Para nadie es un secreto que con la llegada de Alexander Baquero a la Alcaldía de Villavicencio la percepción de seguridad iba a estar de la mano de la militarización de las calles, el aumento del pie de fuerza y con esto un eventual abuso policial-militar. Ese siempre ha sido el modelo de seguridad democrática heredado de Uribe Vélez, su aliado político, quien intensificó la militarización de la vida social en Colombia.

Ahora bien, generalmente de forma apresurada e improvisada los administradores locales -al no tener un plan estructural en temas de seguridad ciudadana y de convivencia- toman como vía fácil la militarización de las ciudades, en medio de la incapacidad de la Policía para dar respuesta en esta materia y creer que es una solución de fondo, cuando en realidad genera un desplazamiento de la delincuencia a otras zonas. Precisamente es este limbo en el que tiene sumido Baquero a la ciudadanía de Villavicencio, con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional.

Desde la primera semana de posesión del alcalde hasta la fecha se han desplegado cuerpos especializados de seguridad en varios puntos de la ciudad como lo son: Fuerzas Especiales Urbanas – FEU, Grupo de Operaciones Especiales – GOES, Gaula de la Policía, Gaula Militar, Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden – UNDMO, Policía Militar, Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo – UNIPOL y patrullaje aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana – FAC.

Lo preocupante de este despliegue es que se ha dado mayoritariamente en barrios periféricos de la ciudad como: Guatiquía, El Dique, Villa Humberto, Reliquia, 13 de Mayo, Betty Camacho, Okavango, El Brillante, Villa Bolívar, Ciudad Porfía, entre otros. Así mismo, la maniobra de varias de estas unidades especializadas se ha presentado en parques tales como: Guayuriba, Parque Infantil, Polideportivo de la Cuarta Etapa de La Esperanza, Las Aguas, Parque de la Memoria Histórica, Complejo Deportivo de la Reliquia, etcétera.

Una de las excusas para militarizar la ciudad y obtener control territorial a corto plazo por parte de la fuerza pública ha sido el Decreto 070 de 2024, expedido por Baquero en febrero y que, según él, es una herramienta “que le dio dientes” a la Policía. Este marco normativo inconstitucional -que no pondera derechos- es copia del Decreto 556 de 2023 de la administración pasada, que ha permitido a unidades especializadas de la Policía y del Ejército estigmatizar, criminalizar y violentar a jóvenes y personas usuarias de sustancias psicoactivas – SPA.

Han hecho constantes operativos en distintos lugares con gran despliegue de la fuerza pública, un ejemplo reciente ha sido la llegada de patrullas motorizadas, camiones y camionetas con aproximadamente 30 agentes al Parque Infantil en un rango de una hora el pasado 30 de septiembre; esto para requisar a personas presentes en el lugar. En esos procesos se ha evidenciado empadronamiento (retención arbitraria de cédulas de ciudadanía), aplicación de comparendos solo por portar la dosis mínima, decomiso de la sustancia sin destrucción de la misma, perfilamiento (toma de foto al documento de identidad y cara del ciudadano) como parte del procedimiento, lo cual es ilegal y viola los derechos humanos. A su vez, llegan cuerpos policiales sin identificación, que arremeten y patrullan con el fin de atemorizar a quienes habitan el espacio público. Dinámicas muy propias de violencia simbólica que ha dejado el conflicto armado en la vida social del país.

La securitización que ha recaído sobre esta población ha construido en el discurso mediático y operacional de seguridad la idea de que son los enemigos que hay que perseguir. Si bien no se desconoce la necesidad de desarticular las bandas delincuenciales; los casos de militarización han puesto el ojo y las armas sobre la gente históricamente relegada por la desigualdad social y la inoperancia del Estado al no garantizar oportunidades reales que mitiguen y transformen los círculos de violencia.

Más de 13 mil millones en el cuatrienio se pretenden invertir para apoyar a los organismos de seguridad y fuerza pública según lineamientos técnicos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, una de las cifras más altas en este rubro del Plan de Desarrollo Municipal de la actual administración. Sin embargo, el aparataje institucional en inversión a proyectos sociales, culturales y artísticos son limitados para distintos sectores de la ciudad; como si la transformación de Villavicencio dependiera de lo bélico, mientras lo estructural en materia social y cultural no avanza.

De nada sirve apresar un montón de gente en cada redada si no se tocan las estructuras criminales. De nada sirve poner en todas las esquinas a militares y policías a requisar ciudadanos/as -extralimitando funciones- e irse en su contra por consumir SPA; sin garantizar ni ponderar sus derechos. De nada sirve publicar en redes sociales el decomiso de sustancias psicoactivas sin establecer cuántas son por dosis mínima. A su vez, desdibujar las fronteras entre la seguridad ciudadana y la seguridad nacional solo trae a Villavicencio y a su ciudadanía violaciones sistemáticas de los derechos humanos y una falta de protección a los mismos.

Es apremiante que la ciudadanía, las organizaciones sociales, los defensores/as de derechos humanos y colectividades emprendan procesos de vigilancia, de estudio del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de las funciones de los cuerpos policiales y militares con el fin de no darles legitimidad y caer en la normalización de la violencia que se disfraza de seguridad; es necesario denunciar los procedimientos irregulares. Villavicencio no está siendo de todos/as; está siendo de un despliegue absurdo de cuerpos de seguridad que controlan las formas de ser y estar en el territorio.