El gesto inútil
de escribir en las paredes
mientras el tirano inventa
novedosos suplicios.
—Juan Gustavo Cobo Borda

Lo advertimos el 21 de junio en nuestro editorial «Lo que callas, también suena»: lo que estaba en juego en las últimas elecciones no era un modelo económico ni un programa de infraestructura, sino las condiciones mínimas para que existan medios como este, organizaciones sociales, protesta en las calles y voces disidentes, frente a una fuerza política que construyó su identidad alrededor del desprecio por todo eso. Hoy gobierna; y a menos de tres meses de su posesión, ya tiene un decreto inconstitucional para las manifestaciones; sus aliadxs en el Congreso empujan un proyecto de ley que castigaría con cárcel a quien proteste con el rostro cubierto y cometa «actos vandálicos»; y la primera jornada de movilización en su contra dejó en Villavicencio una puesta en escena que hay que desmontar pieza por pieza: quién firma, quién ejecuta, quién hace coro y quién la narra.

El pasado 14 de octubre –en medio de la primera jornada nacional de movilización contra el gobierno de Abelardo de la Espriella– alguien escribió en la fachada del Concejo Municipal de Villavicencio una consigna de tres palabras y dos signos: «Sea + humano – político». Horas después, cerca de la sede San Antonio de la Universidad de los Llanos, alrededor de doce agentes rodearon a un joven señalado de haberla pintado –según denunciaron quienes lo acompañaban, compartía una gaseosa con sus amigxs–, lo subieron al platón de una camioneta de la Policía Nacional y ahí le accionaron un táser; el video, grabado por una persona que estaba con él, empezó a circular esa misma tarde y en la grabación se escuchan las descargas eléctricas. Al momento del procedimiento el joven no se encontraba realizando conducta alguna, por lo que no hubo captura en flagrancia; ese mismo día quedó en libertad.

El tirano que retrató Juan Gustavo Cobo Borda en el epígrafe de este editorial –en su poema «Poesía comprometida», que publicamos el 18 de enero de 2025– tiene hoy nombre propio: Abelardo de la Espriella. El presidente de la República no tuvo que esforzarse mucho para inventar uno de sus primeros suplicios; le bastó con firmarlo la víspera de la primera gran movilización contra su gobierno, y al día siguiente Villavicencio vio cómo se aplicó: por una frase en una pared, una docena de agentes subió a un joven al platón de una camioneta y le accionó un táser. Así funciona el suplicio por decreto: uno firma, otros ejecutan, otros hacen coro y otros más lo narran bajo la falsa premisa del orden público.

El 13 de octubre, el presidente y el entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara, firmaron el Decreto 1525 de 2026, y De la Espriella lo presentó con la grandilocuencia de un caudillo de tarima: «Se acabó la guachafita». Aseguró, además, que la norma le daba dientes al Gobierno contra el «terrorismo urbano disfrazado de protesta»; es decir, antes de que la protesta pisara la calle, ya había decidido cómo nombrarla. Ese mismo 13 de octubre, la Policía firmó –y dio a conocer días después– la resolución que reemplazó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden por una Unidad Nacional Antidisturbios y le devolvió al ESMAD su nombre: del diálogo, ya ni siquiera queda la palabra.

Lo que Lara vendió como un protocolo «garantista» es, en realidad, la reescritura por decreto de un derecho fundamental: el artículo 37 de la Constitución establece que solo la ley puede fijar los casos en que se limita el derecho de reunión y manifestación pública y, al tratarse de un derecho de ese rango, esa ley tiene que ser estatutaria (artículo 152); la Corte Constitucional lo dejó claro en la Sentencia C-223 de 2017, cuando tumbó las reglas sobre protesta del Código de Policía precisamente por no haberse tramitado así. El constitucionalista Rodrigo Uprimny resumió el problema en tres vicios: de procedimiento, porque el Decreto 003 de 2021 nació de una orden de la Corte Suprema de Justicia –la Sentencia STC7641 de 2020– que exigió construir el protocolo en una mesa con quienes interpusieron la tutela, y este Gobierno lo reformó sin concertar con nadie, lo que podría configurar incluso un desacato; de competencia, porque el decreto ya no se conforma con ordenar el uso de la fuerza, sino que define qué conductas desbordan la protesta; y de contenido, porque autoriza la intervención sin que la mediación se haya agotado. Por eso cursan ya demandas de nulidad ante el Consejo de Estado.

