juzgado Quinto radicó memorial solicitando que se declare el desacato, para que la jueza que dictó la medida constate que fue ignorada y sancione a los responsables; ante la Corte Constitucional presentó escrito de insistencia para que el caso sea seleccionado para revisión y siente precedente sobre la protección del arbolado urbano; y ante la Procuraduría Regional del Meta interpuso queja disciplinaria exigiendo sanción para los funcionarios que ordenaron y permitieron la tala mientras la protección judicial estaba vigente.

La VPV viene adelantando reuniones con la Contraloría Municipal sobre el Contrato Interadministrativo 2073 de 2026, los $30.300 millones con los que el Municipio le encargó a Piedemonte los estudios, diseños y obras de la Calle 35; en la sesión del 7 de octubre presentó un inventario de irregularidades que incluye una oferta única al 99,99994% del presupuesto oficial, $827 millones en administración delegada con inconsistencias, la tala de 65 árboles presupuestada antes de que existiera el permiso forestal, la ausencia de partida presupuestal para compensar los 832 árboles que ese mismo permiso obliga a sembrar, cobros que califica como triple facturación en topografía, y el slogan «#VillavoSomosTodos» estampado en el concreto en contravención de la Ley 2345 de 2023.

Baquero cerró su discurso anunciando que pasará a la historia «como alcalde en un gobierno que hemos tenido responsabilidad con el manejo de las finanzas públicas.» Eso quedará por verse cuando la jueza del Juzgado Quinto resuelva el memorial de desacato, cuando la Corte Constitucional decida si selecciona el caso para fijar precedente sobre el arbolado urbano, cuando la Procuraduría resuelva la queja disciplinaria y cuando la Contraloría se pronuncie sobre el contrato. Lo que ya existe, firmado y fechado por quienes ejecutaron la obra, son 31 árboles talados mientras un juzgado lo prohibía; eso no es mezquindad, ni odio a la ciudad: son los hechos.