La Cámara de Comercio de Villavicencio – CCV fue sancionada por la Superintendencia de Sociedades porque directivos y colaboradores apoyaron la candidatura a la Alcaldía de Villavicencio de Héctor Hugo López Burgos “El Profe”. Esto es lo que se extrae de los documentos aportados por la Superintendencia de Sociedades que, tras varios derechos de petición de la Veeduría Popular de Villavicencio entregaron documentación en la que se destacan hallazgos de tipo administrativo, procedimental y los más relevantes: el de participación en política e irregularidades en procesos de contratación. 

Las sanciones son por ocasión de siete cargos formulados por la Superintendencia de Sociedades y suman $216.574.665. Cada uno de los cargos se desglosa de la siguiente manera:
Cargo primero: Incumplimiento al deber de la información $26.888.333.
Cargo segundo: Desactualización de manuales y formatos $26.888.333.
Cargo tercero: Trámites registrales sin requisitos legales $26.888.333.
Cargo cuarto: Incumplimiento de los términos para derechos de petición $10.000.000.
Cargo quinto: Irregularidades en procesos de contratación $56.000.000.
Cargo sexto: Conductas de proselitismo político $48.399.000.
Cargo séptimo: Fallas en preparación de información financiera $21.510.666.

Llamó mucho la atención en este proceso de la mencionada superintendencia que Héctor Hugo López Burgos, actual presidente ejecutivo de la entidad, figuró en las pasadas elecciones a la alcaldía de la capital de Meta como candidato, participación que fue posible debido a recolección de firmas. En la resolución 2025-01-862930 de la Superintendencia de Sociedades se establece que Marly Paola Trujillo, expresidenta ejecutiva y cónyuge del hermano de Hugo López, Josimar López (Actual director del IMDER), Henry Walter Palma presidente de la junta directiva de la entidad y varios colaboradores y funcionarios apoyaron de diversas maneras al candidato. (Denuncias contra la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio y el exdirector del IMDER)

En la Cámara de Comercio de Villavicencio existe una prohibición expresa en los estatutos que establece que ningún directivo ni empleado puede postularse, hacer proselitismo u obtener beneficios políticos. La norma reza:

“A la Cámara de Comercio de Villavicencio le está prohibido realizar cualquier acto u operación que no esté encaminado al exclusivo cumplimiento de sus funciones. La Cámara de Comercio de Villavicencio no podrá desarrollar ninguna actividad con fines políticos. Los miembros de la Junta Directiva y los empleados de la Cámara de Comercio de Villavicencio no podrán obtener provecho o ventaja de los bienes, información, nombre o recursos de la Cámara de Comercio de Villavicencio para postularse, hacer proselitismo u obtener beneficios políticos de ninguna clase en nombre propio o de un tercero”.

La sanción por proselitismo político, entre otros, es el resultado de denuncias presentadas ante la Superintendencia de Sociedades, en donde se observa, por ejemplo, que el presidente de la junta directiva, Henry Walter Palma, participó en reuniones a favor de la campaña de López Burgos. Una de estas actuaciones quedó en evidencia en una publicación de redes sociales en la que se afirmaba que empresarios apoyaban al candidato, allí es claramente visible el directivo de la CCV, Henry Palma.

En las redes sociales de Marly Paola Trujillo, que en su momento era la presidenta ejecutiva de la entidad, se observa una fotografía de lo que parece ser una reunión de campaña de su cuñado en la que se aprecian varios funcionarios y directivos del ente cameral.

Entre los asistentes figuran rotulados con un número:
1. Zaida Milena Guevara Ñungo, Asistente II de proyectos.
2. María Fernanda Herrera Santamaría, Coordinadora de Gestión Documental.
3. María Jimena Calvo, Jefe de Logística y compras.
4. José Ospino, Auxiliar de mantenimiento.
5. Luz Dary Mejía Buitrago, Auxiliar II de competitividad y proyectos.
6. Nelson Ramírez, Conductor.
7. Julieth Tatiana Cárdenas, Asistente I de afiliados
8. Andrés Fabián Rojas, Cajero.
9. Luz Mery Acosta, Asistente Apoyo CRCI Meta.
10. Luisa Fernanda Torres Meneses, Contratista, Contrato C 017 de 2023.
11. Ruth Helena Becerra Díaz, Contratista, Contrato C013 de 2023.
12. Josimar López, pareja sentimental de Paola Trujillo y hermano de Héctor Hugo López Burgos.