El articulado confirma la sospecha: el diálogo –que el protocolo de 2021 obligaba a agotar antes de cualquier intervención antidisturbios– queda degradado a una «regla de preferencia»; la definición de violencia pierde el adjetivo «física» y ahora incluye a quienes «amenazan con agredir», una amplitud con la que, como advirtió la propia Defensoría del Pueblo, el decreto «tiende a calificar de protesta violenta hechos que no necesariamente lo son». Además, aparece un principio de «equilibrio constitucional» que pone la protesta en la balanza junto a la movilidad, el trabajo y los servicios; y, como si la protesta fuera un asunto de cámara de comercio, el decreto les reserva un puesto a los gremios en las mesas de coordinación y ordena documentar cuánto dejaron de facturar los negocios para graduar la respuesta de la fuerza pública. La calle, para este Gobierno, es primero una vitrina y después –si acaso– un derecho.

Lo que pasó en Villavicencio fue apenas una muestra del estreno del decreto en todo el país: al día siguiente de la marcha, el Gobierno presentó un balance a su medida –62.000 personas movilizadas, una jornada «pacífica» en un 98 %, seis capturas «en flagrancia» y seis intervenciones antidisturbios en Bogotá, Ibagué, Medellín y Popayán– en el que la detención arbitraria del joven al que le accionaron un táser en Villavicencio ni siquiera aparece. Y lo que sí registró, lo contó al revés: lo que el Gobierno llamó «pequeñas revueltas», la prensa independiente y las organizaciones de derechos humanos lo documentaron como abuso policial; en Bogotá, una mujer desarmada reducida por más de cinco uniformados y una intervención con gases y explosiones contra un evento artístico en el Parque de los Periodistas; en Medellín, el video de la retención de un joven sometido con exceso de fuerza; en Ibagué, una estudiante de periodismo detenida mientras fotografiaba la marcha y liberada al día siguiente entre denuncias de «procedimientos irregulares», en una intervención que las autoridades justificaron por la «afectación de estatuas»; y, según la FLIP, cinco periodistas agredidos por la Policía en la semana de movilizaciones.

Mientras el tirano inventa, el Concejo hace coro: en Villavicencio la discusión no pasó por la norma sino por el prejuicio. El mismo 14 de octubre, el presidente del Concejo, Diego Garay, publicó un video en el que llamó «cobardes» a los «encapuchados que no son capaces de dar la cara», anunció «una denuncia por vandalismo», exigió «medidas urgentes y correctivas» y cerró invitando al encapuchado a debatir, porque «en esta ciudad cabemos todos»: un alarde de cinismo de quien, segundos antes, lo había amenazado con una denuncia por ejercer la libertad de expresión.

Al día siguiente, en la sesión plenaria del 15 de octubre, el concejal Armando Baquero expresó su «más enérgico rechazo» a los actos vandálicos de una marcha «convocada por los sectores que se hacen llamar alternativos o de izquierda», le pidió a las autoridades «medidas drásticas» para llegar «con todo el peso de la ley» y recordó que lo que se daña se paga con nuestros impuestos; en un video posterior se preguntó con qué autoridad moral defienden lo público quienes atentan contra lo público. Garay, desde la presidencia, insistió en la pregunta que parece obsesionarlo –»¿por qué se tienen que ocultar detrás de una máscara? ¿Por qué no dan la cara?»–, dejó escapar un «claro, evita el perfilamiento» que desestimó en la misma frase, y para rematar aseguró, sin prueba alguna, que hubo encapuchados consumiendo marihuana porque «eso lo vimos todos»: el mismo prohibicionismo con el que esa corporación instituyó en 2025, sin un solo voto en contra, un día «contra el uso y el abuso de sustancias psicoactivas», entre discursos que presentaron a lxs usuarixs como futuros «sicarios» y «violadores», ahora al servicio de criminalizar la protesta.

Omar López, por su parte, respaldó a Garay «en cada una de las palabras», aseguró que el derecho a la protesta llega «hasta que se rompe la paz» –como si una frase en una pared la rompiera–, acudió a lo que «decían los viejos», que «el que se tapa la cara es un canalla», para concluir que quien lo hace «está haciendo algo que no debe hacer», admitió que la consigna era «paradójicamente» un mensaje político y propuso pintar encima para devolverle al Concejo «la buena cara que debe tener», como si alguna vez la hubiera tenido.

