Se acerca el final del gobierno de Gustavo Petro y con ello la gestión de Felipe Harman, quien es hoy uno de los funcionarios más mediáticos. Esto no es en vano, detrás de sus apariciones públicas hay más de 46 mil millones de pesos en publicidad, que en teoría son para visibilizar las acciones de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, pero que en la práctica son una catapulta política que lo deja bien posicionado para sus futuras aspiraciones en el departamento del Meta y en Colombia.

Los contratos de pauta oficial de la ANT corresponden a tres procesos: uno con RTVC por $20.700.000.000, otro con el Canal Regional de Televisión Teveandina SAS o Canal 13 por $19.986.450.000 y un tercero, también con Canal 13, suscrito en enero por 6 mil millones para ejecutar de junio a diciembre de este año; lo que totaliza $46.686.450.000.

Para dimensionar esta cifra, basta compararla con el gasto de la Presidencia de la República que, desde el año 2022 habría ejecutado en publicidad $131.535.000.000 según publicaciones e investigaciones de medios de comunicación, en ese monto se incluyen los más de 46 mil millones de la ANT, es decir que el gasto en publicidad de Harman representa el 34,93 % del total nacional. En medio de la crisis fiscal anunciada por Gustavo Petro, estos números no reflejan una política de austeridad. Por ejemplo, el gobierno de Iván Duque en sus cuatro años de mandato se gastó en publicidad un aproximado de 46 mil millones de pesos, esto de acuerdo con una publicación de El Espectador tomando cifras de una investigación de la FLIP, ese monto equivale a la misma cantidad que Harman ha tenido a su disposición en la ANT.

¿En qué se gastaron los recursos de publicidad?

Los contratos tuvieron como objeto prestar servicios de divulgación en medios masivos, comunitarios o alternativos de comunicación con el fin de dar a conocer la oferta institucional en el marco de la Reforma Agraria y posicionar la imagen de la Agencia Nacional de Tierras en todo el territorio nacional. Ahora bien, en la ejecución se destacan puntos clave como la ausencia de contratos directos entre el Gobierno Nacional y empresas o periodistas; tanto RTVC como Canal 13 una vez recibieron el dinero, elaboraron discrecionalmente órdenes de compra suscritas con los medios de comunicación y periodistas.

Esa mecánica lejos de ser una herramienta para facilitar la contratación pública parece más una maniobra jurídica para invisibilizar los verdaderos alcances de la pauta oficial y obstaculizar el control social, dificultando la labor de periodistas, veedurías y ciudadanía en general que terminan desgastando el aparato judicial de forma innecesaria para acceder a información pública.

Hubo una extensa participación de medios nacionales que históricamente han estado alineados con el establecimiento político y económico del país. Las mismas empresas con líneas editoriales corporativas recibieron cientos de millones de pesos en pauta, mientras Gustavo Petro manifestaba en público la importancia de ‘porcionar’ la contratación en una regla que él definió como la “ley de tercios” para que los medios de las regiones y los independientes se vieran beneficiados. Esto no sucedió en ninguno de los contratos de la ANT. (Véase: Felipe Harman y la pauta oficial: Canal 13 y el establecimiento mediático a su servicio)

Por ejemplo, Caracol en el contrato con Canal 13 lideró la participación con más de mil millones de pesos ejecutados, aunque esa cifra no corresponde al total, ya que todas las órdenes no fueron reportadas y faltan muchos informes de ejecución que están subiendo a las plataformas de contratación fuera de los tiempos establecidos en la norma. Esto mismo sucede con otras actividades bajo el marco del contrato, como escucha social, monitoreo de medios y medios de comunicación regionales o locales, en todos los documentos no se evidencia el total de lo ejecutado ni los informes respectivos.

