Durante años hemos visto a los viejos y nuevos gamonales de la politiquería regional sortearse el manejo de nuestra institución moviendo sus tentáculos para poner rector, representante de egresados, de gremios, de profesores, de exrectores y hasta de estudiantes en el Consejo Superior Universitario (CSU); máximo órgano de decisión. Es consabido que -aparentemente- un voto en ese cuerpo colegiado ha llegado a costar más de 80 millones de pesos en el pasado, por lo que es necesario que dirijamos nuestras miradas a las elecciones de estos cargos que se disputan.

Como es bien sabido, no de forma pública, pero sí en el voz a voz de los eslabones que mueve la “política”; los politiqueros están de nuevo al asalto, en esta ocasión buscan disputarse otra vez el poder, pero ¿cuál es el poder? Este se traduce en que el CSU tiene la posibilidad de definir el presupuesto anual de la universidad, un presupuesto que si lo comparamos con los de los municipios del departamento del Meta; la Unillanos se ubicaría en el tercer renglón de las entidades que más reciben recursos a nivel departamental.

Para el 2023 el presupuesto fue de $108.001.358.697 de pesos; múltiples incongruencias se han evidenciado en los procesos de contratación de empresas de aseo y seguridad, los cuales -de forma coincidencial- se ejecutan con los mismos operadores de la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Villavicencio. Así mismo, la clase politiquera de la región instrumentaliza la universidad para darle continuidad a sus “proyectos políticos” con la injerencia en la vinculación de más de 500 contratistas que tiene la institución, sin mencionar los cargos directivos que gozan de “libre nombramiento y remoción”; en los cuales se ha visto desfilar a sus alfiles de forma provisional mientras los ubican en otras partes, por lo que no es raro ver secretarios de ciertas dependencias de la gobernación, exgerentes de la terminal de transporte y otros cargos que se han ido rotando al interior de la Unillanos. Es como si existiera un sistema bidireccional entre las instituciones en las que se han atornillando y se rotan los cargos.

Como si se tratara de un juego de cartas, en la mesa se han sentado los gamonales de la región y han puesto a jugar sus intereses en los diferentes cargos que hoy se están eligiendo para el CSU, crean candidaturas para la rectoría y para la representación de egresados principalmente -en algunas de las otras elecciones tienen poder hegemónico en su manejo- y han utilizado mecanismos diversos para polarizar la discusión. De hecho, acuden a premisas pseudoprogresistas como el “cuidado de la universidad” o apelan a lugares comunes como “seguir conectando”, pero con la politiquería tradicional, evidencia de lo anterior son las banderas de sus candidaturas a la representación de egresados, que no tienen origen en la academia ni el interés de incidir activamente en el territorio.

¿Qué estamos haciendo frente a esto?

Lamentablemente las condiciones estructurales de la economía ha relegado a las egresadas y los egresados de la universidad a una posición que se caracteriza por la falta de oportunidades, el desempleo y la salida de la región con el fin de acceder a ofertas laborales que en ocasiones no son acordes a sus conocimientos o a emplearse en el sector público regional; lo que muchas veces implica entrar a las filas de contratistas que son manejadas por los gamonales, incluso, para nadie es un secreto que en múltiples oportunidades antes de salir de la universidad la narrativa reiterada se atañe a comentarios como: “pero cuál es su contacto”, “¿tiene padrino?” y “¿a quién le va a hacer campaña?”. Bajo esta lógica se enfrentan las egresadas y los egresados de la Unillanos; panorama que nos plantea un desalentador contexto de clientelismo, por lo que es indispensable confrontar desde las ideas y atacar lo inmediato.

Es necesario que las y los estudiantes de ayer nos apropiemos de las discusiones que abanderamos en otras épocas y que hoy vemos con nostalgia por esas dinámicas derrotistas, es apremiante retomar la disputa de la educación pública, con garantías para las y los marginados en aras de resolver problemas estructurales del país. El papel de las egresadas y los egresados se debe replantear y crear instrumentos que permitan -de la mano de la universidad- tener mayor incidencia territorial.

Para esto es preciso fortalecer la disputa por la democracia universitaria, una bandera de antaño que necesitamos agitar y retomar las discusiones de los poderes en la Unillanos, que se ha marginado a una burocracia institucional aliada con los gamonales de la región y que representan los parásitos que se apropian de nuestra institución de forma politiquera y le temen a consignas como: “elección democrática de rectoría”, “elecciones plurales para todos los cargos directivos”, “desaparición del CSU como máximo órgano de decisión de la universidad”, entre otras, porque saben que con garantías plenas su estructura instrumentalizada se derrumba y de esta forma la autonomía para que la universidad pueda crecer se asegura.

Nuestra propuesta es ambiciosa, pues buscamos implementar las bases necesarias para promover una política de egresados y egresadas acorde, amplia y garantista para la disputa de una academia crítica que impulse el desarrollo en el territorio.