Ninguno de los tres dedicó una palabra a la docena de agentes ni al táser; ninguno preguntó si hubo flagrancia, orden judicial o proporcionalidad; ninguno se tomó el trabajo de leer siquiera el artículo 2A del decreto, que dice que un rostro cubierto «en ningún caso» es indicio de violencia: una garantía de papel, escrita para las cortes, mientras lxs aliadxs del Gobierno en el Congreso tramitan cárcel para la capucha y el mismo De la Espriella advertía en campaña que quien cerrara vías iba a «saber lo duro que muerde el tigre». La desfachatez es doble: la de quien desconoce la norma que dice defender y la de quien, desde una curul que también se paga con nuestros impuestos, replica el libreto de estigmatización que convierte a lxs manifestantes en sospechosxs y a la capucha en prueba de culpa. Garay, Baquero y López se escandalizan por una fachada, pero el cuerpo de un joven sometido a descargas eléctricas no les mereció ni una frase en la sesión; y ese silencio –como advertimos en junio– también suena.

A comienzos de este año publicamos «Grafitti», de Luis Aguilera: un poema escrito bajo toque de queda, con los encuentros prohibidos y los abrazos vigilados, en el que alguien sale de noche a dejar sobre una pared la última frase que le resta. El 14 de octubre, el muro fue la fachada color crema del Concejo de Villavicencio, y lo que vino después no fue el toque de queda de esos versos, pero se le pareció bastante: la persecución no la hizo solo la fuerza pública; la completaron múltiples medios de comunicación de la ciudad.

Mientras el tirano inventa, los medios titulan: Jamesinforma sentenció en mayúsculas –»¡Vandalizaron la sede del Concejo de Villavicencio!»–, sin un solo dato que lo sustentara, sin citar una fuente y sin contrastar con nadie; toda su cobertura cupo en una frase –la sede «fue objeto de actos vandálicos»– y en ella una jornada nacional de movilización quedó reducida a una pared rayada, sin una línea sobre quiénes marchaban ni por qué: la mediocridad de quien titula antes de preguntar. Llanoticias publicó el comunicado de Diego Garay prácticamente como lo dictó la corporación, con su encuadre de «actos de vandalismo» y sin consultar a nadie más; Villavo al Revés hizo lo mismo y le agregó una flecha roja señalando la pared, por si a alguien le quedaba duda de dónde estaba «el crimen». Eso no es periodismo; es una sentencia con apariencia de noticia.

Viveelmeta presentó al joven como «sujeto encapuchado» y «presunto responsable», insertó en medio de la nota su propia opinión disfrazada de información –»El derecho a protestar no justifica dañar bienes públicos ni fachadas»– y admitió, en el mismo texto, que desconocía qué actuaciones se habían adelantado y cuál era su situación jurídica; es decir, no sabía nada, pero ya había opinado. Diegonoticias dio por hecha su «captura» a partir de «información preliminar» y le endosó, además, «otros edificios» que no documentó ni soportó; y Noticiero Macarena escribió en su publicación que no hubo captura en flagrancia, mientras el titular de su propio video anunciaba: «Por daño en bien ajeno queda vinculado joven que pintó el Concejo de Villavicencio», una contradicción que retrata a un medio que no lee lo que publica.

Villavonoticias fue más lejos: intentó caricaturizar al joven con un titular que, queriéndose ver entre creativo y gracioso, no pasó de ligero y mediocre –»¡’El Kevin’ se las dio de ‘artista’ y lo capturaron señalado de vandalizar el Concejo de Villavicencio!»–, lo describió como «al parecer estudiante» de la Unillanos, acusó a las dos jóvenes que lo acompañaban de simular que protestaban y redujo la jornada a las marchas de los «simpatizantes de la izquierda»; en otra publicación convirtió una frase en un ataque colectivo –»manifestantes encapuchados vandalizaron»– y remató con la pregunta retórica de siempre: «¿a eso le llaman protesta?»; desde aquí le devolvemos la pregunta: ¿a eso le llaman periodismo?

