La administración del Centro Empresarial Torre 33 –P.H., NIT 901.584.666-9– instaló sobre el andén público de la Calle 33 de Villavicencio un conjunto de materas modulares de estructura metálica y gaviones de piedra de río, directamente encima de las baldosas podotáctiles que garantizan la movilidad autónoma de personas con discapacidad visual. La instalación, además de vulnerar la accesibilidad universal, cumple una función menos discutida pero igual de evidente: desplazar del sector a las y los vendedores informales que trabajan ahí, bajo la misma lógica clasista que la Alcaldía de Villavicencio ha promovido desde hace años; solo que esta vez la ejecuta un privado, con la cómoda indiferencia de la administración municipal.

La Veeduría Popular de Villavicencio –VPV– nos informó que documentó la ocupación mediante inspección visual y registro fotográfico, y que el pasado 10 de abril radicó un derecho de petición ante la Alcaldía exigiendo copia de los permisos que amparaban la instalación. El Centro Empresarial respondió el 8 de mayo –firmado por su representante legal, Sandra Margoth Moreno Martínez– asegurando que las materas contaban con respaldo en «los permisos otorgados en el plan de implantación, el perfil vial y la licencia de construcción otorgada», y negando de paso que el andén constituyera un bien de uso público. La respuesta fue más allá: frente a los hechos documentados por la Veeduría sobre la obstrucción de la franja de accesibilidad, Torre 33 se limitó a responder que «se evidencia apreciaciones subjetivas por parte del señor veedor»; la misma fórmula que usó para descartar, sin argumento adicional, la denuncia sobre la naturaleza pública del andén. Meses después, sería la propia Alcaldía la que confirmaría que lo «subjetivo» era, en realidad, exacto.

La Alcaldía, sin embargo, no llegó a esa certificación por voluntad propia. La VPV interpuso una acción de tutela contra la Secretaría de Planeación de Villavicencio –radicada bajo el número 50001400401020260018100–, que mediante auto del 18 de junio de 2026 fue admitida por el Juzgado Décimo Penal Municipal, vinculando también a la Alcaldía de Villavicencio, a la Curaduría Urbana Segunda, a la Secretaría de Catastro y Espacio Público y al propio Centro Empresarial Torre 33, con un término de tres días para pronunciarse. Fue justamente al día siguiente de esa admisión judicial cuando la Secretaría de Planeación produjo el análisis técnico que terminaría por desvirtuar a Torre 33: la respuesta de la Alcaldía no se dio por gestión propia, sino porque un juez la obligó a responder en un plazo perentorio.

La primera señal de que algo no cuadraba llegó incluso antes de esa certificación. La VPV elevó también una solicitud directa a la Curaduría Urbana No. 2, actualmente a cargo de la arquitecta Gloria Inés Parrado Ruiz, para que certificara el alcance de la licencia invocada por Torre 33. La respuesta, fechada el 29 de mayo, fue reveladora por sí sola: la Curadora informó que, tras revisar los archivos de su despacho desde el inicio de su cargo –el 16 de mayo de 2024– hasta la fecha, no se encontró expediente en trámite ni acto administrativo alguno de la Licencia Urbanística de Construcción No. 50001-2-15-1394. La propia Curaduría remitió la solicitud a la Secretaría de Planeación, por ser la dependencia con la custodia de licencias anteriores a su posesión. Es decir: la licencia que Torre 33 exhibía como respaldo vigente ni siquiera figuraba como asunto activo en la entidad llamada a administrarla.

Ninguna de las afirmaciones de Torre 33 resultó cierta. La Secretaría de Catastro y Espacio Público certificó el 12 de mayo que no se había expedido permiso ni autorización alguna para las estructuras. Pero fue la Secretaría de Planeación –Dirección de Ordenamiento Territorial– la que, mediante el Oficio 11101/3991 del 19 de junio, zanjó la discusión con un análisis técnico de la Licencia Urbanística No. 50001-2-15-1394 y sus modificaciones: ni la licencia ni el plan de implantación aprobado en 2015 contemplan la instalación de jardineras, gaviones o mobiliario similar sobre el espacio público de la Calle 33; los planos, por el contrario, destinan esa franja exclusivamente al uso y libre circulación ciudadana. Adicionalmente, la Secretaría estableció que la última prórroga de la licencia –vigente hasta el 18 de agosto de 2020– venció sin que constara ninguna renovación posterior, de manera que, al momento de instalar las materas, Torre 33 invocaba un permiso que llevaba casi seis años sin efectos jurídicos ni, según certificó la propia Curaduría, existencia activa en el archivo institucional.

El oficio también confirmó lo que Torre 33 negó por escrito, y calificó de subjetivo cuando la Veeduría lo denunció: el área ocupada, colindante con el predio de matrícula inmobiliaria 230-157, es parte integral del perfil vial y constituye un bien de uso público destinado al disfrute colectivo –no hace parte del área privada del predio–, en concordancia con el artículo 63 de la Constitución Política, que establece la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de esos bienes.

Con la certificación oficial en mano, la VPV radicó el pasado 2 de julio una querella ante la Inspección de Policía Municipal de Villavicencio, invocando el artículo 92 de la Ley 1801 de 2016, mediante la cual solicita el inicio inmediato del proceso policivo de restitución, el retiro total de las materas, la recuperación de las baldosas podotáctiles y la imposición de las sanciones correspondientes a Torre 33 conforme a los artículos 135 y 140 de la misma ley.

Para la Veeduría, lo ocurrido con Torre 33 nunca fue solo un asunto de materas. Desde la denuncia inicial de abril, la organización lo planteó como lo que es: una política de despojo que, en Villavicencio, suele tener rostro institucional, y que aquí se replicó en manos de un privado con la indiferencia de la administración municipal como telón de fondo. Es la historia de alguien que creyó que podía apropiarse del espacio público con hierro y piedra, mentirle a una veeduría ciudadana en un documento oficial, e invocar una licencia vencida hace casi seis años como si nadie fuera a revisarla; y de una administración que no respondió hasta que un juez la obligó. En el fondo, dice la Veeduría, este caso es sobre el derecho de todos y todas a un espacio público que no se negocia, no se privatiza y no se entrega a quien tiene más recursos.