La Casa Robin, el inmueble de la Calle 41 #30-10 que el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) clasifica como bien de conservación integral Nivel 1, sigue sin cubierta y el 20 de agosto de 2026 Uniminuto firmó con la constructora Carvajal un contrato de obras por $66.639.346 sobre esa casa, casi cinco meses después de que la Veeduría Popular de Villavicencio (VPV) radicara, el 27 de marzo, la querella que hoy se tramita como Proceso Verbal Abreviado N.º 029/2026 ante la Inspección Primera de Policía. En ese lapso, la defensa de la universidad pasó de hablar de un inmueble «declarado como bien de conservación Nivel 1», el 25 de mayo, a sostener, el 17 de julio, que se trata de «un bien común ordinario» y a pedir «el archivo inmediato, definitivo y total» del caso. El contrato, según su primera cláusula, tiene por objeto «las obras de mantenimiento necesarias para pisos y fachadas», y entre sus partidas no figura la instalación de una cubierta, ni siquiera provisional. El 30 de septiembre, el rector de Uniminuto Oriente, Carlos Pabón, presentó esas obras como «una buena noticia» y como «el compromiso que tenemos con la ciudad». Para la VPV, los documentos dicen otra cosa: las obras no llegaron por compromiso sino por presión ciudadana.

El orden de los hechos es el que consta en el expediente: la VPV radicó la querella el 27 de marzo de 2026, el 6 de abril la Inspección Primera de Policía avocó conocimiento y, desde ese momento, lo que la organización pidió fue lo que el PEMP llama primeros auxilios. Su artículo 13 los define como «obras urgentes por realizar en un inmueble que se encuentre en peligro de ruina o riesgo inminente», con «acciones y obras provisionales de protección para detener o prevenir daños mayores», entre ellas el «apuntalamiento de muros y elementos estructurales» y las «sobrecubiertas y cerramientos provisionales». En una casa que hoy no tiene cubierta, la VPV entiende que eso se traduce en instalar una sobrecubierta provisional, hacer la limpieza, manejar las humedades y evaluar si los muros necesitan apuntalamiento, según las características estructurales del inmueble.

La posición de Uniminuto en el proceso ha cambiado de un mes a otro, pues el 25 de mayo su defensa se refirió a la casa como un inmueble «declarado como bien de conservación Nivel 1». El 17 de julio pidió el archivo del caso y sostuvo que el bien «no cuenta con declaratoria oficial ni registro formal como Bien de Interés Cultural (BIC)». Un mes después, el 20 de agosto, firmó el contrato de obras, y el 3 de septiembre, en audiencia, dijo que el objeto de ese contrato es «el mantenimiento al bien».

Lo que la universidad sabe de la casa no es nuevo, pues por lo menos desde 2017, cuando el 28 de julio pidió a la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio (CORCUMVI) el acto de declaratoria y esta le respondió, el 15 de agosto, que le aplica el régimen especial de protección, Uniminuto conoce la protección que cobija a la Casa Robin. El 5 de agosto de 2022, un comunicado firmado por su rector la relacionó «como un Bien de Interés Cultural del ámbito municipal» y señaló que «actualmente UNIMINUTO está interesado en vender la propiedad». En 2023 firmó con CORCUMVI el Convenio 132, cuyo objeto era un inmueble «declarado como bien de conservación integral Nivel 1», y el 8 de julio de 2025, en un oficio dirigido a la Veeduría y a la Policía, habló de un bien «reconocido como bien de interés cultural».