Extra Llano publicó dos días después de los hechos, con tiempo de sobra para verificar, y no lo hizo; en cambio, perfiló al joven al publicar su nombre completo y la fotografía de su rostro; habló de que habría sido «sorprendido» pintando, cuando no hubo flagrancia; se apoyó en una «información conocida» y una «información suministrada» que nunca atribuyó a nadie; y midió con dos varas: cuando quienes acompañaban al joven denunciaron que no sabían dónde estaba, lo llamó una «supuesta desaparición»; pero cuando habló la autoridad, le creyó sin preguntar. Tuvo tiempo para investigar y lo gastó en acusar.

Lo de Jamesinforma no fue la excepción sino la regla, y las falencias se repiten como un manual: ninguno de estos medios citó una fuente identificable más allá de una «información preliminar» o un «según se conoció»; ninguno consultó al joven, a su defensa, a quienes estaban con él, a la Defensoría del Pueblo o a la Personería; y ninguno explicó cómo se estableció que el encapuchado del video y el retenido eran la misma persona; y, sin embargo, la mayoría publicó la fotografía de su rostro, el mismo perfilamiento contra el que se cubren lxs manifestantes. Le atribuyeron los hechos a partir de la versión policial, sin el mínimo contraste, y dieron por cierto lo que no pudieron comprobar; ninguno, ni siquiera los que publicaron cuando la grabación ya circulaba, dijo una palabra sobre la brutalidad policial de una docena de agentes contra un joven. La palabra «vandalismo» cumplió su función: convirtió una consigna en delito, a un joven en «sujeto» y a la represión en un detalle que no merecía ni una línea. Eso tiene nombre: criminalizar y estigmatizar a lxs manifestantes desde la comodidad del titular simplista. Ya lo advertía Aguilera al cerrar su poema: a la gente no la derrotan los valientes, sino los miserables.

Mientras el tirano inventa, sus aliadxs en el Congreso legislan contra la capucha. Podríamos acudir a la teoría para explicar por qué la protesta incomoda –o mejor, por qué tiene que incomodar–, recorrer a lxs autorxs y las enseñanzas de los movimientos sociales sobre la calle como territorio en disputa, la ocupación del espacio público como forma de existencia política y la disrupción como el lenguaje de quienes necesitan amplificar sus reclamos; pero, como nos gusta burlarnos de la derecha con sus propias premisas, preferimos citar a uno de los suyos: la teoría más contundente sobre la inutilidad de la protesta complaciente la formuló, sin proponérselo, el representante a la Cámara del Centro Democrático José Jaime Uscátegui.

En febrero de 2025, Uscátegui se instaló en el monumento a Gandhi –en la calle 100 con carrera séptima de Bogotá– con una bandera y unos vinilos que exigían juicio político y la salida de Petro. Cuando la subdirectora del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural explicó al aire, en W Radio, que intervenir la escultura estaba prohibido y que su última restauración había costado 15 millones de pesos, el congresista pidió que no se escandalizaran «por nimiedades», preguntó si un tricolor incomodaba a la persona que pasaba por ahí, advirtió que, si hasta protestar se convertía en delito en Colombia, estábamos más cerca de Venezuela de lo que creíamos y remató con que aquel era un monumento olvidado y grafiteado, que solo molestaba ahora por su connotación política. Cambien el monumento a Gandhi por la fachada del Concejo de Villavicencio y relean esas frases: el Uscátegui de 2025 les responde a Garay, a Baquero y a López mejor que muchxs defensorxs de derechos humanos. Es, además, el mismo que en octubre de 2023 exigió saber quién estaba detrás de las personas encapuchadas que pintaban un mural sobre falsos positivos en el que aparecía su padre, el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, condenado por la masacre de Mapiripán, aquí en el Meta, y preguntó por qué se tapaban la cara; para Uscátegui, intervenir lo público es libertad de expresión si lo hace él, y delito si señala a su familia.

Pero la frase decisiva la pronunció el 13 de octubre de 2026 –la víspera de la marcha, el mismo día de la firma del decreto– en los micrófonos de 6AM W. Ahí, mientras se ufanaba de que su partido fue oposición cuatro años sin «ni una sola capucha» y sentenciaba que la protesta, si no es pacífica, «es vandalismo» o «es terrorismo», Uscátegui recordó su plantón de la calle 100: estaba en una zona verde, no le afectaba la vida a nadie y se quedó algunos meses «hasta que me aburrí de protestar porque nadie me escuchaba», y se fue para su casa.