La resolución 2025-01-862930 de la Superintendencia de Sociedades puntualiza que las conductas de proselitismo en la entidad correspondieron a una instrumentalización de la estructura institucional para favorecer intereses electorales ajenos a su función. Respecto a Henry Walter Palma Becerra, el ente supervisor probó que el directivo asistió a reuniones de campaña donde se atribuyó una vocería de los empresarios en favor del candidato que no le correspondía legalmente. En cuanto a Marly Paola Trujillo Riveros, la resolución acreditó que su falta de imparcialidad afectó la institucionalidad, determinando que, al ser la representante legal y vocera de la Cámara, sus actuaciones públicas involucraban la imagen de la entidad, invalidando el argumento de que se trataba de actos meramente privados. Así mismo, el documento destaca la intervención de María Fernanda Herrera Santamaría, quien fue captada participando directamente en la carga de urnas con firmas para el registro oficial de la candidatura ante la Registraduría. La Superintendencia concluyó que estos comportamientos vulneraron el Decreto 1074 de 2015 y el artículo 10 de los estatutos, al desviar la misión gremial para obtener provecho político de su nombre, imagen y personal.

En las redes sociales el entonces candidato a la alcaldía menciona que salió a caminar con su esposa, quien es María Fernanda Herrera Santamaría, que en su momento figuraba como la Coordinadora de Gestión Documental y hoy se desempeña como Coordinadora de Investigaciones Socioeconómicas de la CCV.

Y en el momento de la entrega de las firmas, la misma funcionaria, esposa de Hugo López, vuelve a quedar en evidencia. Así como Davimson Gonzalo Ruíz Urrego, quien es identificado en el proceso como el esposo de María Jimena Calvo, actual jefe de logística y compras de la Cámara de Comercio. Según la trazabilidad de los vínculos presentados en las denuncias, Ruiz fue funcionario de la entidad Líder Meta entre los años 2016 y 2019; y en el 2024 llegó a ser director del IMDER como cuota política del “El Profe”. (Hugo López: el dueño del IMDER y de la Cámara de Comercio de Villavicencio)

Así mismo, se denunció que desde la Dirección de Competitividad llamaban a los comerciantes para -al parecer- presionarlos o ejercer influencia para que apoyaran la candidatura de López, alegando una especie de proyecto para fortalecer el tejido empresarial en la región. En la documentación se destaca que hubo denuncias de favorecimiento de contratos para empresas rotuladas como “de Hugo”, una de ellas es Fumigabien. Ese posible favorecimiento habría sido inducido por Marly Paola Trujillo.

Cabe aclarar que las pruebas presentadas en el caso de Fumigabien fueron rechazadas por Trujillo y la Superintendencia de Sociedades le dio traslado del caso a la Contraloría General de la República para que determinen si hubo o no detrimento o mal uso de los recursos públicos. Otra de las denuncias tiene que ver con el aparente alquiler de salones en el Hotel María Gloria para reuniones de tipo político y al parecer pagadas con recursos de la entidad, aunque el denunciante no logró demostrar qué tipo de actividades se desarrollaban en ese espacio.

A esta millonaria sanción de $216.574.665 se suma un extenso historial de multas que evidencia un patrón de irregularidades recurrentes y un manejo administrativo deficiente en la entidad. En noviembre de 2022, la Superintendencia impuso una multa total de $183.000.000, tras detectar graves fallas en los procesos de contratación y la ausencia de un sistema de control interno efectivo. Posteriormente, en septiembre de 2024, el ente de control sancionó nuevamente a la CCV con $75.815.278 por el incumplimiento de instrucciones legales y la desatención de requerimientos específicos de información. Finalmente, en agosto de 2025, se añadió una sanción de $49.743.416, debido al retraso injustificado y reiterado en el trámite de solicitudes de registro público.

Cabe aclarar que la resolución por la cual se impone la sanción -2025-01-862930- no se encuentra en firme, ya que se interpusieron los recursos legales de reposición y, en subsidio, de apelación.