Y la VPV venía insistiendo mucho antes de la querella, pues el 26 de julio de 2022 interpuso una tutela contra Uniminuto para que respondiera su derecho de petición, y el 15 de noviembre de ese año exigió que se cumpliera lo recomendado, entre ello la «instalación de cubierta para la protección de la estructura del inmueble». En julio de 2023, el rector de la universidad dijo que la primera fase sería la cubierta y que todo tomaría «cerca de tres años». En marzo de 2024 la organización radicó otra tutela, esta vez contra CORCUMVI, por su derecho de petición sobre el convenio, y el 26 de ese mes la entidad respondió que el convenio había vencido sin diagnóstico estructural porque «no se contaba con el personal específico y capacitado». Lo único que Uniminuto había reportado como intervención, en su oficio del 8 de julio de 2025, era una «jornada de limpieza y poda de patio en zonas verdes» realizada el 28 de enero y el 20 de mayo de 2025. Años de tutelas, derechos de petición y plazos prometidos, y una obra que solo se contrata cuando hay una querella en curso: eso es lo que la VPV llama presión ciudadana.

Un relato sin conflicto y sin responsable

El 30 de septiembre, en una entrevista, el rector Carlos Pabón habló de «una buena noticia» y de «el compromiso que tenemos con la ciudad», llamó a las obras «recuperación básica», dijo que la cubierta estaría «por tarde al cierre del mes de noviembre», aunque el contrato firmado el 20 de agosto no la contempla, y que la universidad «mantiene de todas maneras su intención de vender el espacio». No mencionó la querella que cursa en la Inspección Primera de Policía, y nadie se la preguntó.

No es un caso aislado de una entrevista, sino la forma en que parte de la prensa local ha contado la Casa Robin, y tiene dos versiones. La primera es la nota de «recuperación»: la fuente es la propia universidad o CORCUMVI, la casa entra en una etapa de intervención y los verbos no tienen sujeto: se planteó, se contempla, se proyecta por fases. Quién decidió intervenir, por qué ahora y bajo qué presión no aparece. El Convenio 132 de 2023 se reseña por lo que prometía —diagnóstico, valoración estructural, recuperación— y no por lo que ocurrió: según la propia CORCUMVI, venció sin diagnóstico estructural. Quedan por fuera la querella, el Proceso 029/2026, la intención de venta que Uniminuto dejó por escrito en 2022 y la tesis de su defensa de que el bien es «un bien común ordinario», que contradice el Nivel 1 que establece el propio PEMP.

La segunda es la nota de memoria, del tipo «¿sabías que…?»: cuenta quién construyó la casa y cuándo, describe el techo que apenas conserva sus vigas y la maleza que no deja verla, y atribuye el estado actual a que la propiedad parece haber sido invadida y vandalizada, una hipótesis sin fuente que reparte la responsabilidad del deterioro entre terceras personas sin rostro. Repite la versión de la universidad de que en su momento desconocía la categoría del inmueble sin contrastarla con lo que la propia Uniminuto pidió y escribió después: en 2017 solicitó a CORCUMVI el acto de declaratoria y en 2022 firmó un comunicado que lo llamó bien de interés cultural. Y presenta la reposición de rejas y mallas del cerramiento como parte de un acuerdo, bajo la etiqueta de reparaciones locativas, una obra permitida en un bien de Nivel 1 pero que no equivale a conservarlo. El patrimonio aparece como dato histórico, sin mencionar quién tiene la obligación de conservarlo.

El resultado, en ambas versiones, coincide: una casa que se deteriora y una universidad que la interviene. En esas notas no aparece la querella, ni que la VPV venía exigiendo desde 2022 una cubierta provisional como medida urgente, junto con la conservación integral del inmueble, ni que el contrato de obras —cuando se menciona— se firmó después de que el caso llegara a la Inspección de Policía. Sea por conflicto de intereses o por simple comodidad, el efecto es el mismo: una cobertura periodística que le lava la cara a la institución. Sin esos datos y sin responsables a la vista, quien lee queda con el compromiso como el único hecho.

La VPV exige que se radique ante CORCUMVI el proyecto de restauración, conforme a la Resolución 040 de 2022, porque su artículo 14 obliga a preservar «en su integralidad» los bienes de Nivel 1, y los primeros auxilios no alcanzan para eso. Falta ver si la cubierta llega a finales de noviembre y, sobre todo, si con ella llega el proyecto que la casa necesita.