Ahí está, en sus propias palabras: la protesta que no incomoda no la escucha nadie, y la que no escucha nadie no sirve para nada. Un plantón en una zona verde que no altera el paisaje ni la rutina de nadie es exactamente el protestódromo que Diego Molano soñó y del que, como medio, nos burlamos desde nuestro nombre: un corral para la inconformidad, donde lxs ciudadanxs dejan de ser sujetxs políticxs para convertirse en ganado que se arrea, se cuenta y se encierra. Uscátegui lo probó en carne propia y terminó aburrido; lo que pretenden ahora él, su partido –que impulsa una ley anticapuchas con penas de 54 a 96 meses de prisión– y el gobierno que acompañan es que todxs nos aburramos igual y nos volvamos insignificantes: que salgamos a marchar un día no laboral, que protestemos por donde no estorbemos o que pidamos permiso para reunirnos y organizarnos.

No hay protesta sin incomodidad; de eso se trata. Se protesta en la calle porque la calle es lo único que les queda a quienes no tienen curul, ni pauta, ni micrófono; se protesta ocupando, pintando, interrumpiendo, porque territorializar lo que es nuestro –el espacio público, la fachada de una corporación que se dice de puertas abiertas– es encontrarnos con otrxs del común y hacer visible la correlación de fuerzas: recordarle a un gobierno que ganó por menos de un punto porcentual que al frente tiene a la mitad del país ejerciendo sus derechos; y eso no se demuestra desde el andén. Por eso la calle tiene que seguir siendo una piedra en el zapato del poder: la manifestación que no incomoda ni convoca no es manifestación, es un saludo a la bandera.

Queda la pregunta de Garay –¿por qué no dan la cara?–, y la respondieron, sin quererlo, quienes lo aplaudieron: la respondió Extra Llano al publicar el nombre completo del joven; la respondieron los medios que difundieron la fotografía de su rostro; la respondió la docena de agentes que lo encontró, lo subió a una camioneta y le accionó un táser con una desproporción que no admite justificación alguna. La capucha no esconde un delito: protege de esto, del perfilamiento que, como medio, hemos documentado en los parques de la ciudad –la cédula y el rostro fotografiados como parte del «procedimiento»–, de la estigmatización que los medios reproducen y de la represión que el Concejo prefiere no ver.

El pasado 21 de octubre publicamos el poema «Máscaras para cuidarme», de Alejandra González: en él, una madre despide a quien sale a la calle con una bendición que es también un mandato; y mientras afuera acecha el peligro para los cuerpos, las ideas y los afectos que no encajan, ella teje en casa máscaras para protegerle. Es, quizá, una de las defensas más bellas e íntimas de la capucha, materializada en un poema: allí no es el disfraz del canalla que imagina Omar López, sino una prenda de cuidado, tejida a mano para quienes saben lo que les espera al salir. El poema invierte la sospecha: quien se cubre no oculta una culpa, protege un cuerpo que el poder ya marcó como criminal; y el gesto, que nace en el refugio de una casa, se vuelve político en la calle, porque convierte el cuidado de una madre en el cuidado de todxs. Bajo la capucha nadie es «el sujeto», «el presunto responsable» ni un nombre completo en un titular: es cualquiera de nosotrxs; y esa es, precisamente, la «amenaza» que tanto les incomoda.

El tirano del poema de Cobo Borda no descansa: mientras alguien escribe en las paredes, él sigue inventando. Los suplicios de este gobierno ya tienen nombre y número –Decreto 1525, ley anticapuchas, brutalidad policial en forma de táseres, gases y detenciones arbitrarias– y cuentan también con su séquito, concejales que piden «todo el peso de la ley» y estigmatizan a quien protesta, y medios que convierten una consigna en delito; pero la desproporción los delata, porque ningún poder se toma tanto trabajo contra un gesto que no le incomoda: «Sea + humano – político», decía la fachada del Concejo de Villavicencio hasta que la borraron; si de vandalismo se trata, esa frase es lo más inofensivo que se ha visto en esa corporación en mucho tiempo. Que sigan tejiendo máscaras las manos que nos cuidan, porque en cada una va cosida la posibilidad de otro tiempo. Con o sin capucha, nos vemos en el debate y en las calles.