Dos de los actores con mayor poder económico de Villavicencio —la constructora Amarilo y el Centro Comercial Unicentro— instalaron materas y jardineras de gran formato sobre andenes de uso público, sin ningún permiso, licencia o autorización. La Alcaldía de Villavicencio solo lo confirmó por escrito después de que la Veeduría Popular de Villavicencio —VPV— insistiera con derechos de petición y, en el caso de Unicentro, con una acción de tutela.

La VPV documentó la ocupación en dos puntos de la ciudad: un andén colindante con un conjunto de Amarilo y el andén en la esquina de Unicentro, sobre la Avenida 40 con Transversal 35. En ambos casos, el patrón es el mismo que ya había expuesto esta Veeduría con el caso Torre 33: mobiliario permanente instalado unilateralmente sobre bienes de uso público, sin que mediara ningún trámite ante la autoridad urbanística.

La respuesta llegó por partes y con tiempos muy distintos. Sobre Unicentro, la VPV radicó derecho de petición el 13 de abril; ante la ausencia de respuesta sustancial, tuvo que instaurar tutela para que la Dirección de Espacio Público se pronunciara de fondo, casi tres meses después. El informe técnico resultante —fechado el 10 de julio, remitido a la Inspección Urbana N.° 6 el 14 de julio— confirmó que el espacio público «se encuentra ocupado por jardinería de gran formato, la cual no hace parte de la configuración urbanística aprobada en los planos del proyecto». La Inspectora Yira María Margarita García Peña respondió el 22 de julio que la Inspección dará trámite a las actuaciones correspondientes, incluyendo la eventual apertura de un Proceso Verbal Abreviado para verificar la legalidad de las estructuras.

Sobre Amarilo, la VPV radicó derecho de petición el 8 de julio, exigiendo copia de cualquier permiso existente. La respuesta llegó nueve días después: la Dirección de Espacio Público confirmó, el 17 de julio, que no existe «acto administrativo, permiso, licencia o autorización» a favor de Amarilo ni de la corporación que instaló las materas, y requirió su retiro voluntario en un plazo de cinco días hábiles, advirtiendo que, de persistir la ocupación, el caso pasará a la Inspección Urbana de Policía competente.

Es el mismo guion documentado meses atrás con Torre 33: silencio institucional, activado únicamente por la insistencia formal de la Veeduría, y una respuesta que, aun siendo favorable, ofrece al infractor un trato considerablemente más blando que el que la propia Alcaldía reserva para los vendedores y vendedoras informales de la ciudad.

La VPV fue enfática en que estos dos casos no cierran el capítulo, sino que confirman un patrón que sigue teniendo un frente abierto y sin resolver: «Amarilo y Unicentro son ya el segundo y tercer caso confirmado del mismo patrón que expusimos con Torre 33: privados que ocupan el espacio público sin ningún permiso, y que solo se mueven bajo presión ciudadana. Por eso hacemos un llamado directo a la Inspección de Policía Municipal N° 2: agilicen el retiro inmediato de las materas de Torre 33, que exigimos desde el 2 de julio y que, a la fecha, sigue sin resolverse. Un patrón confirmado tres veces no puede seguir dilatándose caso por caso», señaló la organización.

Esa asimetría es, para la Veeduría, el centro del problema. La Corte Constitucional ha sido reiterativa: quien trabaja en el espacio público está protegido por el principio de confianza legítima, y la Alcaldía no puede desalojarle sin ofrecerle antes alternativas reales de reubicación o trabajo formal (SU-360/1999, T-772/2003, C-211/2017). Ese mismo estándar de protección —o uno de mayor rigor, tratándose de actores ajenos por completo a la actividad informal— debió aplicarse desde el primer día a Amarilo, a Unicentro y a Torre 33. En cambio, mientras a estos privados se les concede tiempo, trámite suave y la posibilidad de un retiro voluntario, a los vendedores y vendedoras informales la administración municipal los ha perseguido en repetidas ocasiones sin esas mismas garantías.