Por otra parte, es importante subrayar la amplia participación de los medios de comunicación del departamento del Meta, los cuales superaron en ejecución a medios regionales como El Colombiano. Así mismo, lo ejecutado por los medios de comunicación de ese departamento supera ampliamente todas las regiones del país. Por lo que se puede inferir que hay un cálculo político para sus futuras aspiraciones tanto en lo local como en lo nacional. (Véase: Felipe Harman y la pauta oficial: RTVC, medios del Meta y rédito político)

Muchas publicaciones de los medios del Meta tenían como eje central la imagen de Felipe Harman, noticias relacionadas con la gestión de la ANT en departamentos como Antioquia y la Región Caribe fueron difundidas en el Meta con un factor en común: una foto del exalcalde de Villavicencio. Además, publicaron bajo pauta oficial notas con relación a la gestión de Harman en la Alcaldía de Villavicencio, lo que no corresponde al objeto del contrato.

Órdenes de compra: discrecionalidad y falta de trazabilidad

Lo que más se destaca en los procesos es la ejecución mediante órdenes de compra, es decir, se hicieron contratos, pero la ejecución directa se efectuó bajo documentos entre el contratista directo (RTVC o Canal 13) con múltiples medios de comunicación y periodistas; de lo cual no hay trazabilidad de los requisitos, idoneidad y en algunos casos no hay soportes ni de la ejecución acordada. Esto es una gigantesca bolsa de dinero, una caja menor que se gastó de manera discrecional.

Al asignarse los recursos a los medios de comunicación y/o periodistas del país bajo órdenes de compra se eluden los procesos de adjudicación de estos, lo que en la práctica resulta muy conveniente, se da mayor celeridad y se omiten barreras burocráticas, pero por otro lado desaparecen los controles que se crearon para ese fin, la información deja de ser trazable y el dinero es asignado arbitrariamente.

Felipe Harman ha tenido a su disposición más de 46 mil millones de pesos distribuidos sin criterios claros ni trazabilidad, un recurso enorme para planificar y organizar su imagen política en todo el país, así como para «beneficiar» o «castigar» periodistas a voluntad. Por ejemplo, el periodista del departamento del Meta, Juan Guzmán que tiene un medio digital llamado La Mermelada, denunció que desde RTVC en el año 2024 recibió la orden de detener las publicaciones bajo órdenes de compra con relación a la ANT, esto, al parecer, porque el comunicador denunció que un aliado de Harman, José Manuel Sandoval, estaba haciendo esfuerzos para quedarse con la Dirección de Cormacarena, en una especie de disputa política entre Felipe Harman y Juan Guillermo Zuluaga. (Véase: Pauta oficial por silencio. ¿Censura a Bruticia?)

Al no existir un proceso contractual entre una entidad pública y el medio de comunicación, quien ordena el gasto puede hacer lo que desee, como pedir la suspensión del trabajo cuando este aún no ha finalizado o dejar de pagarlo. De esa forma es más fácil para un político “castigar” a quienes disienten y “beneficiar” a los “leales”. En cambio, cuando existe un contrato, una vez este se firma, obliga a las partes a su culminación, a ejecutar su objeto (contratista) y pago de los recursos (contratante).

De esa manera hubo periodistas del departamento del Meta que recibieron un amplio presupuesto, quienes se limitaron a recibir correos electrónicos con órdenes de compra y ejecutaron bajo unos requisitos puntuales y poco exigentes. Publicaron boletines de prensa, subieron fotos a sus redes sociales y no cuestionaron el contenido difundido. Lo mismo sucedió con las grandes empresas, como Caracol y Blu Radio, cuyas ejecuciones fueron millonarias y no se sabe qué requisitos debieron cumplir ni existe trazabilidad de cómo fue el proceso de ejecución. Hay informes firmados por los medios que certifican que hicieron la labor y adjuntan capturas de pantalla de sus publicaciones digitales, pero no existen indicadores que puedan medir estas actuaciones más allá de lo que queda expuesto en una notificación o correo electrónico.

Hoy las ejecuciones continúan, muchos informes no se han publicado y la totalidad de la información de los contratos no figura en el SECOP. Por su parte, Felipe Harman sigue acaparando la agenda mediática para recoger los frutos de más de 46 mil millones de pesos con los que ha alineado y/o castigado sectores de la prensa y ha proyectado su imagen de cara al futuro político del país.